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¿Hay mañana para el PPD?

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Por Noel Colón Martínez

Publicado: martes, 22 de julio de 2014

En la primera mitad de la década del sesenta del pasado siglo el liderato del Partido Popular se vio enfrentado a una pléyade de jóvenes que cuestionaron, desde diversas aproximaciones, al liderato de ese partido. Se nos denominó como el grupo de los veintidós. Los más vocales éramos soberanistas convencidos. Sabíamos, y lo evidenciábamos con datos irrefutables, que el curso de acción de ese partido no sólo se dirigía a apoyar eventualmente la estadidad sino que ese instrumento sólo servía como un incondicional servidor del emplazamiento económico de Estados Unidos en Puerto Rico. Muñoz Marín, extemporáneamente, había empezado a defender el voto presidencial tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico así como la aportación económica del ELA a los fondos del tesoro federal, con lo que se implicaba la renuncia eventual de la llamada autonomía fiscal del ELA.

En esa aventura Muñoz arrastró al PPD, que terminó consignando en su programa que la relación política con Estados Unidos sería en adelante una de unión permanente, sustituyendo la anterior relación programática que se designaba como una de asociación política. Fueron los años en que se entronizó la letanía del mercado común, de la defensa común, de la ciudadanía común, así como un pleno compromiso y devoción con el sistema democrático, que en nuestro caso encubría el más estructurado colonialismo. Pero el futuro de ilusiones y falsedades llegaría necesariamente a su fin y ha llegado.

El ELA representa una relación colonial y territorial, lo ha reiterado el Comité de Descolonización de la ONU, lo ha repetido la historia de las relaciones, pero además lo dijo el pueblo al rechazar esa relación en el último plebiscito del 12 de noviembre de 2012. Como aquél fue el plebiscito de Fortuño, es necesario hacer ahora el plebiscito de Alejandro e intentar virar la tortilla usando una petición que hiciera Obama al Congreso para que separaran 2.5 millones de dólares para la celebración de un plebiscito en Puerto Rico si el de gobierno del ELA así lo decidía. El Gobernador, que prometió que su primera legislación sería sobre la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Estatus, se olvida (no temporalmente) de este compromiso y se aviene a un nuevo plebiscito bajo la estricta supervisión del Procurador General de Estados Unidos en cuanto a las alternativas y, además, supuestamente vinculante. Significa que el imperio va a decidir las alternativas de la colonia en un proceso presuntamente de autodeterminación política.

El PPD se enfrenta de momento con la obligación de ponerse de acuerdo sobre una definición, viable constitucionalmente, sobre el contenido y futuro desarrollo político del ELA para ofrecérselo al mayordomo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que los estará esperando con las mismas tijeras que usaron para mutilar la Constitución en 1952. No sé si el plebiscito se efectuará en o antes de las elecciones congresionales de este año, con la posibilidad de un Congreso más Republicano que el actual, o esperarán estar más cerca de las próximas elecciones presidenciales para poder atisbar si el nuevo presidente del imperio será Republicano o Demócrata. No debemos pasar por alto que para los Populares un plebiscito suscita importantes luchas ideológicas pero no así para el liderato del PNP que se agarra de 50 modelos funcionando. La lucha ideológica dentro el PPD tiene una frontera reconocida: la Constitución de Estados Unidos y, sobre todo, su cláusula sobre territorios.

Los conservadores dentro del PPD no se vislumbran funcionando dentro de una verdadera autonomía. Ellos entienden que se trata de lograr controlar pequeñas áreas de ejercicio de poder o competencias, por ejemplo -permiso para atender la emigración, permiso para atender asuntos de cabotaje, permiso para atender asuntos de salarios. Actúan como actuaban los tibios durante el colonialismo español que sólo llegaban a la autonomía administrativa porque no tenían confianza y seguridad de que pudieran obrar fuera del poder metropolítico de España en Puerto Rico. Baldorioty, que aspiraba a ir más lejos que sus compatriotas autonomistas, se vio obligado a aceptar la negociación de una autonomía que Cuba rechazaba por insuficiente e indigna.

Los conservadores del PPD parecen estar tranquilos con que lo que dispuso Estados Unidos cuando su Congreso aprobó el artículo 14 de la primera Ley Orgánica (Ley Foraker) en 1900 y que permanezca siendo la clave de la relación política futura. El Congreso, por el poder que le concedía la cláusula de territorios de su Constitución, dispuso que todas las leyes que aprobara el Congreso en el futuro tendrían la misma fuerza y efecto en Puerto Rico que en Estados Unidos. El mismo lenguaje con la misma intención lo incorporaron en el artículo 9 de la Ley Jones de 1917 y lo remacharon en el artículo 58 de la Ley de Relaciones Federales, remitiéndonos a la vieja Ley Foraker cuando se inició el proceso constitucional del 1950. Esa repetida y colonial disposición estatutaria del Congreso y su madre, la cláusula territorial de la Constitución de allá, constituyen en este momento la frontera del diferendo ideológico en el PPD. Esa realidad fue lo que llevó a José Trías Monge a concluir que éramos meramente una colonia de Estados Unidos.

El Popular que entienda que cualquier relación futura debe estar regida por esas disposiciones constitucionales y legales impuestas históricamente por Estados Unidos, entiende que la relación debe seguir siendo colonial y territorial, aunque diga que aborrece esas caracterizaciones. Pero hay muchos Populares que entienden que ha llegado el momento de salirnos del control congresional y aceptar que toda relación futura debe estar sustentada en principios de soberanía política del ELA, entendiendo además que en este momento el mecanismo único que garantiza un proceso democrático para lograr relaciones futuras armónicas y legítimas es la convocatoria de una Asamblea Constitucional de Estatus, que respete la diversidad ideológica que prevalece en nuestra nación y que se proponga como fin último el logro de relaciones no coloniales ni territoriales.

Independientemente de sus enormes limitaciones, el experimento de reforma constitucional de 1950 al 1952 tuvo el efecto positivo de ofrecernos la posibilidad de experimentar con el difícil proceso transaccional y de negociación a lo cual obliga toda experiencia de asamblea. El PPD está moralmente obligado a convocar una ACS porque no se trata de que lo colocara en su plataforma o programa político sino porque la campaña que se desarrolló en San Juan, dirigida por Carmen Yulín Cruz, tuvo como bandera de triunfo, entre otras ideas claves, el tema de la asamblea y fue con los votos de San Juan que se alzó con la victoria Alejandro García Padilla. No fue con los votos de Ponce.

Abandonar ese compromiso ahora, diz que posponiéndolo para mañana, es ignorar la profunda crisis por la que atraviesa el país y sobre todo para el PPD. ¿Es sensato pensar que tiene mañana el PPD frente a este menoscabo de su capacidad para cumplir, colocando a su vez a sus afiliados nuevamente en la frontera de la más seria confrontación ideológica? Se las juega el PPD pues el 12 de noviembre de 2012 sus electores le enviaron un claro mensaje que ahora es nuevamente desatendido porque hay que atender a la facción más conservadora, y a mi juicio, menos democrática de ese partido.

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