Opinión / Editorial

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Otro golpe bajo a la confianza del pueblo

Publicado: miércoles, 28 de febrero de 2018

La investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia sobre posibles violaciones de ley entre los involucrados en el “chat” “#Tear P3R-coffee break” en la red What´s App está en la mirilla del pueblo de Puerto Rico y en la del Presidente del Senado. 

El “chat” involucra a más de 50 personas, incluyendo varios altos funcionarios de la administración de Ricardo Rosselló y el Partido Nuevo Progresista (PNP), y ejemplifica todo lo que está mal y podrido en la política puertorriqueña. Lo que pudo haber sido una inocua red entre amigos, se ha convertido en un enorme escándalo por la fecha, los personajes y las actuaciones de ciertos miembros del grupo en cuestión. La fecha: el día de las elecciones de 2016 en Puerto Rico, que fue el final de una contienda política reñida y con un posible desenlace incierto. Los personajes: un juez en funciones, que fue ascendido meteóricamente después de las elecciones de 2016, primero a juez superior, y luego, a presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE); el director de campaña del vencedor de la contienda y hoy Gobernador de Puerto Rico, quien, tras la victoria de su candidato, ha pasado a ser el secretario de la Gobernación, el puesto de mayor confianza en el entorno inmediato del mandatario; la directora del Plan para Puerto Rico, plataforma política bajo la cual se desarrolló la campaña del candidato ganador, convertida hoy en sub secretaria de la Gobernación, y otros funcionarios de dicha campaña, como la hoy directora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y el hoy Procurador General de Puerto Rico. Las circunstancias: una inconveniente, antiética y posiblemente ilegal consulta del juez a los funcionarios políticos sobre cómo proceder en el caso de los electores llamados “encamados”, y las respuestas dadas por estos, todo lo cual transpira un trasunto a “traqueteo” que salpica al mismísimo Gobernador, y envuelve en sombras la legitimidad del proceso electoral en el país. 

La conversación entre estas personas perturba porque, según los estándares éticos que lo obligan, el juez no podía consultar previamente cualquiera que fuera su decisión con nadie, y menos con funcionarios de la campaña política de uno de los partidos en contienda. Perturba, además, porque los consultados son tres abogados, regidos también por los estándares de ética de una profesión que les impide sostener un intercambio con un juez como el que se dio a conocer.

La conversación confirma lo que la sabiduría convencional de nuestro pueblo ha proclamado desde hace tiempo: que el sistema político partidista en Puerto Rico está podrido, y que el partidismo ciego es el requisito principal que utilizan los partidos coloniales, PNP y Popular Democrático (PPD) para la selección de sus funcionarios en todas las áreas de la política y el gobierno. Reafirma también hasta dónde están dispuestas a llegar ciertas personas para acceder al poder, y expone, en toda su crudeza, la cínica presunción de sus participantes- todos “políticos de oficio”- de que, por tratarse de un “chat” entre correligionarios y amigos que perseguían un mismo fin, su confabulación no sería descubierta, y por lo tanto, quedaría impune, como sabe Dios cuántos más episodios como éste en el pasado, han quedado sepultados bajo la complicidad del silencio. 

Se olvidaron de que las lealtades escasean entre quienes luchan por acceder al poder, y de que el PNP- tampoco el PPD- no es un partido monolítico, sino un acomodo entre facciones que se unen y desunen dependiendo de las ambiciones e intereses de cada cual. La CEE es uno de esos campos de batalla donde cada facción política se asegura de que sus intereses estén resguardados. 

Tras el triunfo de Rosselló, tal parece que se quebró el pacto entre las facciones del PNP en la CEE, desatando un feudo entre la Comisionada Electoral de dicho y el presidente del Senado. Esto podría explicar que uno- o más de uno- de los 50 integrantes del mencionado “chat”, se sintiera ofendido o traicionado por el rumbo que tomaban las cosas en la CEE, y decidiera hacer público el contenido de la escandalosa conversación a través de un tercero, en este caso un Senador del PPD. 

Como sea, la confabulación quedó al descubierto, y el País se enteró de que un juez, que se supone sea imparcial e independiente, consultó con funcionarios de una campaña política sobre la mejor manera de decidir un asunto para beneficiar al candidato favorito de él y de sus contertulios de “chateo”, todo con el propósito de influenciar el resultado electoral final. 

 Este vergonzoso episodio pone en entredicho la supuesta independencia de la judicatura, cualidad contaminada por un sistema de nominación y aprobación de jueces que subordina los criterios esenciales a la inmensa tarea de impartir justicia, a criterios pedestres y de conveniencia, como la lealtad partidista, la coincidencia ideológica y el amiguismo. También es sospechosa y poco creíble la actitud de “manos afuera” del Gobernador, tan vocal contra la corrupción cuando era candidato, y ahora tan tímido para actuar con decisión ante los obvios desmanes de algunos de sus principales subalternos. 

Por su parte, la Secretaria de Justicia, ha asumido la directriz de investigar este escándalo como quien camina entre carbones encendidos pero no quiere quemarse los pies. Por eso, no importa cómo se le mire, y cualquiera que sea su resolución, este asunto constituye un golpe bajo más a la credibilidad y confianza de un pueblo en un sistema político en evidente crisis, y en un gobierno que se tambalea.

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