Opinión / Editorial

Bookmark and Share Bajar en formato PDFComentarios

Comienza a extenderse el malestar social

Publicado: miércoles, 26 de abril de 2017

Desde el inicio de la huelga estudiantil en la Universidad de Puerto Rico (UPR), ha empezado a extenderse la impaciencia y el activismo social entre cada vez más individuos y sectores de nuestro pueblo, que ya están sintiendo o aguardan con temor el impacto de la crisis fiscal y económica sobre sus vidas. El activismo social crece en la misma proporción en que el gobierno y la Junta de Control Fiscal Imperial aprietan el nudo en la garganta del pueblo.

Ya no es sólo la siempre alerta y militante vanguardia estudiantil universitaria la que protesta. A ella se han unido la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (HEEND) y la Asociación Puertorriqueña  de Profesores Universitarios (APPU), el grupo de Profesores Autoconvocados en Resistencia Solidaria (PAReS) y más recientemente, los rectores y rectoras de los once recintos de la UPR en pleno, quienes ya se han dado cuenta que los propuestos recortes representan el fin de la UPR que conocemos, y han sentido el menosprecio que han demostrado los directivos de la Junta y del gobierno de Puerto Rico hacia la misión social de nuestra Universidad. Una muestra del sentir colectivo es la valiente nota que el rector del recinto de Mayagüez, John Fernández Van Cleve, escribió en su página de “facebook” para elevar su voz de protesta por el trato injusto que recibe la UPR de la Junta de Control Fiscal y el Gobernador. En su mensaje, dirigido a toda la comunidad universitaria, a ex alumnos y padres de la centenaria institución y a quienes comparten su creencia de que la UPR “es el proyecto educativo, social y cultural más importante de este país, al que ha servido con excelencia”, el rector Fernández Van Cleve hace una invitación a inundar con mensajes los correos electrónicos del presidente de la Junta de Control Fiscal y el Gobernado, como medio de llamar la atención de estos funcionarios a los reclamos de la comunidad universitaria. “Lamentablemente las personas que hacen política pública en este país, hacen caso omiso a los reclamos de estudiantes, profesores y otros que piden un trato justo para la UPR”, señala. Y añade: “En lo personal reconozco que la UPR debe hacer un ajuste como todas las agencias y corporaciones públicas de este país, a raíz de la crisis por la cual atravesamos. Sin embargo, el recorte desproporcionado y criminal que le han asignado a la Universidad la destruirá como la conocemos hoy en día, apenas el segundo año fiscal de implantación”. Palabras con luz de un académico reconocido por la ecuanimidad y mesura de su comportamiento. 

Pero quizá el elemento más disonante en toda la discusión pública sobre la UPR han sido las más recientes expresiones del director de la novel Autoridad de Asesoría y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Gerardo Portela, a los efectos de que el recorte a la Universidad alcanzaría $512 millones en cinco años, en lugar de los $450 millones que ha provocado la alzada de toda la comunidad universitaria. Este es un ejemplo clarísimo de hasta dónde puede llegar la enajenación– o el cinismo– de los burócratas gubernamentales que siguen órdenes a ciegas sin detenerse a razonar sus consecuencias. 

Esa misma actitud de arrogancia y enajenación los ha llevado a cometer otros abusos. Por ejemplo, la derogación atropellada y antidemocrática de la ley que autorizó la creación de la Comisión de Auditoría del Crédito Público, hoy despachada por descargue y sin discusión, por mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) enla Cámara y el Senado,  ante la ira de un militante sector ciudadano que fue brutalmente reprimido por la Policía al intentar ganar acceso a la Casa de las Leyes para oponerse a la eliminación de dicha Comisión. ¿Consecuencia? Que se fortalece cada día el masivo clamor, las protestas y las expresiones públicas a favor de que se realice una auditoría independiente de la deuda pública que deje las cuentas claras y destape, ante los ojos del pueblo, cómo y en qué  se gastaron los $70 mil millones que hoy se deben, y quién lo hizo, se benefició o metió la mano dónde no debía. 

El laboral es otro sector importante en el cual se extiende el malestar general de los trabajadores.  La llamada Reforma Laboral fue una medida claramente pro patrono que le quitó fuerza a los escasos mecanismos de protección que tenían los trabajadores de la empresa privada. ¿Consecuencia? Que ya  las megatiendas a abusar y a despedir empleados que les cuestan más, para sustituirlos por empleados nuevos, que les cuestan menos. ¿Consecuencia? Que por primera vez en mucho tiempo se ha escenificado una protesta pública de trabajadores de la empresa privada, como la ocurrida el pasado domingo frente al estadio Hiram Bithorn por las empleadas despedidas injustamente por la cadena de farmacias Walgreens. 

Mientras, en el sector público, cientos de empleados piquetearon en el hemiciclo de la Cámara de Representantes contra el proyecto de ley 938 que les quita beneficios, comenzando lo que se prevé será una larga jornada de protestas contra las medidas de ajuste y austeridad aprobadas por la Junta de Control Fiscal e implantadas  por el gobierno de Ricardo Rosselló y el PNP. De convertirse en ley este proyecto, quedarían sin efecto los convenios colectivos en las agencias del Gobierno, al igual que los planes de reclasificación y retribución entre otros derechos adquiridos por estos trabajadores. También la ley contempla la reducción de días de vacaciones y enfermedad, y lo más importante, eliminaría la aportación del gobierno al plan médico de sus empleados, sumiendo en la incertidumbre a miles de empleados públicos y sus familias sobre el acceso a la cobertura de servicios salud. En esa primera manifestación participaron trabajadores afiliados a la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Federación Central de Trabajadores (FCT), Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPU), entre otros sindicatos del sector público, respaldados solidariamente por representantes de varias de las organizaciones del magisterio y por más de 50 organizaciones representativas de la sociedad civil puertorriqueña en Puerto Rico y la diáspora.

En CLARIDAD, Periódico de la Nación Puertorriqueña, nuestras páginas y el mejor esfuerzo de todos y todas los que aquí laboramos, están, como siempre, solidariamente alineados a los de los sectores amplios y diversos de nuestro pueblo a los que hoy les corresponde luchar, resistir y defender sus derechos frente al enemigo que pretende pasarnos la factura total por la irresponsabilidad y el despilfarro de los poderosos que han mandado en nuestro país. 

  (0) Comentarios



claritienda Ruta Betances