En el 2007, un año antes de las elecciones generales, se incorporó la Coalición del Sector Privado. Esta alianza está constituida por organizaciones profesionales de diversas industrias del país tales como la Cámara de Comercio, la Asociación de Constructores de Hogares, la Asociación de Compañías de Seguros, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, la Asociación de Productos y la Asociación de Industriales, entre otros. Su mayor preocupación ha sido la desvinculación de la Isla de las tendencias económicas observadas en Estados Unidos de América. El objetivo es incrementar su participación en el proceso de toma de decisiones en Puerto Rico. Con esos propósitos elaboraron un plan para nuestra economía que, desde su perspectiva, crearía las condiciones necesarias para dotar al país de mayor competitividad. La reducción de las tasas de contribuciones para las corporaciones, la revisión del proceso de otorgación de permisos, la diversificación de fuentes energéticas y la desregulación del mercado de trabajo son algunas de sus propuestas. El resultado, aseguran, será un crecimiento sostenido en la producción anual de bienes y servicios superior al 4%. [Véase Caribbean Business, 25 de junio de 2009]

Esta propuesta económica, dirigida fundamentalmente a reducir la presencia del sector público en el mercado, forma parte de la plataforma de gobierno del Partido Nuevo Progresista y su visión de futuro para Puerto Rico. José Ramón Pérez Riera, actual Secretario de Desarrollo Económico, resumió con claridad la filosofía de la presente administración en una entrevista concedida a un semanario de negocios del país:

“El gobierno no está aquí para crear empleos. El gobierno no está aquí para realizar inversiones. El gobierno está aquí para ser un facilitador y proveer las herramientas al sector privado para que realice su trabajo”.

[Traducción Libre. Véase Caribbean Business, 2 de julio de 2009]
Estas declaraciones son cónsonas con las expresiones realizadas previamente por este mismo funcionario público ante la membresía de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. En aquella ocasión, Pérez Riera afirmó a los empresarios que desde el Gobierno:

“Continuaremos trabajando con ustedes y confiamos que el sector privado se tiene que sentir que es dueño de Puerto Rico y es dueño de este proceso, y que nosotros le respondemos a ustedes y que ustedes nos tienen que decir cuando lo hacemos mal para que nosotros sepamos cómo tenemos que mejorar. En Puerto Rico, la mayoría debe de establecer en qué dirección es que Puerto Rico va a ir y la mayoría son ustedes”.

[Véase El Vocero, Versión Digital, 19 de junio de 2009]
La Coalición del Sector Privado y la administración del gobernador Luis Fortuño parten de la premisa de que a través de la libre empresa y el esfuerzo individual se podrán producir los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de todos en la sociedad. Son incapaces de reconocer las causas fundamentales de las desigualdades existentes en la distribución de la riqueza nacional. Para ellos los pobres se hayan en tales circunstancias porque no se han esforzado lo suficiente. La competencia es el principio rector en el pensamiento económico de ambos. Obvian que las personas al nacer presentan realidades y circunstancias diferentes. No es lo mismo ser hijo de trabajadores vecinos de Villas del Sol que el primogénito de una familia de empresarios residentes en Garden Hills. El acervo de recursos de cada cual es distinto.

Para el año 2006, por ejemplo, la mediana de ingreso anual en el hogar puertorriqueño era $17,621. Aproximadamente el 45% de la población vivía bajo el nivel de pobreza. Sin embargo, el 5% de las familias más ricas del país recibían el 25% del ingreso nacional. La oligarquía criolla se continúa apropiando de los recursos productivos de la Isla en menoscabo de los trabajadores. [Para estos indicadores económicos véase www.tendenciaspr.com]
La competencia en el mercado es injusta y desleal. Las estructuras económicas protegen los intereses del dueño de capital. Su meta es el lucro personal, aspirar a mayores ganancias. El individualismo rige su conducta. Mediante dicha lógica se pretenden resolver problemas colectivos. Los costos económicos y sociales de tal comportamiento son ignorados. Por tal razón, el programa económico adoptado por el Partido Nuevo Progresista no puede ser considerado un proyecto de futuro para el país. Simplemente es la agenda del sector privado empresarial, grupo social que no representa la mayoría del pueblo puertorriqueño ni la diversidad de intereses prevalecientes en él.

Tome por ejemplo Riviera del Caribe, uno de los pilares del plan económico de la presente administración. Esta propuesta de desarrollo para la región este del país está concebida como un exclusivo destino turístico y paraíso de apuestas de calibre mundial. Según la gerencia gubernamental, el proyecto competirá con enclaves de juegos como Monte Carlo (Monaco), Sun City (áfrica del Sur) y Atlantis (Bahamas). Tendrá además lujosas residencias y comercios. [Véase Caribbean Business, 25 de junio de 2009 y 2 de julio de 2009]
El objetivo de esta propuesta es atraer a la Isla visitantes con un elevado poder adquisitivo. Los residentes en la región y el resto de Puerto Rico quedaríamos excluidos del disfrute de dichos terrenos. Se nos sugiere ser “agradecidos” por los empleos mal remunerados que se creen en el lugar y “conformarse” con caminar gratis por los paseos peatonales frente al mar, ver llegar los cruceros y observar a los turistas comprando cosas caras en las tiendas. ¿Así es la vida?
Ante la ausencia de un proyecto económico que atienda las necesidades de la mayoría de los puertorriqueños, los administradores públicos nos alientan para recurrir a la Loto, la Revancha y cuanto juego del azar exista. La suerte se convierte en la única propuesta para atender la precaria condición económica de los trabajadores del país. Una situación para la cual no se percibe en el futuro un escenario alentador.

Según datos publicados por la Junta de Planificación, en el último año fiscal ocurrió un decrecimiento en la producción de 5.5%. Durante los primeros siete meses del 2009 el número de quiebras ascendió a 6,386 casos, un aumento de 28% al compararse con el mismo periodo del año anterior. El pasado mes de julio la participación laboral se redujo a 43%, la cifra más baja en veinte años. La tasa de desempleo se encuentra en 16.5%, el nivel más elevado desde 1994 (exceptuando el cierre parcial de agencias gubernamentales en mayo del 2006). El sector privado continúa realizando reducciones significativas en su nómina. A la vez que en el Gobierno se han cesanteado cerca de 7,000 servidores públicos y se espera despidan 20,000 empleados más al cierre del año fiscal 2009-10.

Mientras las diferentes actividades económicas continúen articulándose en función del lucro personal y no exista un compromiso social por parte de las distintas instituciones y participantes en el mercado, será sumamente difícil articular proyecto de país alguno que sea capaz de satisfacer nuestras principales necesidades colectivas. Es necesario utilizar referentes alternos a la competencia y el individualismo. El Fideicomiso del Caño Martín Peña, la Corporación Piñones se Integra (COPI), Iniciativa Comunitaria y Taller Cé nos ofrecen otros modelos mediante los cuales podemos organizarnos económicamente y trabajar para satisfacer necesidades básicas tales como vivienda, educación, salud y entretenimiento. En todas estas experiencias la cooperación y la solidaridad surgen como alternativas.

* El autor es economista y estudiante graduado de historia.

iyari.rios@gmail.com