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La hipocresía oficial

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Por Luis Pedraza Leduc

Publicado: lunes, 2 de octubre de 2017

Los llamados a reconstruir el país, ser solidarios y juntarnos para una vida que garantice los derechos humanos a la educación, salud, vivienda, trabajo, un retiro digno y protección social entre otros, no debe requerir del paso de un huracán categoría cinco. Somos más quienes diariamente nos lanzamos a la calle a reclamar el respeto de los derechos humanos que nos violentan cuando se queman cenizas y se depositan al lado de comunidades pobres, cuando se cierran arbitrariamente 160 escuelas, al privatizar dispensarios, hospitales, servicios de salud mental y otros. Se violentan los derechos humanos de la población de las islas municipios de Culebra y Vieques cuando no se hace una limpieza adecuada de sus terrenos y mares, ni se les garantizan condiciones óptimas de vida.

No se garantizan derechos humanos cuando a la clase trabajadora, tanto del sector público como del privado, se le coarta su derecho de libertad sindical, a la negociación colectiva y un trabajo digno. Otro modo de eliminar derechos humanos es reducir los servicios de salud a la población médico indigentes ya sea imponiendo requisitos para excluir población o reduciendo la adquisición de medicamentos, entre otros. Ni hablar de la propuesta de reducir las pensiones a quienes trabajaron varias décadas de su vida esperanzados en una vejez con seguridad y dignidad.

La eliminación de fondos para la cultura, la recreación y la práctica del deporte es una manera sutil de ampliar esa brecha de desigualdad entre quienes tienen el poder económico para disfrutar las manifestaciones de nuestros artistas y atletas y aquellos sectores excluidos por su condición económica.

Antes de llegar los huracanes Irma y  María, nuestra realidad política y económica nos confrontaba con el hecho de vivir en una colonia donde se impone un modelo que produce desigualdad (pobreza) para muchos y riqueza para unos pocos que no necesariamente viven en Puerto Rico. El 1ro de mayo de 2017 más de 100,000 personas marchamos para repudiar la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal. Protestamos contra la manifestación más evidente del coloniaje y del interés del capital por despojarnos de nuestro dinero. El gobierno desvió la atención a esta importante expresión de protesta mediante la articulación mediática de un rechazo a incidentes menores que no eran fundamentales ni esenciales.

Hacia finales del mes de agosto de 2017, la Junta de Control Fiscal mostraba su fuerza y control sobre el gobierno al requerir la implantación de medidas de ajuste que anuncian un daño al país estimado sobre 600 millones de dólares anuales, por un término mayor de diez años. Y entonces llegaron los huracanes.

Hoy, el gobierno, los medios corporativos de comunicación y propaganda, en unión a las grandes empresas, bancos e importantes organizaciones no gubernamentales nos hacen un llamado de solidaridad. De juntarnos por Puerto Rico para levantarnos. Ese no es el mensaje de hace 30 días. Ese no es el mensaje y acciones que contiene PROMESA. Ese no es el mensaje del Plan para Puerto Rico del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Ese no es el mensaje de los banqueros que ejecutan hipotecas ni de los bufetes de abogados que promueven legislación para reducir los derechos humanos.

Existe una hipocresía oficial que pretende que olvidemos los golpes que nos dan diariamente a cambio de “ayudas federales, toldos de FEMA y préstamos que habrá que pagar”. Y para evitar que se denuncie y se cuestione tal hipocresía oficial, existe la militarización sin reparo de la colonia. Así nos recuerdan que siempre han estado aquí, con Junta o sin Junta, con huracán o sin huracán. 

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