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Puerto Rico en venta

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Por María de Lourdes Guzmán

Publicado: martes, 13 de febrero de 2018

Los gobiernos del PNP se han caracterizado por el desprecio a nuestro patrimonio y por torpedear todo proyecto de país que pueda encaminarnos a la sostenibilidad y a la autosuficiencia. Su adhesión a los postulados del capitalismo más feroz y su entrega a los inversionistas que les financian las campañas, son la zapata para el diseño del plan para poner en venta todos los activos del gobierno. La carta de triunfo del padre del actual gobernador fue la implementación de la llamada tarjetita de la salud, que no era otra cosa que poner en manos privadas las instalaciones de salud públicas y entregar el presupuesto destinado a tales fines, a las aseguradoras de planes médicos. El Plan de Salud del Gobierno, que Pedro Rosselló le vendió al país como garantía de un mayor acceso y mejor servicio de salud, resultó ser un desastre que en poco tiempo colapsó. Dicho plan, que ha enriquecido a las aseguradoras, a sus oficiales y accionistas, comenzó a desangrar el presupuesto del país, que representa un gasto anual de más de dos mil millones al año. En ánimo de maximizar sus ganancias, las aseguradoras reducen arbitrariamente el número de beneficiarios, deniegan cubierta de medicamentos, estudios y tratamientos a la población pobre del país. Mas, no conforme con haber destruido el sistema de salud del gobierno, Rosselló decidió vender uno de nuestros activos más importantes: la Puerto Rico Telephone Company. Su carnada fue hacerle creer al país que ello abriría paso a la “libre competencia” y que el producto de la venta pasaría a engrosar los fondos del Sistema de Retiro. Pocos años después, advertimos que el Sistema de Retiro está quebrado y que la “libre competencia”, ha dejado a los proveedores por la libre. El firme designio de deshacerse de parte de nuestro patrimonio, pudo más que la férrea lucha del pueblo en contra de la venta de la Telefónica, que tuvo un enorme costo social. 

Varios años más tarde, el discípulo más aventajado de Pedro Rosselló, Luis Fortuño, continuó la faena de seguir arrancándole al país sus activos públicos. Habiendo decretado una emergencia energética artificial y engañosa, se dio a la tarea de repartir contratos por sumas millonarias a algunos de sus amigos, para el proyecto de un gasoducto que no había obtenido ni un solo permiso para su construcción. Esta vez la masiva oposición pública venció un proyecto maquiavélico y nefasto para el país. Poco después, Fortuño inició los trámites para entregar a manos privadas nuestro único aeropuerto internacional, tarea que Alejandro García Padilla concretó, tan sólo mes y medio después de acceder a la gobernación. Su próximo proyecto fue la venta de las autopistas 5 y 22, a la compañía española Abertis, en la que pocos años más tarde, ocuparía un puesto como miembro de su Junta de Directores. 

En estos momentos, tras casi cinco meses del paso del huracán María, cerca del 30% del país continúa sin servicio eléctrico. Ante las constantes críticas de corrupción e ineptitud en el manejo de la crisis por el gobierno penepé, el gobernador Rosselló anuncia la privatización de la AEE, la corporación pública más importante del país, táctica indudablemente dirigida a neutralizar el amplio descontento contra su gobierno. Roselló ha recurrido a argumentos falaces como la reducción de las tarifas y, tal como lo hizo su padre, a que destinaráael producto de la venta de activos al sistema de retiro, así, apuesta a la memoria corta del país, capitalizando sobre la desesperación que se ha apoderado de la gente que aún padece la carencia del servicio eléctrico. Pocos días después, Rosselló anuncia la reforma educativa, que conllevaría la implantación en Puerto Rico de las llamadas escuelas “charters” y de los vales educativos, entregando así escuelas públicas a intereses privados y, entre otras cosas, poniendo en riesgo la tenencia de empleo de miles de maestros. Como si ello fuera poco, 390,000 cuerdas de bosque se encuentran en riesgo con la fusión del Bosque Modelo al Departamento de Recursos Naturales que promueve el gobierno de Rosselló, en legislación que se discute sin la celebración de vistas públicas. Resulta obvio que para el gobierno PNP, que cuenta con la acostumbrada complicidad del PPD, todo el país está a la venta. Cabe preguntarse si habremos de permitirlo. La experiencia nos recuerda que, contrario a lo que aún se nos quiere hacer creer, el norte de la privatización no es ofrecer el mejor servicio para el pueblo a un menor costo, sino el lucro del inversionista a cualquier precio. Despojarnos del patrimonio que nos queda para convertirnos en rehenes del interés privado, cercena las oportunidades de un desarrollo económico sostenible, que sólo es posible utilizando nuestros recursos para garantizar la justicia social a la que aspiramos y a la que tenemos derecho como pueblo. La ofensiva del pueblo se impone para detener esta nueva embestida. 

 

La autora es presidenta del Movimiento Unión Soberanista

 

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