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La indignación no basta contra la corrupción

Publicado: miércoles, 6 de febrero de 2019

La falsa indignación pública y mediática hacia el nuevo escándalo en el Departamento de Hacienda es realmente incomprensible. A juzgar por las reacciones, tal pareciera que en este país nunca hubiera habido corrupción. 

En esta ocasión, se trata de la controversia por el contrato entre el Departamento de Hacienda y OPG Technologies para imprimir y vender los sellos de rentas internas mediante los cuales el erario recauda impuestos. Un fraude millonario al tesoro de Puerto Rico, mediante la venta no informada y posible falsificación de tales sellos y comprobantes está siendo investigado en la esfera federal. La compañía OPG es parte de la investigación. De comprobarse como cierta la sospecha de fraude, Puerto Rico habría perdido millones de dólares desviados hacia los perpetradores del fraude, y los documentos y transacciones refrendados con sellos de Hacienda falsificados serían ilegales. Toda una monumental madeja con visos de corrupción pura y dura.

Según se alega, esta práctica ocurre hace años, pero el País se ha enterado ahora, tras la súbita renuncia de la Secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, la semana pasada. Aparentemente, Fuentes le exigió cuentas claras a OPG, y por eso perdió su empleo. OPG había sido traída a Hacienda, tras un receso de varios años, por Raúl Maldonado, antecesor de Fuentes y ahora Secretario de la Gobernación. Tras la renuncia de Fuentes, el gobernador Rosselló reiteró su confianza en Maldonado y lo devolvió a dirigir el Departamento de Hacienda, además de nombrarlo como jefe de la Oficina de Presupuesto y Gerencia. Con cada vez más sombreros, Maldonado sigue encumbrado, mientras Fuentes y su principal subalterno, Juan Carlos Puig, fueron expulsados. El típico caso de matar al mensajero cuando no nos gusta el mensaje. 

Cualquier coincidencia entre este caso y otros notorios que han ocurrido en el pasado cercano es absolutamente real. La corrupción pública y privada en Puerto Rico es tan vieja como el viento, y cuatrienio tras cuatrienio crece la lista de los parientes y dolientes, “amigos del alma”, o contribuyentes políticos que son beneficiados con contratos jugosos que les representan a éstos millones de dólares en ingresos, y también millones en pérdidas al tesoro de Puerto Rico. Unos y otros, Penepés y Populares, han sido señalados, acusados y convictos por decenas de esquemas de corrupción ocurridos durante décadas, sin que ninguna administración de gobierno ni departamento de justicia haya tenido la voluntad de contenerlos. 

Con la aprobación de la Ley PROMESA y la llegada de la Junta de Control Fiscal, en la que tantos ilusos cifraron sus esperanzas, la corrupción en Puerto Rico ha seguido rampante, sin tregua ni disuasivo, porque, de un lado y otro, se hacen de la vista larga y evaden la responsabilidad de dar buena cuenta de los fondos públicos que custodian.. La Junta de Control Fiscal tampoco ha hecho nada por frenar los excesos del gobierno, porque carece de fuerza moral para exigir prudencia, cuando ellos mismos gastan excesivamente y son laxos en el descargo de su responsabilidad fiduciaria. 

En esta edición de CLARIDAD, se publican sendas colaboraciones de los compañeros Manuel de J. González y Félix Córdova Iturregui, que examinan a profundidad la trayectoria y realidad de la corrupción en Puerto Rico, a la luz de esta nueva controversia. 

En su carta, la renunciante Secretaria de Hacienda, clama por un gobierno con compasión. Una referencia directa y contundente a la injusta doble vara con que se le quitan beneficios adquiridos y servicios esenciales a los asalariados y sectores más empobrecidos del pueblo, mientras se privilegia con contratos millonarios a los allegados de los poderosos, para quienes el bienestar del pueblo de Puerto Rico es solo un “talking point” para las gradas. 

 Por eso, más allá del escándalo y de la falsa indignación momentánea, nuestro pueblo en pleno debe exigir que este vergonzoso asunto y quienes lo ocasionaron sean objeto de la más rigurosa investigación. Y luego de investigado, que los hallazgos se hagan públicos. Merecería el peor castigo el funcionario, y el contratista, quienes, en medio de la peor crisis fiscal y económica- y cuando la amenaza de despidos, recortes y aumentos se cierne sobre la mayoría de la población- le roben descaradamente a nuestro pueblo, a la vista de todos.

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