Opinión / Editorial

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La Junta bajo la lupa

Publicado: martes, 13 de febrero de 2018

Se acabó el amor. Los mismos que una vez clamaron por la intervención del Congreso de Estados Unidos en la gobernanza de Puerto Rico, y alabaron la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal (JCF) como la mejor solución para la crisis fiscal y económica en nuestro país, hoy-año y medio después- se cuestionan si fue merecido tanto entusiasmo con una ley y un organismo que, además, de representar lo peor y más burdo del sistema colonial de Estados Unidos en Puerto Rico, se han convertido en una carga pesada más sobre nuestras espaldas y en una burla a nuestro pueblo.

Esos y esas son los mismos que llevan todo este tiempo esperando “el milagro” de que Puerto Rico sea “rescatado” por el gobierno de Estados Unidos y vuelto a tratar como “el socio asociado en sociedad” que una vez fue, cuando así le convino a los planes del Imperio que invadió nuestro país y nos ha gobernado por 119 años. Esos fueron otros tiempos y otras circunstancias. Ahora, todo indica que “el milagro” no se va a producir. Más bien, lo que ha llegado a manos llenas es el desdén y la indiferencia de un Gobierno y un Congreso que ya no disimulan su disgusto por tener que ocuparse de esta colonia- territorio, le llaman ellos- que ya dejó de interesarles y de serles útil a sus planes imperiales. 

El imperialismo estadounidense ahora tiene otras metas y usa otros métodos. Ya no hay Guerra Fría, ya no hay “polos de poder”. Ahora rigen el mundo en sus propios términos, y son pocos- poquísimos- los que se atreven a hacerle frente al poder desatado del capital y el arsenal armamentista que poseen. Por eso, han podido relegar a Puerto Rico a lo último de su agenda sin consecuencias, porque sus acólitos locales están desarmados y desorientados, sin entender bien lo que está pasando, y mucho menos saber cómo reaccionar ante las señales que nos envían desde allá.

La JCF es una de esas señales. Un cuerpo amorfo, sin ideas propias ni poder real, que sirve de instrumento preciso del Congreso y su Comité de Recursos Naturales para hacer en Puerto Rico lo que el gobierno de Estados Unidos quiere que haga: cobrar la deuda y vender nuestros recursos al mejor postor. La ley PROMESA es el marco legal y la JCF el instrumento para el expolio burdo y profundo de los recursos de Puerto Rico en beneficio del gran capital y de los intereses de Estados Unidos en nuestro país.

La ley PROMESA se aprobó con gran fanfarria y la entonces administración de Barack Obama la proclamó como la mejor herramienta posible para adelantar la rehabilitación financiera de Puerto Rico mediante una combinación de esfuerzos: la reestructuración de la deuda pública de más de $70 mil millones que carga el País y medidas de desarrollo económico que estimularan la inversión pública y privada y la creación de empleos en Puerto Rico. Obama sabía que la debilidad de su administración ante un Congreso de mayoría Republicana no podía lograr mucho más e hizo lo que hacía siempre, cedió lo más para lograr lo menos. Ese fue el ambiente en que se aprobó ese engendro del Congreso, que irónicamente se llama PROMESA, y se nos impuso la JCF. La composición de la Junta fue otra negociación “salomónica”. Obama y su comité negociador se fueron por la vía fácil: de los siete miembros, cuatro serían “puertorriqueños” y tres estadounidenses; cuatro serían recomendados por el liderato Republicano del Congreso, dos por el liderato Demócrata y uno por el Presidente. Así, en ese cuatro y tres, nos engancharon con la Junta que existe, cuyo desempeño público ha sido más simbólico que real, desplegando todo un operativo de rituales vacíos y ceremoniales que hasta hoy no han aportado nada positivo a la solución de los enormes problemas que confronta Puerto Rico. Sin embargo, por lo bajo y en cuartos oscuros, han logrado el primero de los dos propósitos de la ley PROMESA: impulsar la privatización de la Autoridad de Energía Eléctica, y así colocar los recursos energéticos de Puerto Rico en manos de intereses privados afines al Congreso y al “establishment” de Estados Unidos. Esta es la primera razón por la que PROMESA y la JCF fueron creadas para Puerto Rico. ¿O acaso alguien piensa que es casualidad que todos los proyectos críticos que impulsa el pomposo Oficial de Revitalización de la JCF, Noel Zamot, estén todos relacionados con la energía? El segundo propósito es el pago de la deuda, y ya próximamente veremos sus movidas concretas hacia esos fines. 

Lo demás es “humo esfumándose en el cielo”, como diría el poeta. Tanda de reuniones inconsecuentes- en Nueva York, Fajardo y San Juan- que no resultan en nada, que no deciden nada, que no mueven nada. Cero iniciativas para el desarrollo económico y la creación de empleos en Puerto Rico que muevan la turbina de nuestra fallida economía. Nada de acción positiva ante el Congreso, para que éste al menos requiera de FEMA, y de la administración Trump, un mínimo de decencia humana hacia las decenas de miles de dolientes que ha dejado en Puerto Rico el azote del huracán María. La JCF ha mostrado pura avaricia e insensibilidad hacia nuestro pueblo tras el paso de María, cobrando hasta el último centavo de su abultado precio de $2 millones al mes de las arcas secas de un país quebrado. Ni el Coordinador de Revitalización ni la Directora Ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko- dos de los funcionarios mejor pagados del mundo-han puesto en moratoria ni un solo centavo del millón de dólares que entre los dos reciben por una labor invisible y mediocre. 

Es muy bueno que el trabajo de la JCF en Puerto Rico sea finalmente cuestionado por amplios sectores de nuestro pueblo. Es positivo que los que una vez abrazaron su llegada, pensando que sería la panacea para nuestros males, ahora estén exigiéndole al organismo que produzca resultados.

En CLARIDAD siempre hemos tenido claro que los procónsules son “chupasangre”, que llegan y se van de los países con los resumés inflados y los bolsillos llenos, sin dejar más huellas que la agenda de dominación extranjera que representan e impulsan. Así ocurre con la JCF, y por ello hay que mantenerla bajo la lupa e impedirles su agenda de beneficio personal y expolio de los bienes públicos. También, hay que comenzar a comprender que el antiguo “amor” del gobierno de Estados Unidos por nuestro país se ha terminado; que la única opción real que tiene Puerto Rico para su reconstrucción futura es apoderarse de las herramientas para su desarrollo desde la soberanía y la independencia. 

 

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