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Planes médicos: Se reducen beneficios a los trabajadores

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Por Giancarlo Vázquez López

Publicado: miércoles, 6 de febrero de 2019

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquezlopez@claridadpuertorico.com

 

En la medida que se reducen las aportaciones del gobierno al plan de salud, el empleado tiene que sacar más dinero de su sueldo para mantener la misma cubierta. De otro modo, tiene la opción de acogerse a una cubierta en la que tenga que aportar menos, pero que redunda en menos beneficios y acceso a servicios de salud.

Entonces, esa reducción significa, igualmente, una reducción en el sueldo de los trabajadores, así como en los servicios de salud que estos y sus familias reciben, pues hay que considerar que en la mayoría de los casos los empleados seleccionan cubiertas familiares. Esto preocupa, pues, ¿cuán eficiente puede llegar a ser el gobierno y los servicios que ofrece a la población cuando sus empleados tienen un acceso a la salud limitado? 

Bien es cierto que los empleados tienen la opción de escoger entre una cubierta privada y el plan de salud del gobierno, que en este caso es el Plan Vital; pero la realidad es que los empleados que escogen el plan de salud del gobierno son bien pocos, según explicó el presidente del Colegio de Médicos Dr. Víctor Ramos Otero. 

Hasta el primero de enero del año en curso la Ley 95 aplicaba solo a empleados del gobierno central; pero tras de la orden de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), emitida el 25 de junio de 2018, los empleados de las corporaciones públicas estarían obligados a escoger entre los planes de beneficios de salud contratados por la Administración de Seguros de Salud (ASES). Aunque la orden estaba pautada para comenzar el 1ro. de enero del año en curso hubo una extensión hasta marzo para que los empleados de las corporaciones pudieran mantener los planes de salud negociados en sus respectivos convenios.

Todos los años –explicó el doctor– hay un proceso competitivo donde las aseguradoras contratadas por ASES someten distintas propuestas y los empleados pueden escoger entre ellas. Como la aportación patronal para los empleados del gobierno central de por sí es baja, usualmente el empleado escoge la que tiene que pagar menos o nada; cubiertas reducidas, con deducibles altos y que no cubren todos los servicios y medicamentos. 

Antes de que AAFAF diera la orden, cada corporación tenía un plan médico que se negociaba aparte (de acuerdo con cada convenio) y que solía ser más robustos que los que promueve la Ley 95. Sin embargo, la orden cancela ese beneficio y pone a todos los empleados del gobierno bajo dicha ley, a excepción de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Universidad de Puerto Rico (UPR). 

Así, los empleados de las corporaciones públicas pasarían de tener una cubierta médica robusta, escogida mediante el convenio, a formar parte del mismo proceso que los demás empleados del gobierno. Ante esta situación es muy probable que los empleados de las corporaciones “con los sueldos bajitos escojan el plan médico más barato”, indicó el médico.

“No es que tengan que escoger el plan más barato. La realidad es que como el sueldo no es mucho, aunque disponen de mejores opciones, usualmente escogen el plan más económico, que tiene una cubierta limitada”, aclaró.

Ramos sostuvo que cambiar a los empleados de las corporaciones del gobierno a la Ley 95 va a ser un golpe bastante grande, pues no va a ser lo mismo para el empleado tener que pagar entre el 25% y 30% por los medicamentos que antes no pagaba nada.

Al escoger estos planes con una cubierta limitada, los trabajadores enfrentarían muchos problemas a la hora de de obtener los servicios de salud, por ejemplo: necesitar un medicamento y que el deducible sea caro o requerir de otros servicios que van más allá de los básicos incluidos en estas “cubiertas bastante cojas”, según describió Ramos.
El doctor comentó que muchas veces terminan pagando más que si hubiesen escogido un plan robusto, por todos los deducibles y copagos que tienen que pagar bajo este plan médico con cubierta limitada. 

Por otra parte, Ramos advirtió que este cambio drástico para los trabajadores de las corporaciones públicas puede aumentar el éxodo de puertorriqueños. Al reducirse las expectativas de beneficios y presentarse opciones de trabajos fuera del País, con más paga, aunque no necesariamente con mejores beneficios marginales que los que tenían, los trabajadores se verían tentados a dejar la isla. 

En síntesis, la situación implicaría menores y peores servicios del gobierno para la población, ya sea por la falta de empleados que se queden enfermos en sus casas porque el sueldo no les da para pagar una cubierta que no cubre el servicio que necesitan o porque salgan del país en busca de mejores opciones y beneficios de trabajo. Mientras el país pierde, las aseguradoras y los que les aseguran sus chavos siguen ganando.

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