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Recuento de los estragos de María en la montaña

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Por Gabriela Ortiz Díaz

Publicado: miércoles, 20 de diciembre de 2017

CLARIDAD

 

Según el informe de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), regiones de Adjuntas, Jayuya, Ciales y Morovis, así como de Patillas, Maunabo, Yabucoa y Naguabo continúan sin energizar. A pesar de que el gobernador Ricardo Rosselló aseguraba que el 95 por ciento del país contaría con energía eléctrica el pasado 15 de diciembre, una vez cumplido el plazo para alcanzar esa meta la generación del esencial servicio es del 69 por ciento. 

Y es que si duras fueron las casi 20 horas que permanecieron los vientos de 155 millas por hora dentro de Puerto Rico, más fuertes han sido los meses siguientes. El embate atmosférico ha resultado en el destape de una colonia administrada por la corrupción y la ineptitud. Ni las compañías subcontratadas por Whitefish, ni el contrato millonario que le dieron a esa compañía norteamericana, ni la presencia de la fuerza militar de Estados Unidos pudieron restablecer el servicio de energía eléctrica en su totalidad. 

Quizás el que la política partidista que impera en Puerto Rico no permitiera la intervención que solicitó rápidamente la comunidad internacional fue una de las fallas más grandes en el proceso de reponer con prontitud la generación de energía y atender otras emergencias. No obstante, la respuesta inmediata de la AEE y el primer mandatario siempre ha sido: “Estamos trabajando para darle servicio lo más pronto posible a los abonados. Hemos tenido unas dificultades de falta de materiales”, tal como dijo el pasado jueves Carlos Alvarado Torres, jefe de Operaciones Técnicas. 

El también ingeniero continuó diciendo que “ahora” es que el panorama ha comenzado a cambiar, pues “se está normalizando la llegada de materiales”. Precisamente, otro de los inconvenientes presentados tras María fue la llegada y distribución de postes y cables para devolver la energía eléctrica, así como de artículos de primera necesidad donados por otros países o por la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos. 

Echando la mirada atrás, hacia el 25 de septiembre por ejemplo, se recordarán los reportajes radiales que informaban las condiciones en las montañas de la Cordillera Central, que estaban cubiertas por las planchas de zinc que los fuertes vientos arrastraron, dejando desprovistas de techo a cientos de casas de la zona central. 

En Aibonito, por mencionar un municipio de la región montañosa, la fragilidad de la gran cantidad de casas de madera y los deslizamientos de terreno fueron causas de preocupación para los residentes de ese pueblo, uno de los de mayor altura en la isla, con 2,000 pies sobre el nivel del mar. De hecho, según las reclamaciones a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), unas 70 mil viviendas fueron totalmente destruidas en la isla tras el huracán categoría cuatro.

Por otro lado, en Orocovis las fuertes lluvias dejaron carreteras sepultadas por lodo, piedras, árboles, bambúes y postes del tendido eléctrico. El pueblo quedó totalmente incomunicado, mientras brigadas municipales, de la Guardia Nacional y de voluntarios, abrían paso entre los deslizamientos de terreno. Pero la falta de comunicación no se debió sólo a los derrumbes, sino a que el sistema de telecomunicaciones colapsó por la fuerza de los vientos y porque la infraestructura provista por las compañías privadas que brindan esos servicios no soportaban eventos atmosféricos de tal magnitud. Esto a pesar de que Puerto Rico está en la ruta de huracanes. 

La dificultad para acceder a la montaña, entre otros temas, provocó retrasos en la ayuda necesaria. Los camiones con gasolina tardaron días en llegar, lo que complicó el panorama para pacientes que dependían de la energía eléctrica para mantenerse con vida o tratar alguna condición severa de salud. El problema de acceso a electricidad durante esos primeros días tras el paso del huracán es una de las razones consideradas para calcular el número de muertes relacionadas con el paso del evento natural. 

Según el primer corte de prensa que informó las cifras oficiales de muertes tras María, redactado por el Centro de Periodismo Investigativo, “en los primeros 40 días de la emergencia murieron al menos 985 personas adicionales en comparación con el mismo periodo en 2016. Si se suman septiembre y octubre, ya que además pasó el huracán Irma por la isla, la cifra se eleva a 1,065 muertes”. La mayoría de estas personas murieron en hospitales y asilos por condiciones como diabetes, Alzheimer, paro cardiaco, fallo renal, hipertensión, neumonía y otras enfermedades respiratorias que no se podían tratar como de costumbre por la falta de energía eléctrica. 

Asimismo, el huracán impactó grandemente la industria lechera y la agricultura del país, cuyos daños ascendieron a casi 2 mil millones. Edwin García, alcalde de Camuy, expresó particularmente que las plantaciones de plátanos de los barrios Cibao, Puertos y Quebrada de ese municipio se afectaron por completo. Por su parte, la Vaquería López Inc., en el barrio Abra Honda de Camuy, quedó destruida y con pérdidas de $500 mil. 

El agricultor barranquiteño José Concepción Rivera, por ejemplo, estimó los daños en la plantación de su finca en $100 mil, pues perdió 5 mil matas de plátano. En las faldas de las montañas, también se afectaron plantas de ñame, apio, jengibre y ajíes dulces. Los árboles de limón y china, las plantas de calabaza, de parcha, los arbustos de café también sufrieron los estragos de los vientos y las inundaciones. Muchos son los agricultores que tendrán que empezar de cero y los que sufren escasez de productos de la tierra. 

Debido a todas las situaciones que ha provocado el paso de María por Puerto Rico – emigración, defunciones, pérdidas en la agricultura y la ganadería, cierre de negocios y de producción local, baja en el turismo, entre muchas otras – han comenzado a afectar brutal e irreversiblemente la economía del país. Aún no se siente tanto ese otro gran impacto. Ya dirá el 2018.

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