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Puerto Rico está lejos de tener un plan para enfrentar el cambio climático (1)

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Por Centro de Periodismo Investigativo

Publicado: martes, 24 de abril de 2018

Por Emmanuel Estrada LópezMaricelis Rivera Santos 

Centro de Periodismo Investigativo

 

Puerto Rico ha enfrentado cada año al menos un evento extremo durante los últimos ocho años. Huracanes, sequías e inundaciones han causado estragos multimillonarios a través de toda la isla, y el 92% de los municipios costeros han registrado pérdida de playas.

Los gobiernos de Puerto Rico sabían la seria amenaza que enfrentaba la isla. Tanto así que bajo los dos partidos que han gobernado desde 2005 hasta hoy se radicaron 62 medidas desde el Legislativo o el Ejecutivo para atajar el problema de los esperados impactos del cambio climático en laIsla. Ninguna se ha traducido en acción, evidencia una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Mientras tanto, los eventos extremos habrán costado más de $144 mil millones en los pasados 20 años –una cantidad similar a la deuda pública de Puerto Rico si se incluyen las pensiones– según los datos provistos por Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres (AEMEAD).

La medida más reciente para “atender las preocupaciones relacionadas con el cambio climático”, el Proyecto del Senado 773, fue radicada en diciembre por Lawrence Seilhamer, un senador que avaló derogar la única ley que ha logrado aprobarse sobre el tema, la Ley 246 de 2008. Este estatuto, firmado por el gobernador popular Aníbal Acevedo Vilá, ordenaba crear un ente independiente llamado Comité de Expertos de Cambio Climático que hiciera un Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático para Puerto Rico, pero fue eliminado dos años más tarde con el voto unánime de los senadores de ambos partidos sin que sus disposiciones fueran puestas en vigor.

Ahora Seilhamer propone un nuevo proyecto de ley que en buena medida tiene los mismos elementos que estaban en la ley que se eliminó hace una década. Según varios expertos consultados, la propuesta no atiende asuntos cruciales relacionados al cambio climático que han afectado a Puerto Rico durante el transcurso de esos 10 años como la erosión costera y falla en lo más vital: el plan de adaptación para reducir la vulnerabilidad de la población ante los efectos que ya son una realidad en la isla. 

También propone medidas que resultan improbables en cuanto al desarrollo de energía renovable en la Isla, basado en la experiencia histórica de incumplimiento en el renglón. La meta existente es de 12% para el 2019, y al presente sólo se genera un 2%. El legislador propone que la meta se aumente a 33% para el 2035.

Seilhamer justificó la contradicción de su historial con la legislación señalando que con el paso del tiempo se ha educado sobre el cambio climático y ha visto su impacto concreto.

“Yo no pensaba en el 2009 como pienso hoy. Hay unas señales que nos están enviando que no podemos obviar”, dijo en entrevista.

“[N]o tengo ningún tipo de problema en decir que el asunto del cambio climático es uno del que me he educado. Porque la naturaleza está enviando unas señales claras y contundentes, y rayaría en la negligencia si no se atienden”, agregó.

Sin embargo, confesó que no hay sentido de urgencia en atender este asunto entre los legisladores.

Tampoco parece haber sentido de urgencia en el gobernador Ricardo Rosselló Nevares quien ha dedicado pocas oraciones al tema del cambio climático desde el huracán María. En síntesis, ha sostenido que apoyará las medidas que desarrollen los legisladores en el Capitolio. 

“Yo soy el autor del proyecto pero reconozco la labor del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico, del senador Cirilo Tirado Rivera, que ha presentado proyectos pero que no ha tenido el apoyo ni de su administración ni de la mía. Así que ante ese escenario me parece que este Senado, esta Cámara de Representantes y este gobierno tendrán la responsabilidad de darle la cara al pueblo, porque te puedo asegurar que esto se pondrá peor, que habrá más frecuencia de fenómenos atmosféricos que también serán más potentes, y tenemos que prepararnos”, reconoció el legislador.

Antes de la entrada de Rosselló Nevares a La Fortaleza, el gobernador popular Alejandro García Padilla también ordenó a sus agencias ambientales y de infraestructura a redactar planes de adaptación mediante la orden ejecutiva OE-2013-16. Pero su administración tampoco cumplió con la elaboración de estos planes, constató el CPI. Sólo tres de 15 agencias concernientes entregaron su plan.

Mientras tanto, los especialistas del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico (CCCPR), una organización independiente que agrupa a 150 científicos para estudiar los riesgos e impacto del cambio climático en la Isla y proponer política pública, han estimado que hay 500 mil personas que viven en áreas de inundación por desborde de ríos y quebradas y 100 mil son vulnerables a inundaciones por marejadas ciclónicas, explicó el coordinador del CCCPR y director del Programa de Manejo de la Zona Costanera del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Ernesto Díaz. 

La Junta de Planificación (JP), junto a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), estimó en la revisión del mapa de zonas inundables hecha en los pasados meses que 252,748 estructuras enfrentan ese peligro en la Isla.

Los efectos del cambio climático en Puerto Rico han quedado plasmados en múltiples estudios realizados por científicos locales, quienes afirman que estos documentos –cruciales para la preparación de un plan de adaptación– son ignorados por todas las administraciones. Tales efectos han comenzado a impactar la industria turística con la pérdida de playas y propiedades en lugares como Rincón e Isabela. El turismo es uno de los sectores en los que el gobierno tiene cifradas sus esperanzas para el despunte de la economía, en recesión hace más de una década. Para el  2016, el turismo representó un 8% –$8.4 mil millones de los $105 mil millones– del producto doméstico bruto del país, según la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico.

En medio de todo, queda el temor de la gente de comunidades ricas y pobres por igual, que ven cómo pierden sus propiedades por el embate de un mar cada día más cercano o por deslizamientos e inundaciones repentinas más frecuentes. 

La cifra de $141.4 mil millones en costos proyectados por los huracanes Irma y María  es sólo un acercamiento al impacto real de estos fenómenos en la economía y vida social del país. De hecho, María se proyecta como  el tercer huracán más costoso en la historia de los Estados Unidos.

Para tener una idea de cómo se magnifica el costo con el aumento en la severidad de los fenómenos, por Irma y María ya han desembolsado $1.7 mil millones, o 63% de los $2.7 mil millones que desembolsaron por todos los eventos extremos ocurridos en Puerto Rico desde 1998 a 2011, incluyendo el huracán Georges. 

Aún viendo estas cifras, a siete meses del huracán María, la elaboración de un plan para atender los efectos del cambio climático todavía no ha sido prioridad en Puerto Rico. La catástrofe dejó sobre $90 mil millones en daños estimados, 183,000 desplazados y la proyección de casi 1,000 muertes vinculadas a la emergencia. El gobierno ha encomendado la revisión de las muertes a la Universidad de George Washington que hará público un informe preliminar sobre su análisis en mayo. 

Continuará

 

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