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La transparente opacidad de la “Ley para la igualdad”

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Por Ricardo Alegría Pons

Publicado: miércoles, 19 de julio de 2017

“Qué tiempos serán los que vivimos que hay que defender lo obvio”.

Bertold Brecht

 

La Política, ya se sabe, ¡y cómo no, se vive!, tiene mucho de enmascaramiento, y por qué no decirlo, de impostura. Ya Aristóteles en La Política hace el recuento de las formas degeneradas de gobierno, e identifica la demagogia como la forma degenerada de la república. 

El 5 de junio de 2017, apenas 6 días antes de la celebración del plebiscito del 11 de junio, se aprobó la llamada “Ley por la igualdad y representación congresional de los ciudadanos americanos de Puerto Rico”. (Ley 30-2017). 

La lectura de la referida ley arroja más dudas que certezas. Alude ésta al plebiscito anterior del 6 de noviembre de 2012, y se reitera la interpretación equívoca de que en dicho plebiscito de 2012, la estadidad obtuvo el 61% de los votos. 

La pregunta surge de inmediato: si esto es correcto, ¿cuál fue entonces la necesidad de llevar a cabo otro plebiscito en 2017, a un costo de más de siete millones de dólares? ¿Y por qué la “Ley por la igualdad” no pudo aguardar unos días más por el resultado del plebiscito programado para el 11 de junio de 2017, en el cual al final participaron menos del 24% de los electores con derecho al voto (incluidos en el cómputo ciudadanos americanos naturalizados).

¿Se presentía ya el descenso aparatoso del voto estadoista? El caso es que éste se achicó de 834,191 en 2012, a 502,801 en 2017. Más lo cierto es, que a este momento no está claro, menos aún definido, el por ciento final de electores que participaron en el plebiscito de 2017. La Comisión Estatal de Elecciones no ha certificado los resultados finales del evento. La representación del PNP en dicha Comisión ha puesto trabas y reparo al escrutinio transparente de un proceso cuando ha comenzado a desvelarse indicios de que la participación electoral en el plebiscito de 2017 habría sido considerablemente menor a la anunciada en un principio. 

No obstante, y a pesar de esto, los legisladores del PNP se apresuraron a aprobar la “Ley para la igualdad”, y el gobernador a hacer los nombramientos de los siete miembros de la llamada “Comisión de la igualdad para Puerto Rico”.

Un gobierno democrático presupone a los electores como mandatarios, y a sus representantes parlamentarios, como mandantes o ejecutores de los deseos de los electores. 

Un cambio de estatus político, que en nuestro caso particular representaría nada menos que la desnacionalización, requeriría de una supermayoría por ser un fenómeno antihistórico. Vivimos en tiempos de reivindicación de la nacionalidad, Yugoslavia es ejemplo elocuente. Así mismo Québec, Cataluña, País Vasco, Escocia, et. al. Son estos tiempos de desintegración, no de integración. Incluso en los Estados Unidos de América, que no es una federación plurinacional, existen movimientos separatistas en varios de sus estados, curiosamente en los dos últimos estados admitidos a la unión: Alaska y Hawaii, pero también en California, Tejas y otros. 

En suma, si algo queda claro de los resultados de los plebiscitos de estatus celebrados hasta el presente, incluidos los de 2012 y 2017- es que el estadoismo no puede invocar un mandato del Pueblo Puertorriqueño para solicitar al Congreso de los Estados Unidos la incorporación de Puerto Rico a la Unión Federal.

En consecuencia, no es legal la erogación de fondos públicos por conducto de PRFAA, como dispone el Art. 4, Sección 8 de la Ley 30-2017: “PRFAA solicitará y justificará ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y a la Asamblea Legislativa la inclusión de las asignaciones presupuestarias para el funcionamiento de la Comisión como parte de su presupuesto”.

Nada, sólo restaría afirmar: ¿Mandato? ¿Qué mandato?

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