Fest 45
Bookmark and Share Bajar en formato PDFComentariosVer foto galería

Siguen los trucos en vivienda

Ver foto galeríaVisita la foto galería (1)
Perfil de Autor

Por Cándida Cotto

Publicado: miércoles, 6 de febrero de 2019

Por Cándida Cotto/ CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

La directora del proyecto Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) licenciada Adriana Godreau Albert expresó preocupación respecto al uso que pueda dar el gobierno de Puerto Rico a los $1,500 millones del Plan de Acción del programa Desarrollo Comunitario con Subsidio Determinado para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR). Estos fondos fueron autorizados por fin por el Departamento de Vivienda de Estados Unidos (HUD, siglas en inglés) este pasado viernes.

Al hacer el anuncio de que los fondos serían “liberados” el secretario de HUD, Ben Carson, hizo expresiones en el sentido de que habrá una vigilancia extrema sobre los controles financieros y uso de los fondos por parte del gobierno de Puerto Rico. La cifra es parte de los cerca de $20 mil millones asignados a la isla para atender las necesidades de vivienda, infraestructura y recuperación económica de poblaciones vulnerables, surgidas tras del paso de los huracanes Irma y María en el 2017. En más de una ocasión HUD le solicitó al Departamento de Vivienda de Puerto Rico (DV) que hiciera correcciones al Plan de Acción presentado.

“Ciertamente la relevante noticia de que llega a Puerto Rico el dinero destinado para la recuperación debe de ser una buena noticia”, indicó Godreau Albert, en entrevista con CLARIDAD. No obstante, coincidió con las expresiones de Carson de preocupación y confiabilidad respecto al uso que el gobierno de Rosselló Nevares pueda hacer de los fondos. En esa línea señaló que lo que no es una buena noticia es el hecho de que en torno a los fondos todavía no ha habido un proceso de preparación y apertura de parte del DV que garantice que el dinero llegue a donde debe llegar.

Denunció que, por ejemplo, el secretario del DV Fernando Gil Enseñat todavía no ha contestado el reclamo de que se acepte prueba alternativa de titularidad, que aún no se ha establecido ningún grupo de trabajo comunitario y tampoco se tienen los criterios sobre los cuáles las comunidades participarían en los procesos de planificación.

El pasado mes de noviembre, ALPR le solicitó a Gil Enseñat que aceptara un formulario de declaración bajo juramento preparado por la organización para que las personas que no poseen título de propiedad puedan demostrar que son dueñas de sus casas o terrenos y así puedan beneficiarse de los programas con fondos CDBG-DR. Godreau Albert confirmó que, a la fecha, el Secretario del DV no ha contestado la petición.

Agregó que una de las mayores preocupaciones de las comunidades y organizaciones comunitarias (ONG) es que todavía no se ha garantizado un mecanismo, que no sea el reembolso de dinero, que les permita en realidad participar de los fondos. Describió que, por ejemplo, una ONG que trabaja con los derechos de la mujer no tiene la facilidad de allegar $500 mil y esperar por el reembolso del gobierno. “Así que mientras no ha ocurrido todo eso lo que se está dando es un anuncio de que viene dinero. Nos preocupa grandemente a dónde va a parar ese dinero”.

Indicó que mientras tanto organizaciones como MATRIA, Taller Salud, IDEABAJO y la propia Ayuda Legal han estado visitando numerosas comunidades educando sobre los fondos, sobre el proceso y organizándolas para exigir participación y que puedan fiscalizar que el dinero llegue a sus necesidades. Apuntó que se supone que la prioridad sea vivienda y que, para que en efecto esa sea la prioridad, primero hay que ver lo que las comunidades necesitan en esos términos. En tanto, denunció que por parte del Departamento de Vivienda no ha habido acercamientos a las comunidades.

Lo que sí ha dicho el secretario Gil Enseñat en varias declaraciones públicas es que parte del dinero se utilizará para dar títulos de propiedad. Respecto a esta política, la licenciada Godreau Albert alertó de que esa es una de las mayores preocupaciones de ALPR, ya que la experiencia ha demostrado que el otorgar títulos de propiedad individual es el primer paso para desalojar una comunidad. En segundo lugar señaló que eso es un proceso largo y costoso que se extendería en los tribunales más allá de los dos años con que se cuenta para poder utilizar los fondos. “Así que debemos preguntarnos cuántos títulos realmente Vivienda va a poder otorgar en el proceso”. Respecto al peligro que representa esa medida, recordó las experiencias de comunidades como la de Vietnam en Guaynabo, las de Salinas y hasta en el mismo Caño Martín Peña.

La directora de ALPR cuestionó por qué en lugar de dar títulos de propiedad individual el gobierno no está mirando políticas de propiedad colectiva como en otras partes del mundo; porqué no hacer una campaña colectiva a las comunidades primero sobre qué es ese título de propiedad, en lugar de servicios individuales. Hizo la salvedad de que el asunto del título hay que atenderlo, pero que este no tiene que resolverse caso a caso con ayuda de abogados. Reclamó que el asunto se resuelve con política pública que establezca cuáles son las pautas para que una persona se reconozca como dueña; que se revise todo lo que tiene que ver con permisos para los que se requiere un título; pero también con todo lo que tiene que ver con qué se va hacer con la gente que no será elegible a un título por no llevar el tiempo suficiente en el lugar o por no tener algún documento.

Otro ángulo que tiene que ver con la otorgación de títulos de propiedad individual es si la comunidad está localizada en terrenos municipales, para lo cual entonces los alcaldes tendrían que estar de acuerdo, o si es propiedad del estado. Por último, Godreau Albert señaló que otra gran preocupación es que en el Plan de Acción del gobierno la mayoría de los fondos van dirigidos a construir vivienda nueva, por lo que hay que cuestionarse quiénes son los que están detrás del plan.

  (0) Comentarios




claritienda El niño antillano