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Nueva Procuradora de la Mujer sin trayectoria de lucha

Coordinadora Paz par la Mujer
Foto por: Alina Luciano Reyes/CLARIDAD
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Por Cándida Cotto

Publicado: martes, 17 de julio de 2018

 

ccotto@claridadpuertorico.com

 

Para el movimiento feminista, la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) se ha convertido en una parte de los partidos políticos, al punto de que, desde la administración de Luis Fortuño, el primer ejecutivo no consulta su nominación con los grupos feministas como lo estipula la ley de creación de la citada oficina. 

En apenas semana y media, el Gobernador nominó y el Senado confirmó a la licenciada Lersy Boria, como la nueva procuradora en propiedad de esa oficina. La nominación de Boria se dio luego de que el gobernador se negó a renominar a la licenciada Carmen Lebrón, quien ocupaba el puesto como interina. La acción del gobernador se produjo después de que Lebrón refiriera al Departamento de Justicia (DJ) la investigación sobre hostigamiento sexual en la Compañía de Turismo, que involucra a varios de sus allegados. 

“No tenemos mucha información, excepto la que ha salido en los medios. Ciertamente entendemos que esta es una posición que debe venir a ocuparla una persona que esté capacitada sobre lo que son los derechos humanos de las mujeres. No es simplemente por ser mujer, no es simplemente por haber vivido la violencia que vivimos nosotras a diario en este país, es necesario conocimiento, es necesario una trayectoria”, declaró la profesora Sara Benítez, miembro del Movimiento Amplio de Mujeres (MAM) a preguntas de la prensa sobre la posición de las feministas al nombramiento de Boria. 

Las declaraciones fueron dadas en medio de una conferencia de prensa en la que la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM) denunció que las mujeres en Puerto Rico se encuentran en una crisis nacional ante la violencia de género. Benítez señaló que la Ley 20, recomienda que la persona designada al puesto sea recomendada por los grupos que trabajan con las mujeres. “Así que conocemos la Ley y sabemos que la función de la persona que ocupa esa oficina es una sumamente importante porque es una de defensa. No debe estar casada con ningún partido político”. 

La licenciada Josefina Pantoja, de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT), agregó que desde hace mucho tiempo, el proceso de nombramiento no ha sido consultado con los grupos feministas. Denunció que la última vez que el movimiento de mujeres fue consultado —o mejor dicho se les permitió hacer una recomendación—, fue bajo la administración de Luis Fortuño. En esa ocasión se recomendó a las compañeras Joan Vélez y Linda Lara, de ideología estadista, aunque identificadas como feministas. Las recomendaciones no fueron consideradas. Más aun, se descarriló el nombramiento de Vélez. “Desde entonces, prácticamente no hay vínculos en términos de la Ley y tampoco en términos de la Coordinadora y, sobre todo, con las organizaciones activistas”. Reconoció que con las organizaciones de servicios se mantiene cierta relación. 

Aun cuando Benítez expuso que por años las organizaciones han venido compartiendo la agenda de las mujeres del País con las personas que han ocupado la Oficina, que han señalado en innumerables ocasiones la importancia de tener una educación con perspectiva de género y que se atiendan los problemas de las mujeres de forma integrada, reparó en que las funciones de la OPM no se limitan solo a la violencia doméstica. Pese a que Benítez expresó que desde la CPM están en disposición de compartir su agenda, aclaró que en estos momentos esa oficina “es parte de los partidos políticos, y nosotras no estamos participando, no nos parece pertinente en estos momentos participar”.

Frente a estas circunstancias reclamó que es importante que los grupos feministas sigan con su agenda, que es la de luchar por los derechos de las mujeres, de exigir la justicia para las mujeres como lo hicieron en el caso de O’neil, y en particular, exigir que la perspectiva de género sea transversal a todo el gobierno.

 

Abogadas y Abogados rechazan el nombramiento

El Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR) también se expresó en contra de la nominación. En comunicado de prensa, la presidenta de la Comisión de la Mujer de ese colegio, Mariana Nogales Molinelli, y su presidente, Alejandro Torres Rivera, manifestaron su gran preocupación ante el nombramiento y confirmación de Boria. 

“Llamamos la atención al hecho de que la nominada es una completa desconocida por las organizaciones de mujeres. No cuenta con un historial de luchas y compromiso con la equidad de género y la reivindicación de los derechos de las mujeres, como establece la Ley 20 que crea la Oficina de la Procuradora”. 

Al igual que el movimiento feminista, los representantes del CAPR señalaron que el gobernador no hizo caso a la recomendación del estatuto para que las organizaciones sean consultadas, precisamente para evitar la intromisión del partidismo político en la designación. También denunciaron el hecho de que el nombramiento se hizo justo después de que la entonces procuradora interina, licenciada Lebrón, hiciera el referido al Departamento de Justicia sobre los incidentes de hostigamiento sexual en la Oficina de turismo, que culminaron con la destitución de su entonces director, José Izquierdo II. Sabido es que la inclusión en dicho referido de los licenciados Christian Sobrino y Alfonso Orona, funcionarios de alto rango muy vinculados al gobernador Rosselló, trajo como consecuencia la desafortunada expresión de la secretaria de Justicia Lic. Wanda Vázquez Garcés, de declararse sin jurisdicción, sin que hubiera dado inicio la investigación respecto a ellos y que, además, criticara la gestión de Lebrón. Lo próximo fue que el ejecutivo le relevara de sus funciones y nominara a la exdirectora de ACAA. 

“El mensaje que está enviando el gobernador es uno de falta de transparencia y de que se toman represalias contra quien se atreve a denunciar la violación de derechos. En la OPM no solo fue relevada de su puesto la procuradora interina, sino otras empleadas que, aunque de confianza, pudieron tener responsabilidad en la investigación de hostigamiento sexual en Turismo. Sobre ellas, todavía la Procuraduría tiene gestiones pendientes, lo que puede poner en peligro el curso de la investigación y el apoyo que algunas de las víctimas están recibiendo”, denunció Nogales. 

Ambos confirmaron que, desde la gobernación de Fortuño, el propósito de la ley que creó la OPM ha sido violentado y la entidad gubernamental se ha contaminado con el partidismo político, creándose una gran brecha entre la agencia y las mujeres. Tampoco se atienden con prontitud los problemas que estas enfrentan. Además, los procedimientos para la asignación de propuestas y fondos se han tornado más burocráticos, lentos y perjudiciales. 

 

 

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