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El zarpazo más reciente del neoliberalismo

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Por Félix Córdova Iturregui

Publicado: martes, 20 de marzo de 2018

No es raro oír en la calle comentarios sobre la incompetencia o incapacidad del gobierno de Ricardo Rosselló. Los dos huracanes, Irma y María, al principio ayudaron a disfrazar un poco lo que muchos han considerado la inexperiencia del joven gobernador. Al fin y al cabo, dicen, es su primer trabajo. Basta recordar que lo mismo se decía del gobierno de Alejandro García Padilla. La realidad es otra: llevamos treinta años de política neoliberal, expresión de un fundamentalismo de mercado más o menos agresivo. El gobierno actual, como todos los anteriores, desde 1989, actúa con una estrategia muy clara y eficaz. El objetivo de dicha estrategia es enriquecer a una claque pequeña de empresarios estrechamente vinculados con la política, mientras grandes sectores del pueblo se empobrecen.

Dicho de otra forma, el ascenso económico de una minoría va acompañado del descenso de la mayoría. La política neoliberal ha utilizado armas muy concretas para avanzar: diferentes formas de privatización, la eliminación o el cambio de las leyes que salvaguardan conquistas históricas de los trabajadores y la desreglamentación o eliminación de medidas que limitan las transacciones mercantiles. El resultado más dramático de esta política estratégicamente elaborada ha sido una polarización de la riqueza. Cada vez en menos bolsillos se concentra más riqueza social y más bolsillos quedan vacíos o en estado de acentuada precariedad. La economía política que responde a esta estrategia ha sido muy bien pensada y articulada. Lleva tres décadas de funcionamiento, con evidentes contradicciones internas, por vía de dos partidos que cada día se asemejan más.

¿Por qué, entonces, los dos partidos parecen cada día más incompetentes? La razón principal podría resumirse así: porque con esta estrategia política al servicio de una ínfima minoría, el gobierno inevitablemente agrede y se separa de la mayoría de la población. Peor aún, actúa sin sensibilidad alguna ante el dolor del pueblo. Cualquiera, con un poco de razonabilidad, puede argumentar que después de treinta años con esta política neoliberal, nuestra sociedad camina por una crisis que se acentúa con los años. ¿Por qué insistir en una política fracasada? Porque el fracaso es colectivo, mientras el éxito es individual, como atributo de una minoría. En la época de oro del Estado Libre Asociado, Luis Muñoz Marín decía que la economía tenía la función de crear empleos para la población trabajadora. Esta forma de reducir la complejidad de lo económico tenía la virtud de vincular el proceso de creación de la riqueza con los asalariados. Dicha concepción, limitada como era, desapareció al cobrar forma la estrategia económica neoliberal. Una vez se puso en marcha la ideología sobre el gigantismo gubernamental, la forma del enriquecimiento fácil por medio de privatizaciones y de contratos, consistió en eliminar puestos de trabajo, sacar el dinero de los bolsillos de trabajadoras y trabajadores y desplazarlos a los bolsillos empresariales. 

La estrategia neoliberal, por consiguiente, ha creado un vínculo perverso entre unos empresario rapaces y el Estado. Han surgido así agentes económico-políticos cada día mejor delineados: el empresario-político y el político empresario. No se trata de un personaje con dos caras, sino de dos personajes cada día más descarados y semejantes, el empresario y el político, en novedoso maridaje. Incluso la tragedia, como el reciente huracán que destrozó una sociedad ya precarizada, se convirtió en un escenario de inversión. Impulsado por los fondos federales y del gobierno local, produjo el espejismo de la industrialización de la miseria. No es exagerado definir esta política como un asalto permanente a los fondos públicos, un asedio implacable a todas las agencias y corporaciones que componen la riqueza pública. Los capítulos se repiten: la Telefónica, las autopistas, los hospitales, el Aeropuerto Luis Muñoz Marín, etc. Son las grandes piezas de la política de entrega. Pero el festival continúa y en la actualidad el objetivo tiene tres nuevas víctimas: la escuela pública, la universidad pública, y la energía eléctrica. 

Desmembrar el sistema público de educación con la llamada reforma y la modalidad de la escuela charter, no va a crear un mejor sistema educativo al alcance de toda la población. La polarización de la riqueza que ya hemos señalado, como resultado de la acción del mercado, se manifestará con igual fuerza en la educación. Lo mismo sucederá con la privatización de la producción de energía eléctrica. Se pretende lanzar a la determinación del mercado dos servicios imprescindibles para la vida social: luz y educación. Si la burocracia bipartidista y la corrupción descontrolada que existe en Puerto Rico han desvirtuado estos dos servicios, al privatizarlos se pierde la oportunidad de transformarlos y proveerles un contenido democrático efectivo. Lejos de resolver los problemas, se empeoran, desde el punto de vista de los intereses de la población.

Con respecto a la Universidad de Puerto Rico, el problema adquiere otras vertientes. El gobierno, así como la Junta de Control Fiscal (JCF), tienen un interés especial en domesticar la institución. Sobre todo la fuerza que ha sacudido con mayor vigor la política neoliberal desde 2010: los estudiantes. La universidad pública ha adquirido una dimensión nacional muy poderosa a través de su historia y el partido retóricamente anexionista que ocupa el gobierno se ha propuesto reducirla. El objetivo es liquidar el más complejo espacio de pensamiento crítico en nuestra sociedad. José Martí decía que la sociedad debe ejercer la crítica continuamente porque con la crítica se fortalece y se enriquece. Pues el gobierno actual pretende acallar la crítica, debilitar el tejido de lo social, porque entorpece la estrategia política en función del enriquecimiento rápido de una minoría carente de un amplio proyecto social para el país.

En resumidas cuentas, la batalla unitaria que exige la defensa de la educación pública, en todos sus niveles, y la defensa por mantener la producción de energía eléctrica en su forma de corporación pública, sujeta a la mejoras que necesita, será la manifestación más viva de nuestra agonizante democracia. Sin democracia, sin la articulación efectiva del debate público y la participación de la población en sus diferentes lugares de vida y trabajo, nuestra vida social se seguirá empobreciendo.

La JCF no necesita la democracia. Su misma función es antidemocrática, dictatorial y una fea manifestación colonial. El gobierno tampoco necesita la democracia. Habla todo el tiempo de ser transparente porque sabe que no lo es: su vida interna se organiza a través de la trampa y la corrupción. Sin embargo, la democracia es, hoy más que nunca, una necesidad para todos los sectores asalariados, para la pequeña producción y los pequeños comerciantes, para amplios sectores profesionales y para las comunidades. Cuando hoy una maestra lucha, encarna todo un pueblo, cuando un estudiante se moviliza, en el respira la democracia, cuando una profesora defiende la universidad, fortalece el derecho a disentir, y cuando un celador sube a un poste en la montaña, sabe que la luz que llegó a todos los rincones del país, lo hizo motivado por el servicio y no por la ganancia. Fortalecer una lucha de amplia convergencia es mantener vivo un sentido colectivo de pueblo. Además, se ve claro que el gobierno no representa al pueblo y el pueblo puede y tiene que derrotarlo.

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