Opinión / Editorial

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Con los maestros y la educación pública

Publicado: martes, 20 de marzo de 2018

Comencemos por afirmar que en CLARIDAD favorecemos la transformación del sistema educativo de Puerto Rico. Lo que no favorecemos es su desmantelamiento y privatización, que es lo que propone la llamada Reforma Educativa del gobierno de Ricardo Rosselló y el Partido Nuevo Progresista (PNP). 

Queremos que la educación de nuestros niños y niñas siga siendo pública y gratuita, y que responda a una visión consensuada de un país puertorriqueño liberado de la asfixiante condición colonial. Queremos también que los estudiantes aprendan dentro de un ambiente que les estimule la curiosidad y el deseo de adquirir conocimiento. Que aprendan a identificar la relación directa que existe entre el saber y el progresar, conexión que en nuestro país se ha perdido en medio de la confusión prevaleciente en torno a qué significa tener éxito. Queremos que los maestros y maestras se sientan motivados, que se les compense justamente, y en proporción a los requisitos que se les exigen como mínimo en Puerto Rico: un bachillerato de una universidad acreditada y una certificación equivalente a una reválida. Sobre todo, queremos que se les reconozca su dignidad y el prestigio que acarrea la enorme responsabilidad que asumen al enseñar, educar y formar a nuestros niños y niñas. 

Un sistema educativo necesita transformarse cuando sus resultados son deficientes porque sus estudiantes no se identifican con lo enseñado, ni se sienten estimulados a aprender. Necesita un cambio urgente un sistema que ignora, menosprecia y humilla a los educadores.

El salario promedio de nuestros maestros es bochornoso, apenas $22,000 anuales de un presupuesto de miles de millones. En Estados Unidos- el referente al que siempre miran los gobernantes de Puerto Rico- dicho salario promedio es de $58,000. Encima, ahora nuestros maestros y maestras retirados enfrentan también el posible recorte de un 25 % de sus ya irrisorias pensiones, según decisión expresa de la Junta de Control Fiscal, el recién llegado ente colonizador que nos gobierna.

El objetivo de la gobernanza colonial en Puerto Rico, desde la invasión americana hace 119 años hasta nuestros días, es que nuestro sistema educativo sea “a imagen y semejanza” del de Estados Unidos. Por eso, la educación en Puerto Rico nunca ha tenido coherencia, y mucho menos una visión educativa que reconozca nuestra realidad como nación intervenida, ni la centralidad de nuestra cultura puertorriqueña, ni los valores que nos definen como pueblo, ni las necesidades particulares que tienen los estudiantes y los maestros en Puerto Rico. Es un sistema extranjero y extranjerizante.

Además, durante los últimos cincuenta años, ha ido despeñándose por un derrotero pavoroso, impulsado por sus muchos errores pedagógicos, por la politización extrema que ha creado capas y capas de burocracia administrativa alimentada desde los partidos que se han turnado el gobierno de la colonia- PNP y Popular Democrático- , por la desidia y la inacción que le arropa, y por una corrupción desenfrenada que ha enredado a una gran cantidad de sus funcionarios, contratistas y allegados; el más notorio de todos, el ex Secretario de Educación Víctor Fajardo, de triste recordación. 

Ahora, nuevamente se pretende desmantelarlo y modelarlo hacia la asimilación, bajo la influencia de la ideología mercantilista que prevalece en la derecha conservadora de Estados Unidos, ahora en el poder junto a Donald Trump. Acercarnos más a Estados Unidos y convertir nuestro sistema educativo en una mercancía más, que se compra y se vende al mejor postor en el mercado, son los verdaderos objetivos  tras la llamada Reforma Educativa que con tanto ahínco defienden Rosselló, Keleher, el liderato del PNP y parte del liderato del Partido Popular. Es una “reforma” en busca de capital, en lugar de aprendizaje. Un capital que están contando que llegue por la vía del gobierno federal, y de los supuestos  “aliados” privados  que, en consecuencia, serán subsidiados con una tajada generosa del presupuesto de la agencia. 

 Las propuestas para crear escuelas chárter y para distribuir vales educativos para que los estudiantes “compren” su educación, no son otra cosa que subterfugios para desviar fondos de la escuela pública a proyectos educativos privados, que no ofrecen garantía de calidad. De hecho, la experiencia con este experimento en los propios Estados Unidos es mixta, y son más los fracasos que los aciertos, según estudios realizados por diversas instituciones académicas allá. Teniendo en cuenta el récord histórico del maridaje entre lo público y lo privado en Puerto Rico, ya puede vislumbrarse cómo terminará nuestro país si se implanta, mediante una ley, este nuevo esquema para el desvío de fondos públicos.

La educación pública y gratuita es un derecho humano reconocido internacionalmente. Los países que tienen los mejores sistemas educativos públicos- entre los que no está Estados Unidos- comparten, en su éxito, tres elementos constantes: el alto nivel de capacitación profesional de sus docentes, el prestigio asociado a la profesión del magisterio que le otorgan en dichas sociedades, y los salarios competitivos y las buenas condiciones de trabajo que se les ofrecen a estos profesionales. Estos, unidos  a un propósito compartido como sociedad, y a una visión clara de lo que se pretende alcanzar mediante la educación, impulsan los logros de los sistemas educativos en cada uno de esos países. En ninguno de dichos ejemplos de excelencia está planteada la privatización del sistema educativo. 

Al cierre de esta edición, miles de maestros convocados por el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública concluyeron un paro en protesta por la inminente aprobación de la llamada ley de “Reforma Educativa” en el Senado de Puerto Rico. La medida ya había sido aprobada la semana pasada en la Cámara de Representantes. El clamor de los docentes, junto a miles de estudiantes y padres que no quieren el desmantelamiento de la escuela pública, ha sido claro y contundente.  Por su parte, el gobierno de Ricardo Rosselló y el PNP se propone seguir adelante con su plan privatizador, desoyendo a todas las voces que han planteado dudas o que han pedido más análisis, y saltando por encima de la oposición de estos sectores neurálgicos. Veremos a ver cuán bien les va al final del proceso.

En CLARIDAD, ponemos nuestras páginas a la disposición de los defensores de la educación pública en Puerto Rico, para que ésta siga siendo un derecho de todos nuestros estudiantes,  y no  un producto de consumo más, sujeto a las leyes de oferta y demanda de un mercado corrupto.

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