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Acción ilegal si depositan cenizas

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Por Cándida Cotto

Publicado: miércoles, 11 de enero de 2017

Contrario a la interpretación que puedan hacer otros incluyendo a la designada Superintendente de la Policía, luego de la determinación del Tribunal Supremo (TSPR) que validó la Ordenanza del Municipio de Peñuelas que prohíbe el depósito de cenizas en esa municipalidad se supone que ni AES esté llevando cenizas a los vertederos, ni éstos recibiéndolas. En todo caso en que la carbonera AES insista en llevar las cenizas a los vertederos, Ecosystems Waste (EW), y al Peñuelas Valley Landfill (PVL) y estos recibirlas para su depósito la Policía debería intervenir con ellos porque estarían cometiendo una acción ilegal. 

Así lo aclaró el representante legal del Municipio de Peñuelas, licenciado Jaime Ruberté –en entrevista– quien calificó como inapropiados los argumentos que han levantado AES y el vertedero EW para decir que la determinación del Tribunal Supremo no les aplica. Según AES y EW la decisión no les aplicaba porque el pleito se relacionaba con la situación de un camino que se estaba rellenando con el material de “agremax”. 

A las alegaciones de AES y EW se unió la designada Superintendente de la Policía quien en declaraciones públicas amenazó con arrestar a los manifestantes que impidieran el paso a los camioneros hacia el vertedero. 

El licenciado Ruberté explicó que la determinación del TS fue a base de una opinión y cuando una decisión es a base de una opinión esta “es aplicable a todo el mundo, así que la doctrina del caso les aplica a ellos y a todo el mundo”. 

“Precisamente Ecosystem uno de los planteamientos que hizo al tribunal en contra de la ordenanza precisamente fue que la ordenanza estaba hecha para ellos solamente y el Tribunal Supremo resolvió que no, que no tenían razón en ese planteamiento y que la ordenanza era de aplicación general, o sea que más claro no lo puede decir el tribunal. No es distinguible tampoco en cuanto a los hechos,– la ordenanza especifica prohibir el depósito de cenizas, es inmaterial que fuera en un camino o vertedero, o donde fuera”.

A preguntas de si la decisión se puede extender a otros municipios que tengan ordenanzas semejantes, el licenciado Ruberté confirmó que se debe asumir que sí aplica a los otros municipios que tengan una ordenanza con el mismo objetivo. Ya hay 45 municipios que tienen ordenanzas con ese mismo propósito. Ruberté comentó que entiende que la mayoría de los municipios con esta ordenanza tienen un vocabulario similar al de Peñuelas. El Tribunal además fue específico en su opinión al indicar que el asunto no es un campo ocupado por el Gobierno de Estados Unidos (EE UU). Aspecto que ya había señalado el Tribunal de EEUU en Puerto Rico, a raíz de un caso radicado por AES contra el Municipio. El caso se encuentra en apelación en el Tribunal de Boston. A juicio de Ruberté esta apelación no tienen ninguna posibilidad porque las determinaciones de la EPA, son bien especificas de que su intención no es ocupar el campo. 

 

Así las cosas le toca actuar a la Junta de Calidad Ambiental 

“La Junta es un organismo pequeño que ellos han manejado a su antojo y lo digo con toda seguridad han violado sistemáticamente sus permisos y la Junta lejos de suspenderles los permisos lo que ha hecho es darle tiempo para que cumplan con los incumplimientos han estado blanditos y facilitos”, denunció Ruberté sobre la JCA y los vertederos. No obstante llamó la atención que ante la determinación del TS contrario a lo que la JCA ha hecho en el pasado de negociar con los vertederos en secreto “ahora hay un pueblo que estará pendiente a esta situación además hay muchos legisladores de la administración entrante que previamente a esta situación se habían comprometido a respaldar la oposición al depósito de las cenizas. 

En cuanto a la postura asumida por la designada Superintendente de la Policía, la coronel Michelle Hernández Fraley, de visitar y reunirse con personal de ESW, el también ex presidente del Colegio de Abogados y Abogadas (CAPR) denunció que esta conducta la des cualifica para el cargo. “Aun asumiendo como correcta la versión que ella dio de que entró al vertedero y no se reunió con personal, aun asumiendo eso como cierto me parece que la descualifica para el cargo porque el pobre juicio es tan grande porque tiene el asunto de atención pública de mayor exposición en el país en este momento y usted lo maneja de una forma terrible”. Reparó en que todas las situaciones que se dan y se han dado en la comunidad entre los manifestantes y los camiones que transportan las cenizas se han producido en la carretera que dirige al vertedero. Recordó que dos días antes de la visita de Hernández Fraley la comunidad le había pedido hablar con ella. 

Por su parte la asesora legal del Comité de Diálogo Ambiental (CDA), Ruth Santiago, expresó a CLARIDAD que la ordenanza del TS “ es una gran victoria para la salud pública de todas las comunidades en Puerto Rico que han estado expuestas al polvo fugitivo de los residuos de la combustión de carbón de AES así como para los cuerpos de agua y el entorno natural que ha sido contaminado por la forma tan negligente en que ha operado AES desde que inició operaciones”.

Para que no haya espacio a otras interpretaciones la licenciada Santiago indicó que al validar la ordenanza del Municipio el TS en su opinión citó la prohibición de la ordenanza de que esta aplica no solo al uso de las cenizas como material de relleno sino también prohibe el deposito de estos residuos en la jurisdicción del municipio de Peñuelas. “Ademas, al emitir una opinión y no meramente una sentencia el Tribunal estableció la aplicación general de la ordenanza, no solo a EC Waste”, recalcó.

Sobre cuál debe ser el proceder de la JCA, Santiago apuntó que la agencia debe reconocer que las resoluciones o permisos emitidos no cumplen con los requisitos de la doctrina del campo ocupado. Expuso que en primer lugar, cuando la ley estatal establece expresamente que la autoridad del estado para regular en un área específica de la ley ha de ser exclusiva, no hay duda de que la reglamentación municipal será invalidada.

En segundo lugar, la ocupación del campo de la reglamentación estatal puede ser implícita en el examen del historial legislativo. Tercero la amplitud de la reglamentación estatal puede fundamentar una decisión de ocupación del campo. Esto es así -según explicó- debido a que la amplitud de la reglamentación del estado generalmente no es suficiente por sí sola para inferir la ocupación del campo, es un factor que debe ser considerado como prueba de ocupación del campo.

En cuarto lugar, la naturaleza de la materia regulada puede requerir la reglamentación estatal exclusiva para lograr la uniformidad necesaria para servir el propósito del estado.

“Entiendo que de estos criterios se desprende que ni el reglamento de desperdicios sólidos de JCA, ni las resoluciones ocupan el campo por lo que las ordenanzas municipales que prohíben el depósito de las cenizas en los terrenos en los límites territoriales de los respectivos municipios son válidas y aplican a los terrenos de los vertederos”.

Santiago acusó a que, “AES ha sido temeraria en su manejo de sus residuos de la quema de carbón y continúa con la actitud de temeridad ante las decisiones de los tribunales”.

 

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