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Consistente la oposición sindical a privatización del aeropuerto

Los dirigentes sindicales Ingrid Rosario y Ángel Figueroa Jaramillo, dejaron el contundente rechazo del movimiento sindical al contrato de privatización del Aeropuerto Internacional LMM, por el impacto negativo para el país y los trabajadores.
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Por Perla Franco

Publicado: martes, 5 de febrero de 2013

No se trata de oponerse por oponerse. Los argumentos son válidos y contundentes y las preocupaciones genuinas.

En las vistas del pasado viernes en la Cámara de Representantes donde se escucha el sentir de diversos sectores sobre la privatización del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM), la Coordinadora Sindical (CS) y la Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas de la Autoridad de Puertos (HEO) manifestaron su rotundo rechazo a esa transacción.

En representación de la CS, que agrupa a cerca de 20 mil trabajadores, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, expresó cómo desde la década de los años 80 se ha tratado de imponer en Puerto Rico la privatización como una visión que va en contra del servicio público y el desarrollo del país, ya que nace del sector privado para robustecer sus intereses individuales, del que a su vez se benefician los políticos con sus donativos. Por su parte, Ingrid Rosario, presidenta de HEO, quien representa a cerca de 500 trabajadores, 200 de ellos del AILMM, manifestó la incertidumbre que impera entre los trabajadores del aeropuerto con la privatización, ante el desconocimiento de qué sucederá con el convenio colectivo vigente y con el futuro de sus representados.

En su ponencia, Figueroa Jaramillo recorrió los intentos de privatización en el país que se han querido imponer desde los años 80 y que ahora se les ha querido llamar Alianzas Público Privadas (APP). Indicó que éstas no son otra cosa que entregar a manos privadas por largos períodos haberes del gobierno, aún cuando aquellas destruyan un bien público que luego el gobierno tiene que retomar en peores condiciones a como las cedió. Ese es el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; la privatización de algunas de las rutas de la AMA mediante el Metrobus, que no ha mejorado la transportación pública y es más cara que las rutas regulares; la cogeneración de energía eléctrica, que ha encarecido el costo de la luz; y la venta de los activos de corporaciones públicas como Navieras de Puerto Rico y la Puerto Rico Telephone Company, entre otras, que no han mejorado el servicio que antes ofrecía el gobierno. Además está, mencionó “la subcontratación de las múltiples funciones del gobierno central y de las corporaciones públicas” a manos privadas lo que ha aumentando los costos de los servicios a los ciudadanos. De todo ese proceso, señaló, han surgido “semilleros de corrupción” que han llenado de dinero el bolsillo de políticos y empresarios, “algunos de los cuales completaron sus días de gloria en los tribunales o en la cárcel”. “En todos los casos” puntualizó, “han sido la supuestas necesidades económicas del gobierno y no las reales necesidades económicas de la población, lo que ha estado presente”.

En lo que concierne a la privatización del AILMM, Figueroa Jaramillo lo llamó “la herencia de ese pasado cercano” que se vuelve a repetir, que legalizó la pasada administración de gobierno con la Ley 29 de 2009 y “hoy (es) defendida por los portavoces de ambos partidos de mayoría”. Entre las preocupaciones sobre esa transacción, manifestó que los trabajadores del aeropuerto, de ser contratados por un nuevo patrono privado “entrarían como nuevos empleados de un nuevo patrono perdiendo así no solo la antigüedad, sino los términos y condiciones de empleo hoy asegurados por su convenio colectivo, incluyendo sus actuales estructuras salariales de retribución y sus beneficios marginales”. Un nuevo patrono privado, añadió, los colocaría para fines de negociación colectiva fuera de las disposiciones de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico y de la Ley Nacional Obrera de Ferrocarriles de Estados Unidos que también le cobija. Enfatizó en que el gobierno no tiene manera de obligar a un patrono privado a mantener los empleados y a no aumentar las tarifas, como ha dicho el gobernador Alejandro García Padilla que ha puesto como condición al privatizador.

Por su parte, la Presidenta de HEO manifestó “preocupación e incertidumbre” con relación al convenio colectivo de sus representados que vence el 30 de septiembre de 2016. “Hasta el momento no ha habido expresión alguna por parte de la Autoridad de Puertos (AP), ni escrita ni verbal, que aclare el destino de las obligaciones contractuales que surgen de su convenio colectivo con la HEO y sobre las consecuencias sobre dicho convenio colectivo a tenor con la firma de este ‘Lease Agreement’, firmado con la privatizadora Aerostar. Cabe señalar, que la realidad de la ley bajo la cual negocian las corporaciones públicas con sus trabajadores, la Ley 130, -como lo es el aeropuerto a través de la Autoridad de Puertos-, señala como práctica ilícita el que un patrono viole los términos de un convenio. Además, mandata la negociación de cualquier subcontratación de labores que realice la unidad contratante representada por la Unión”. Ambas cosas son interrogantes que la Presidenta de HEO desconoce cómo atenderá el gobierno ante el privatizador. La HEO, indicó Rosario, se ha reunido con el representante de Aerostar en dos ocasiones pero “de manera breve y de naturaleza general”.

Comerciantes exigen contratos razonables
Otros que depusieron en las vistas de la Cámara de Representantes el pasado sábado fueron los comerciantes del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM). Comparecieron por un lado Enid Monge, la presidenta del Centro Unido de Detallistas que agrupa a 22 pequeños empresarios locales que operan en ese aeropuerto; la representante legal de Subway, Sonia M. Vázquez Cintrón, cuya franquicia tiene dos locales en el aeropuerto; y Víctor Ruiz, quien se identificó como representante de los concesionarios de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) del aeropuerto. En todas sus ponencias, el reclamo fue similar: que se les dé seguridad de empleo a los comercios netamente puertorriqueños que operan en el aeropuerto, que emplean unos 200 trabajadores, muchos de los cuales viven con la incertidumbre de día a día de que sus contratos están vencidos y no se les han querido renovar. Solicitaron también que se les establezcan cánones de arrendamiento razonables y que no se eleven los mismos al doble como se les ha querido hacer (en el caso de Subway). Destacaron que el privatizador ha priorizado en las negociaciones con las dos grandes cadenas de tiendas que operan en el aeropuerto, International Meals Company y Duty Free Shop. Los comerciantes reclamaron tanto a la Legislatura como al Gobernador (que ha manifestado su interés de concentrar sus estrategias de empleo fomentando al pequeño y mediano comerciante), que interceda por las empresas PYMES nacionales representadas en el AILMM.

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