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Plan Fiscal de la Junta para la UPR: Duro golpe para el País

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Por Cándida Cotto

Publicado: martes, 24 de abril de 2018

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APU) reiteró su denuncia de que el plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF) “no sólo lesionará la institución sino que tendrá efectos detrimentales sobre el desarrollo económico de todo Puerto Rico”.

En su reunión de este jueves 9 de abril la JCF rechazó el PF de la UPR presentado por el presidente de la junta de gobierno de la UPR, licenciado Walter Alomar y el director ejecutivo de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo Portela y en su lugar aprobó el plan fiscal preparado por sus asesores. 

El vice presidente de la APU, Javier Córdoba, denunció que una reducción de más del 50% del presupuesto de la UPR como se proyecta en el plan de la JCF tendrá un impacto negativo en la calidad educativa, sumado a un aumento desproporcionado en los costos de estudios que limitarán el acceso a la educación, representa un duro golpe a la institución y al país.

Córdova enfatizó que pretender comparar los costos de la matrícula en la UPR con los costos de las universidades en los EE UU, como ha hecho la JCF es un desacierto que representa un completo desconocimiento de la estructura socioeconómica del país. Precisó que de los mismos datos utilizados por la JCFF para justificar los aumentos en matrícula se evidencia la diferencia en el por ciento del ingreso familiar que se dedica a pagar estudios en Puerto Rico, (64.6%) vis a vis la inversión en el estado de North Dakota (31.1%), donde el costo de la educación es el más bajo en los Estados Unidos. 

“No hay dudas que los datos post-huracán María han acentuado los niveles de pobreza en el país. Un porcentaje significativamente alto de los estudiantes de la UPR provienen de familias pobres, sobre el 70% recibe beca Pell y muchos de estos estudiantes son los primeros que en sus familias pueden acceder a estudios universitarios”, declaró el vicepresidente de APU a los miembros de la JCF durante los breves minutos que se conceden en la reunión para comentarios de ciudadanos. Destacó además que en el Recinto de Utuado hay un 40% de estudiantes de primera generación.

La APPU sostiene que consolidar programas y moverlos a otros recintos sin un análisis basado en evidencia, tendrá un efecto negativo en el acceso a la educación universitaria y sobre la economía de la región y del país. Habrá más desempleo, y la pérdida de una infraestructuras económicas que se nutre del pago de patentes, servicio de comida, hospedaje, pequeños comercios al detal, entre otros. Este recorte entra en completa contradicción con lo establecido bajo la Ley PROMESA. Córdova aseguró que, en vez de promover el desarrollo económico, estos recortes empobrecerán a la región a la que sirven los recintos.

En tanto señaló la APPU que si bien se proyecta una disminución de jóvenes a lo largo de una década, la proyección del estudio demográfico de la firma consultora Advantage (2018) establece sobre 240.000 estudiantes en edad universitaria para el 2022. Es importante observar que los estudiantes matriculados en la UPR representan sólo una cuarta parte del total de los jóvenes universitarios. Daría la impresión prosigue Córdova, que el Gobierno y la JCF desean proteger la matrícula de las universidades privadas imponiendo límites al número de estudiantes que pueden admitirse en la UPR.

La APPU reclamó que ante los datos contundentes de la pobreza en Puerto Rico, la agudización de la crisis económica y el impacto positivo que ha tenido la UPR en el desarrollo socioeconómico del país y en propiciar la movilidad social, reiteró la necesidad de que la UPR permanezca como universidad pública y que el gobierno de Puerto Rico mantenga su política pública de proveerle el financiamiento necesario para que continúe con su labor educativa y creativa al menor costo posible.

En particular la APU dio el dato de que ha sometido diversas propuestas para atender la crisis del país y en defensa del presupuesto de la UPR, como lo son la necesidad de revisar las exenciones contributivas que no producen valor a la economía. Según la APPU cada año el Departamento de Hacienda (DH) pierde sobre $500 millones en recaudos por exenciones contributivas sin rendimiento en la economía. 

“Esto se ha convertido en un mantengo contributivo, que de eliminarse bien podría permitir revocar los recortes a la Universidad de Puerto Rico. Si el Gobierno planifica no tocar unas 30 leyes de incentivos por promover asuntos sociales, la APPU sostiene que el Gobierno y la JCFF todavía están a tiempo para reconocer a la UPR como un servicio público esencial y asegurar su financiamiento público, salvaguardando así su permanencia y su impacto positivo en el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico”, declaró Córdova. 

Ante la reducción en las pensiones y los cambios al Sistema de Retiro de la UPR, el portavoz de la APPU manifestó que es injusto y errado llevar a cabo reducciones a los beneficios a los pensionados. “Nuestros pensionados completaron sus servicios a la Institución contando con ingresos que les permitirían sostenerse una vez concluida su vida laboral. Rechazamos además enérgicamente que se pretenda congelar el plan de beneficios definidos y sustituirlo por uno de contribución definida. Esto implicaría la destrucción del plan actual que representa posiblemente el beneficio principal de sobre 19,000 participantes del Sistema. Los beneficios de Retiro son uno de las herramientas más importantes para el reclutamiento del mejor recurso humano para la Institución.

Javier Córdova, hizo un llamado a todos los universitarios a sumarse a las diversas actividades en contra del plan certificado el cual describió como nefasto plan, así como a todas las iniciativas de defensa de nuestra Universidad.

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