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Plan fiscal de la AEE: Tergiversado y fatulo

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Por Cándida Cotto

Publicado: martes, 13 de febrero de 2018

El Plan Fiscal que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sometió a la Junta de Control Fiscal (JCF) fue descrito por dos reconocidos economistas como uno “fatulo”, con poca certeza razonable, sujeto a “cambios amplios y profundos” (disclaimer) que no cumple con los propósitos del plan de reestructuración de su deuda y la sustentabilidad, requerido por la misma Junta. Tampoco cumple su función de ofrecer la suficiente información respecto a un proceso de privatización. Los señalamientos están contenidos en un análisis preliminar hecho por los profesores José I Alameda y Alfredo González, comisionado por el Bufete Emmanuelli. 

La responsabilidad de la Junta de Control fiscal

Para empezar los economistas llaman la atención a que la postura de “disclaimer” ( advertencia de descargo de responsabilidad) que presenta en principio el plan fiscal coloca en tela de juicio sus conclusiones. Respecto a esta postura Alameda y González a su vez hacen tres observaciones: Una que las demasiadas “advertencias” en el plan puede provocar que no sea certificado por la JCF; Dos que de ser certificado la Junta podría estar faltando al mandato congresional de fiscalizar y administrar las finanzas de Puerto Rico para reestructurar su deuda y otros fines relacionados; y tercero que de certificarlo la Junta estaría obviando la función de la juez Laura Taylor, los intereses de los bonistas, de otros acreedores y los del pueblo de Puerto Rico. 

 

Tergiversación del plan

De acuerdo a los economistas el PF sometido por la AEE tergiversa la naturaleza de lo que se supone es un plan fiscal que es presentar un plan para reestructurar la deuda de la corporación de ($8,000 millones) y su sustentabilidad. Lo describen como uno “fatulo” y que es más bien un acto publicitario para transformar la empresa pública en un conglomerado energético con un modelo de privatización de estirpe neoliberal, donde no solo se venden activos públicos, sino que también se enajena la propiedad y la misión de una empresa pública. Otra de las descripciones es que el plan tiene el propósito “siniestro” de desmantelar la empresa pública de un servicio esencial sin suficiente información. 

Respecto al plan financiero para la “transformación energética” Alameda y González, censuran el que el plan se apoya en fondos federales, prestamos y reclamaciones de seguros -$17,606 millones-cuando la misma AEE dice en el documento (página 75) que “el monto y la cantidad de fondos federales que podrían recibirse es incierto”. A juicio de los economistas el PF es en realidad un plan operacional post el huracán María de recuperación y para reforzar la resilencia del sistema. Eso da paso a cuestionar -de acuerdo a los economistas- cómo se fundamenta el financiamiento, lo cual es un elemento a largo plazo, con subvenciones de corto plazo, e incierto en cuanto a su volumen, términos y tiempo de desembolso: si se toma prestado, o se reciben fondos para re construcción y luego se intenta vender los activos, entonces quién y dónde se van a pagar los prestamos de corto plazo a los acreedores? 

El plan fiscal tampoco tiene estimados de la demanda futura de consumo eléctrico que habrá en el País y que valide la necesidad de nuevas plantas generatrices. Pero si destaca que al diseñar una nueva tarifa, se podría establecer un cargo para quienes busquen otras alternativas energéticas. Tampoco tiene estimados de ingresos y gastos si la AEE sigue en operaciones, o qué ingresos y gastos se consolidan con una empresa privada y en qué fase de la integración vertical del modelo. 

 

La privatización 

Los profesores de la UPR, recinto de Mayagüez destacan en primera instancia que la privatización eficaz de un bien público no debe ser un acto de defección gubernamental en el que este abandona sus funciones en manos de empresas privadas con ánimo de lucro. Mientras que por el contrario el PF de la AEE deja en evidencia que la privatización que se propone es una de carácter neo liberal, originada en un estudio del Instituto Eléctrico Edison (EEI) el cual cita en su página 70. Traen a la atención los investigadores que el EEI es una organización cabildera de las empresas privadas de energía en EE UU. Sobre este particular CLARIDAD también recuerda que en la Junta de Gobierno de la AEE hay dos miembros que son exempleados del EEI. 

Alameda y González precisan además que en el PF se habla de un modelo híbrido de privatización, la construcción de tres nuevas plantas generatrices para el sector privado, vender las restantes y/o la creación de una alianza público privada (APP, concesionario) para la transmisión y distribución. No obstante no se dice si ese modelo de privatización será: Uno en que el estado privatiza y traslada al sector privado la responsabilidad social sin regular; dos que el estado privatiza y traslada al sector privado, pero el estado hace que la empresa privada cumpla con la responsabilidad social mediante regulación estatal. De asumirse que la opción es la privatización señalan que es necesario establecer una serie de condiciones previas entre ellas por ejemplo; exigir a la Legislatura que haga una tasación (Value Appraisal) del precio de las plantas y las sub estaciones etc, establecer que se vendan a su justo valor; una comisión de energía para regular las tarifas y establecer procedimientos adjudicativos; exigir a las empresas responsabilidad y la seguridad ambiental; prohibir plantas de carbón; incineradores y otras operaciones altamente contaminantes; subsidios para las clases desventajadas; bajo qué criterios se otorgaran los subsidios a hoteles, hospitales, sistemas de irrigación, alumbrados públicos etc, así como presentar un esquema claramente definido en la transacción de quién y cuánto se paga de la deuda a bonistas y acreedores. 

Otros aspectos ausentes en el PF -indican los economistas- es que no hay escenarios alternos en caso de la ausencia de fondos federales sustanciales para la recuperación, y ni cómo y quiénes enfrentarían esos costos. No se dice si las empresas privadas, potenciales compradoras, estarían dispuestas a prestar o invertir para la recuperación en ausencia de esos fondos; y se cuestionan cómo se justifica una expansión de la planta física con una reducción en la demanda pico. Sobre este aspecto fundamental los estudiosos precisan que la demanda pico ha bajado, el residencial en un -13%, comercial -10% e industrial -48%. Aun recogen que la exposición que hace la AEE en su PF sobre la degradación de capacidad productiva y la baja en el consumo de energía resulta en una desvalorización auto proclamada en el valor de su venta en caso de que se implante una privatización. A juicio de Alameda y González al hacer esto la AEE “menosprecia su goodwill”, es decir su carácter de empresa monopolístico de servicio público. 

González y Alameda desmienten en su análisis la alegación del gobernador Rosselló Nevares de que la privatización resultara en una baja en la tarifa. Todo lo contrario según la propia AEE la privatización va acompañada de una nueva tarifa. Más aun los datos de la industria indican que en la empresa privada de energía el kvh en promedio es de 13.1 cts. y en las públicas es de 11.6 cts. Kvh . Esa ha sido la experiencia en Chile, Panamá, México, República Dominicana y en los estados en EE UU.

 

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