Bookmark and Share Bajar en formato PDFComentariosVer foto galería

Medioambiente: El 2018 y la apuesta de futuro

Ver foto galeríaVisita la foto galería (1)
Perfil de Autor

Por Ingrid M. Vila Biaggi

Publicado: martes, 18 de diciembre de 2018

 

Especial para CLARIDAD

 

Son los más vulnerables los que nos muestran el camino hacia la recuperación tras el paso de los huracanes en el 2017. Por un lado vemos a la naturaleza trabajando con eficiencia, sin perder tiempo, reestableciendo los procesos que permiten la interacción entre animales, plantas y el medioambiente y que dan forma a la comunidad natural. Por otro lado vemos a las comunidades que enfrentan las injusticias de la desigualdad tomando las riendas del futuro en sus manos para asegurar el bienestar de sus residentes y del país en general, poniendo sus capacidades en función para brindarse apoyo, abrirse a nuevas ideas, desarrollar iniciativas y procurar soluciones sostenibles. En el 2018 vemos pues un país que en su capacidad natural y comunitaria está en movimiento y evolución y que contrasta con un gobierno que no sale del estancamiento. 

El golpe de los huracanes todavía se refleja en el semblante de nuestro entorno natural. Fue la naturaleza el primer frente de batalla, sufriendo los estragos de un ataque sin piedad. Y es sin duda un ataque, porque aunque natural, estos son eventos alimentados por la acción irresponsable del ser humano que ha permitido contaminar nuestro planeta, a cambio de muchas monedas para unos pocos, produciendo un cambio climático que hace más violentos y frecuentes estos episodios atmosféricos. El resultado: bosques devastados en 90 por ciento y reducción en las poblaciones de especies de fauna y flora tras enfrentar los fuertes vientos y las crecidas de los ríos; corales fracturados y la pérdida de costa y de su vegetación producto de la embestida enérgica del mar. Todavía no se sabe con precisión y detalle el efecto total de estos dos eventos atmosféricos en nuestros recursos naturales, pero sí sabemos que hoy se encuentran vulnerables, con capacidad limitada para enfrentar tormentas futuras. Los expertos indican que tomará más de una década para que la naturaleza se regenere. 

No empece el embate, ha sido la naturaleza la primera que ha tomado un paso afirmativo hacia la recuperación. Sin necesidad de un plan fiscal que la guíe, ya vemos a nuestras montañas recubriéndose nuevamente del verdor que las distingue. Vemos a nuestra flora y fauna en plena faena de reproducción y propagación. No estar a la merced de fondos federales brinda gran capacidad de acción.

A la vez hemos visto el compromiso de tantas personas y entidades dedicadas a apoyar la recuperación de elementos naturales en estado de fragilidad. Desde los apicultores que buscan restablecer la población de abejas en la isla, el 80% de la cual se vio afectada tras los huracanes, hasta los determinados buzos que con escasos fondos se han dado a la tarea de restaurar parte de los arrecifes despedazados, así como los grupos apoyados por organizaciones del exterior que buscan proteger los polluelos del gavilán de sierra, ave endémica de Puerto Rico en peligro de extinción. Estos son solo algunos de decenas de ejemplos de proyectos e iniciativas en curso que procuran brindarle ayuda a los más vulnerables en la cadena natural. 

Y así como la naturaleza busca reestablecer su capacidad y funcionamiento, hemos visto como miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, algunos con respaldo filantrópico y de organizaciones no gubernamentales, han tomado también riendas sobre sus destinos. Ya sea reestableciendo y mejorando el funcionamiento de sus acueductos comunitarios, procurando organizar sedes de apoyo y respuesta en sus centros comunitarios y dándose a la tarea de potenciar el recurso sol mediante la instalación de placas fotovoltaicas y hasta sistemas de almacenamiento. Sin duda el 2018 tiene que ser el año en que más sistemas fotovoltaicos se han instalado a nivel de residencias y comunidades. El 2018 ha representado también la ampliación en el conocimiento general de la población sobre el potencial del sol como recurso energético, renovable, limpio y local. Iniciativas como 50 con Sol, liderada por Casa Pueblo en Adjuntas, así como la propuesta Queremos Sol, presentada por un grupo multisectorial, han recogido ese sentir ciudadano traduciendo a la acción lo que el gobierno se ha negado a hacer y lo que muchos solo consideraban una aspiración: que Puerto Rico pueda energizarse 100% con energía distribuida derivada del sol y almacenamiento, poniendo fin a la era de los combustibles fósiles. La transformación hacia la autosuficiencia energética apenas comienza. 

Desafortunadamente, en contraste con el vigor que nos muestra la naturaleza y nuestro pueblo que procuran superar la evidente fragilidad causada por los huracanes, vemos un sector público desenfocado e incapaz de tan siquiera aprender de los eventos naturales del 2017. Y es que la falta de nociones básicas sobre el rol del gobierno, la ocupación de las instituciones públicas por parte de consultores que con el consentimiento del gobierno procuran proteger intereses propios, así como la perversidad que implica la Junta de Control Fiscal y su prédica basada en el desmantelamiento de lo público concentra el campo de acción de la gestión gubernamental al enriquecimiento de unos pocos a costa del sufrimiento de toda una población, y les impide ver otros caminos. Es pues la acción recogida en la agenda del gobierno, de los partidos, de la Junta y de los intereses del lucro la que hoy nos deja con el aparato gubernamental más enclenque de las pasadas décadas.

Esta debilidad institucional se ve reflejada en el estancamiento en el proceso de respuesta y recuperación tras los huracanes, en la falta de empleados para manejar asuntos, en consolidaciones de agencias que procuran reducir el campo de participación pública, en leyes que criminalizan la protesta y coartan la participación ciudadana, en la falta de transparencia que les permite hacer y deshacer tras bastidores. Ante momentos de enormes exigencias no contamos con un servicio de gobierno a la altura de dichas exigencias. La protección del medioambiente y de la salud son dos de sus muchas víctimas.

La incapacidad de internalizar lo sucedido tras el huracán e incorporar cambios dramáticos en la acción del gobierno llaman la atención. Luego de la sacudida que representaron los huracanes, el gobierno regresó como resorte a su estado previo, a su “business as usual” plagado de deficiencias, ineptitud, y corrupción. En el 2018 no vimos jornadas gubernamentales para discutir lecciones aprendidas con la ciudadanía, con las comunidades. No se encaminó una revisión urgente a la normativa relacionada a construcciones costeras. No vimos acción contundente y esperada que permitiera iniciar el dragado del Caño Martín Peña y no continuar a la merced de acción congresional. 

El abandono del gobierno a los embalses continuó en el 2018 en el que poco o nada se hizo para atender la crítica situación de sedimentación, que amenaza el abastecimiento de agua potable ante predecibles eventos de sequía futuros. Porque cabe resaltar que el cambio climático traerá consigo cambios significativos en temperaturas y precipitación en nuestra Isla. Y hablando de cambio climático, tampoco hemos visto que éste se integre como eje central en la toma de decisiones del gobierno. Una tímida orden ejecutiva que mantiene el tema como accesorio en la gestión pública no solo es insuficiente, sino inadecuada. Es como si la presencia casi permanente de polvo del Sahara sobre nuestra región este año hubiera nublado la capacidad del gobierno de ver las amenazas venideras. 

Por otra parte, la falta de ordenamiento gubernamental en el tema de manejo de desperdicios sólidos echó a perder la gran oportunidad que podía haber representado el recogido de material vegetativo y de troncos de árboles luego de paso del huracán. Un plan ordenado hubiera permitido no solo maximizar el rescate y uso de maderas preciosas, sino que podía haber establecido, con miras a permanecer, centros regionales de composta que generarían empleos y actividad económica a través del manejo sustentable del material. De igual manera el recogido de escombros que hoy amenaza con restarle capacidad y vida útil a los vertederos existentes, pudo haberse estructurado para optimizar su reuso y reciclaje. Cabe mencionar que permanecemos estancados en un 14% en la tasa de reciclaje a nivel nacional. 

A su vez, el 2018 fue el año en que el gobierno incluyó en la lista de activos disponibles para hacer negocio diecisiete áreas de valor ecológico, incluyendo la Reserva Icacos y el Corredor Ecológico del Noreste. Y aunque luego la Legislatura ordenó revertir dicha acción, la intención es clara y cónsona con los objetivos de la Ley Promesa: los activos del pueblo de Puerto Rico pueden utilizarse para allegar fondos conducentes al repago a los bonistas. Este fue solo el primer intento y, aunque infructuoso, debemos permanecer alertas a nuevos ensayos. ¿Por qué en vez de tanto empeño en vender propiedades de valor natural, el gobierno no enfoca sus esfuerzos en diseñar y poner en marcha un plan integral de manejo sustentable de desperdicios que incluya la educación para reducir la generación, que procure el desarrollo de negocios para la reparación y reuso y promueva la creación de industrias locales que reciclen material aquí, creando productos nuevos de materiales desechados? 

Hay que señalar también que este año las agencias responsables de la protección ambiental continuaron haciéndose de la vista larga, actuando inclusive con complicidad, sobre la operación de la planta de generación de energía a base de carbón de AES en Guayama. Aún con evidencia clara de contaminación a aguas subterráneas y de incumplimientos con la reglamentación ambiental, que es todo lo que se necesita para ordenar la cancelación inmediata del contrato, no vimos respuesta contundente gubernamental. Por el contrario, la Agencia Federal de Protección Ambiental adoptó guías a la medida de AES para no considerar las 400,000 toneladas de cenizas acumuladas al 2017 en Guayama como un vertedero, librando a la corporación de tener que cumplir con parámetros básicos de protección. Y ahora el gobierno estatal propone un reglamento que permitiría que las cenizas tóxicas se puedan utilizar y depositar en cualquier parte de Puerto Rico. Con esa acción se atenta contra la salud de toda una población ya aquejada por altos índices de asma, cáncer y otros padecimientos.

Pero a pesar de las fuerzas en contra, las luchas ambientales anotaron importantes conquistas en el 2018, como el retiro del endoso del gobierno al incinerador de desperdicios sólidos propuesto por Energy Answers para Arecibo, así como el más reciente anuncio de la cancelación por parte del proponente del Aguirre Offshore Gasport, instalación de gas natural impulsada para Salinas. 

Y si por algo debemos destacar estas dos victorias es porque validan que son los ciudadanos, las comunidades históricamente golpeadas por la desigualdad, así como las organizaciones que las apoyan, las que nos muestran el camino hacia una transformación justa y sostenible. Aun siendo las más vulnerables ante el azote de los huracanes, y aun con limitados recursos, son las comunidades las que mostraron mayor capacidad para responder, para ayudarse mutuamente, revelando que no es la capacidad económica lo que define nuestra posibilidad de recuperación, sino nuestra capacidad humana: nuestra capacidad intrínseca como seres de un mundo compartido. 

Imaginemos las posibilidades que se abrirían ante nosotros si el sector gubernamental decidiera apoyar los esfuerzos que encaminan estas comunidades y sectores. ¿Cuál sería el resultado si en vez de abrirle la puerta a los grandes intereses el gobierno revirtiera el modelo enraizado por décadas y comenzara a e fortalecer la fibra social que hoy vemos despuntando? De igual manera, ¿cómo sería nuestro entorno natural si el aparato gubernamental en vez de estar infligiendo heridas a nuestra naturaleza y viéndola como otra ficha de mercado, la reconociera como nuestro mayor tesoro y destinara los recursos necesarios para preservar y asegurar la máxima expresión de nuestra flora y fauna y para procurar recursos de agua, suelos y aire limpios y protegidos de contaminación? ¡Puerto Rico no tendría comparable en el mundo!

Sin embargo, ante la realidad de un gobierno que no parece capaz de moverse de su posición tenemos que evaluar donde ponemos nuestros esfuerzos. Por ejemplo, ¿a dónde el tercer sector, las cooperativas, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, deben destinar su atención y sus recursos? El 2018 nos muestra que al igual que los sistemas naturales los ciudadanos, las comunidades, están dando pasos certeros hacia la recuperación del país, sin necesidad de un plan fiscal que les diga lo que tienen que hacer. Es ahí donde debe centrarse nuestro apoyo y nuestra apuesta. 

 

La autora es Ingeniera ambiental, exsecretaria de la gobernación.

 

  (0) Comentarios



Otros artículos de Ingrid M. Vila Biaggi


claritienda La Mordaza