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Confirman abuso policiaco y violación de derechos humanos

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Por Cándida Cotto

Publicado: miércoles, 28 de febrero de 2018

En una misma semana dos informes y el más reciente acto de uso y abuso de fuerza policiaca contra manifestantes que hacen uso de su derecho a la libre expresión, vuelven a dejar en evidencia el uso de la fuerza del estado contra los movimientos sociales que se oponen a las medidas de austeridad, que la Policía enfrenta un problema estructural y una ausencia de mecanismos confiables para la rendición de cuentas. 

El primer informe al que hacemos referencia es al más reciente que redactó el asesor técnico de cumplimiento con la reforma de la Policía, Arnaldo Claudio, en el cual entre otros señalamientos indica que durante la manifestación del 1 de mayo de 2017, el nominado al Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, se saltó la cadena de mandos, dio órdenes para que la Policía utilizará prácticas ilegales contra los manifestantes que incluyó el uso de material caducado. La manifestación fue convocada por la Concertación Puertorriqueña Contra la Junta de Control Fiscal (CPCJCF), grupos sindicales y otras organizaciones de la sociedad civil. 

A la luz del informe del Monitor en comunicado de prensa la Concertación expresó que éste reafirma la denuncia que hicieran al terminar la actividad del 1 de mayo de que la Policía de Puerto Rico había incumplido los acuerdos con las organizaciones convocantes. “Igualmente expresamos que las actuaciones de la Policía fueron parte, y en algunos momentos iniciaron, la situación violenta que surgió cuando la concentración había terminado”. 

La Concertación dio a conocer además de que dos días antes de la manifestación la Policía estuvo anunciando que habría problemas, por lo que no tenían duda de que la propia Policía formó parte de los problemas de manera planificada. “Seguiremos estudiando todos los aspectos de los informes que han salido y advertimos al pueblo puertorriqueño que la libertad de expresión está en peligro por la mentalidad de quienes dirigen la Policía de Puerto Rico”, expresó José Rivera Santana, uno de los portavoces de la Concertación. 

Mientras dos días antes de darse a conocer el informe del Monitor federal, este martes 20 de febrero la Policía volvió a desplegar un uso excesivo de fuerza contra personas que realizaban un piquete frente a las oficinas de la Junta de Control Fiscal (JCF), en donde mismo se escenificaron los sucesos del 1 de mayo. En la manifestación la grúa de la Policía atropelló a un manifestante, se arrestó a varias personas, manteniéndolas incomunicadas y desaparecidas por horas. 

Antes los acontecimientos el Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía (GRUCORPO), expresó su preocupación por lo sucedido y atribuyó que lo ocurrido fue otra repetición de “una larguísima lista de incidentes nefastos que siguen ocurriendo y que demuestran que, a cuatro años de la reforma, la Policía aún no está preparada para cumplir con sus propias políticas de manejo de multitudes, mucho menos para garantizar los derechos fundamentales”.

La organización civil denunció que los actos de abuso policiaco y el estilo de total impunidad con que actúa la Policía de Puerto Rico no son incidentes aislados, sino que están estrechamente vinculados a un problema estructural y sistémico y a una ausencia de mecanismos confiables y robustos de rendición de cuentas. Además, evidencia la ausencia de una verdadera voluntad para corregir el problema. 

 

Los derechos humanos en Puerto Rico

Mientras Puerto Rico fue incluido en el informe, La situación de los derechos humanos en el mundo 2017/2018 de Amnistía Internacional. El informe dado a conocer la semana pasada bajo la consigna de que “el odio patrocinado por el Estado hace surgir una nueva era de activismo social”, abarca a 159 países. 

Respecto a Puerto Rico el informe destaca que ha habido un recrudecimiento de la crisis humanitaria a consecuencia del huracán María que causó daños generalizados en vivienda, estructuras y servicios esenciales y la lenta respuesta de las autoridades- de Puerto Rico y Estados Unidos- para atender la emergencia. 

El informe de AI también recoge que 1 de mayo de 2017 la Policía hizo un uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas en el Día Internacional del Trabajo. Hace acopio de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) documentó un uso indiscriminado de gas lacrimógeno, contra laos manifestantes sin antes haber dado una orden de dispersión, lo que es contrario al derecho y las normas internacionales, que este material estaba caducado, que se usaron balas de goma contra manifestantes pacíficos, que la policía no tenía identificación clara y el que hubo policías encubiertos infiltrados en la manifestación que practicaron detenciones ilegales. Todas estas denuncias fueron confirmadas en el informe del Monitor Federal. 

Muy particular sobre la libertad de expresión y de reunión el informe denuncia que las enmiendas al Código Penal aprobadas por el gobernador Ricardo Rosselló en mayo 19 que hacen ilegales ciertas conductas como bloquear la entrada a obras en construcción o instituciones educativas y que fueron aprobadas de manera apresurada para entrar en vigor de inmediato “aparecen ser un intento directo por parte del gobierno desalentar la protesta pacifica”. 

En esa misma dirección se recoge el que las medidas de austeridad implantadas por la Junta de Control Fiscal (JCF) a lo largo del año podrían tener consecuencias negativas para los derechos humanos, en especial para el acceso a la atención médica, la vivienda, la educación y el empleo. Otros aspectos del informe de AI apunta a que la protección de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero sufrieron un retroceso con la eliminación por el Departamento de Educación (DE) de la perspectiva de género, la eliminación de permitir que los alumnos vistan según su identidad de género.

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