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En veremos la auditoría de la deuda pública

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Por Cándida Cotto

Publicado: miércoles, 11 de enero de 2017

Aunque no fueron citados, ni invitados a los trabajos de transición, ni la Junta de Control Fiscal (JCF) ha contestado una carta enviada el 7 de noviembre de 2016, en la cual le solicitan una reunión, el presidente de la Comisión Integral para la Auditoría del Crédito Público (CIACP), Roberto Pagan, tiene la esperanza de que la nueva administración y los miembros de la JCF apoyen el trabajo de la Comisión. 

“No ha habido una reunión oficial, una vez habida tendremos un mayor criterio, certeza, nuestra esperanza es que sí se apoye por lo evidente que resulta la auditoría para poder reestructurar la deuda, ya ambos han reconocido la necesidad de reestructuración pero seria un error hacerlo sin auditar”, reconoció Pagan en entrevista con este semanario. 

Ante el silencio de ambos entes Pagán, reiteró que la Comisión da por sentado y así es como debería ser que continúe su trabajo con el nuevo gobierno. Puntualizó que debe ser así sobre todo cuando ya hay un reconocimiento de que la deuda pública que tiene Puerto Rico no se puede pagar, se da por sentado que lo que es básico es hacer una auditoría para conocer el monto real de la deuda, conocer si hubo o no alguna ilegalidad y tener una herramienta a la hora de renegociar y reestructurar la deuda. Advirtió que la auditoría es uno de los pocos instrumentos con que cuenta Puerto Rico para renegociar con los bonistas, así que lo lógico sería que la nueva administración colabore con la Comisión. 

Aun cuando la Comisión es un organismo creado por ley en julio del 2015 y que se supone que tiene un presupuesto asignado por la Legislatura de $2.5 millones, no fue hasta agosto de 2016 en que recibió tan solo $600 mil y una asignación de $100 mil del Senado de Puerto Rico. Todavía a fines del 2016 este era el único presupuesto con que contaba la Comisión. El ente auditor estuvo trabajando casi un año dependiendo de aportaciones de sindicatos, el Instituto de Estadísticas y trabajo voluntario. 

Al plantearle a Pagán que aunque el gobierno está hablando de una reestructuración no parece tomar en cuenta las auditorías de la Comisión, éste señaló que la Comisión sí está trabajando en un proceso de auditoría que requiere la reestructuración. “Si se reestructura sin tomar en cuenta esos trabajos el País tendrá que evaluarlo nos parece cuestionable que la Junta o quien sea reestructure sin esa auditoría”, denunció e incluso censuró la demora del gobierno en nombrar al director ejecutivo de la Comisión y en el desembolso de los fondos. 

Los primeros trabajos de la Comisión fueron dos informes de pre auditoría: Uno el de la oferta de $3,500 millones en bonos de obligaciones generales (GOs) de 2014 y la otra la emisión de pagarés en anticipación de los impuestos e ingresos, conocido como “TRANS”, de 2015, así como las investigaciones independientes económicas, legales y de contabilidad que sustentaron las emisiones. Aunque no se les ha comunicado de manera oficial, Pagan reconoció a Claridad que una vez dados a conocer los resultados de ambos informes una fuente extraoficial les dijo que la Comisión de Valores (Security Exchange Commission (SEC, siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés), iniciaron una investigando de estas emisiones. 

En tanto la Comisión continúa su trabajo de auditar las emisiones desde las más recientes hacia atrás. Las próximas auditorías forenses- indicó Pagán- serán trabajadas por la compañía MGO y serán sobre las emisiones de Trans de 2015, la emisión de $3.5 billones del 2014, la emisión de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de 2014 y la Serie A de 2012 de la Corporación para el Financiamiento de Puerto Rico (Puerto Rico Apropriation Bond Series A). La Comisión tiene la autoridad en ley para requerir la información para su trabajo a las agencias y organismos gubernamentales. 

Respecto a las expectativas sobre lo que puedan revelar las auditorías el Presidente de la Comisión aclaró que la auditoría no puede partir de que hubo alguna irregularidad o ilegalidad. Aclaró además el que los señalamientos públicos que se hicieron cuando se dieron a conocer los resultados de los dos primeros informes, de que hay deuda que podría ser ilegal, no fueron de la Comisión. El trabajo de auditoría examina si se siguieron los parámetros, tanto por los suscriptores de los bonos, las aseguradoras, los emisores, la información que se sometió, las recomendaciones etc. Si los auditores entienden que pudo haber alguna violación el informe se le somete tanto al Ejecutivo como al Legislativo que son los que tendrían la facultad de ir a los tribunales. 

“Es importante que el pueblo entienda la importancia de este ejercicio ahora mismo sabemos que el Frente Ciudadanos está recogiendo firmas para recabar apoyo a los trabajos de la Comisión es importante que el país se active al final de cuentas los que vivimos aquí somos los que vamos a pagar”, exhortó Pagan. 

El llamado del Presidente de la Comisión, responde tanto a la importancia que representa la auditoría de la deuda como al hecho de que la Comisión no ha recibido el total de su presupuesto asignado. Pagán afirmó que si se acaban los $700 mil dólares que tiene la Comisión en la cuenta los trabajos de la auditoría forense se paralizan. 

En un foro auspiciado por el Movimiento Cooperativo el director ejecutivo de la Comisión, el CPEA y licenciado Alvin Velázquez, señaló que el trabajo de la Comisión está protegido por leyes de Puerto Rico y Estados Unidos y que hay leyes en el ámbito federal que estipulan que un gobierno no puede dar información falsa al mercado para vender sus bonos y se supone que sus asesores examinen si el gobierno tiene capacidad o no para pagar la deuda. No hacerlo se considera ilegal. 

Velázquez sugirió que el gobierno de Puerto Rico pudo haber emitido deuda ilegal, a la luz de los dos informes que hasta el presente ha emitido la Comisión. Trajo por ejemplo que según la Constitución de Puerto Rico no se puede emitir deuda de más de 30 años y el hecho es que si se ha emitido deuda de más tiempo. Al destacar la importancia de que se audite la deuda ante un proceso de quiebra indicó que el Tribunal Supremo de EE UU en dos ocasiones ha determinado que una deuda ilegal no se paga. 

 

El Frente Ciudadano

Por su parte el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda (FCAD) inició una campaña educativa en las redes sociales en la que exhorta a la ciudadanía a que firme una petición para que el gobierno entrante se comprometa con el trabajo de la Comisión. En el Frente participan entre otras organizaciones la Asociación de Economistas (AE) el Colegio de Abogados y Abogadas (CA) la Cámara de Comercio (CC) la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP), el Movimiento Cooperativo (MC), Empresarios por Puerto Rico (EPPR), la Asociación de Maestros (AM) y organizaciones sindicales y comunitarias. La petición de firmas está disponible en: http://www.peticion.auditoríaya.org/. 

El Frente reiteró la importancia de una investigación profunda sobre la legalidad de la deuda pública a la luz de las recientes recomendaciones de la JCF. La portavoz del Frente, la licenciada Eva Prados Rodríguez denunció que “ningún plan fiscal para atender las finanzas de Puerto Rico responde al mejor interés del pueblo si no va de la mano con la auditoría de la deuda según mandata la Ley 97 del 2015”. Al calificar como indispensable una auditoría para la recuperación económica del País, Prados Rodríguez aludió a que el gobernador electo, el doctor Ricardo Rosselló, también se ha expresado sobre la posible negligencia en el manejo de las finanzas públicas. 

“No hay negociación de buena fe que se pueda llevar con acreedores, ni se estará protegiendo los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, si no se certifica que esa deuda es legal”, recalcó la portavoz del Frente.

Por su parte a preguntas de Claridad la economista Martha Quiñones Domínguez, quien participa en el Frente, en representación de la Asociación de Economistas censuró la postura de la JCF de reestructurar la deuda, pero sin que se haga una auditoria, y acotó que se debe auditar la deuda y señalar a los responsables antes de una reestructuración.

Así comienza la disciplina financiera, además de establecer políticas de control para evitar que se tome deuda sin justificación y que no se explique al pueblo”. Atribuyó de manera enfática que el problema de Puerto Rico es su condición colonial y en estas circunstancias la deuda se considera como una “odiosa” y como una deuda de una colonia, “le pertenece al imperio que autorizó y permitió que sus administradores tomaran esa deuda”.

La economista extendió que la postura de la JCF de reestructurar la deuda pero sin auditarla tiene el propósito de que el país vuelva a endeudarse, sin corregir el problema de continuar tomando deuda sin evaluar sus repercusiones sociales. Esto queda evidenciado en la carta que la JCF le envió al Gobernador saliente y al entrante, en la cual recomienda la reestructuración. Como evidencia de su denuncia Quiñones Domínguez cita el argumento de la JCF en la carta sobre el propósito de la reestructuración; “es mejorar la gestión de la deuda y aumentar la transparencia para asegurar a los inversionistas sobre la salud fiscal de Puerto Rico en el futuro”.

 

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