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Movimiento por la Niñez y la Educación Pública

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Por Cándida Cotto

Publicado: miércoles, 9 de mayo de 2018

 

ccotto@claridadpuertorico.com

 

Portavoces del Movimiento por la Niñez y la Educación Pública (MPNEP), denunciaron como un retroceso, una ley innecesaria que no añade ningún beneficio a la población con diversidad funcional, por el contrario representa un retroceso que pone en riesgo muchos de los derechos de este sector de la sociedad, el proyecto PC 1484 que pretende sustituir la actual Ley Núm. 51 de 1996. 

En conferencia de prensa, el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, la exsenadora del Partido Independentista Puertorriqueno (PIP), licenciada María de Lourdes Santiago, Jinnette Morales, madre de una niña con diversidad funcional y la especialista en educación especial, Jessica Guardiola, denunciaron los peligros que representa el citado proyecto y la obstinación de su proponente el representante, Rivera Ortega de que el proyecto será aprobado. 

Burgos Pérez, quien ha intervenido en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez, denunció de manera enfática que el proyecto que pretende resumir las leyes que ya existen relacionadas con los servicios educativos a esta población es uno totalmente innecesario y está relacionado con la llamada reforma educativa y el cierre de escuelas en el país, lo cual tiene un impacto mayor en la población de diversidad funcional en el país. 

“No hace falta mayor legislación en términos de los derechos de la población con diversidad funcional en términos educativos. En este país lo que se necesita es que las leyes que existen, que las decisiones que existen estipulaciones que existen en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez se respeten”, exigió. 

Al denunciar que los problemas con los servicios educativos a esta población no se resuelven con más legislación, el activista por los derechos humanos, reiteró que no es un asunto de nueva legislación, “sino que se resuelven con un asunto de voluntad, de compromiso con esta población”

En su lugar expuso que el Proyecto lo que hace es añadir riesgos. Por ejemplo: el proyecto pretende segregar a la población de educación especial de los procesos del Departamento de Educación (DE) con una nueva Secretaría. Explicó que esta separación no toma en cuenta que la inmensa mayoría de los estudiantes del Programa de Educación Especial (PEE) ya están dentro de la corriente regular. Por lo tanto si se separan sus asuntos de los procesos del DE se corre el riesgo de que los procesos de los estudiantes del PEE no sean atendidos porque no se atenderían los componentes de la educación regular. A parte de lo que se aspira dentro de la educación especial es que los niños en lugar de ser segregados estén más incluidos en la corriente regular. Otro aspecto del proyecto que dijo es peligroso es el nombramiento de jueces administrativos con el consentimiento del Senado, para resolver las querellas, o casos de incumplimiento con el DE. Advirtió que esto pone en riesgo los fondos de la ley federal IDEA ya que esta ley establece que los jueces administrativos dentro de los procesos de trámite de querellas no pueden ser empleados del gobierno o agencia.

“No vemos cómo lo van a separar porque van a tener un proceso muy parecido al nombramiento de fiscales o jueces del Tribunal de Primera Instancia y eso los va convertir para todos los fines en empleados del gobierno”, reparó en que estos nombramientos se prestan para la politiquería, además de que añade un escalón en el proceso para los padres, los cuales tendrían que acudir al tribunal para exigir los servicios educativos para sus hijos e hijas. 

A esto se agrega que la medida incluye aspectos que ya están atendidos en las estipulaciones del pleito de clase que fueron acordadas en el 2002 y que todavía están en el proceso de determinar si el DE esta cumpliendo con esas estipulaciones. Burgos Pérez llamó la atención a que si se eleva a rango legislativos las estipulaciones del pleito de clase se corre el riesgo de que venga otra legislatura y de un tizaso “elimine de golpe y porrazo lo que son 38 años de lucha de la población de educación especial”.

Como si no fuera suficiente el proyecto pretende certificar el mecanismo de intersesoría, el cual al presente se ofrece de manera voluntaria por padres y madres. Es cuando padres y/o madres acompañan a otros en reuniones, vistas con el DE con relación a reclamos de servicios para sus hijos o alguna otra situación. Esto se elimina con la legislación y se establece una estructura para los intercesores y aunque no describe requisitos se les exige una licencia. 

En tanto la exsenadora Santiago, reiteró, “todos coincidimos en que la ley no sólo es innecesaria, es un retroceso en la Educación Especial. Lo que ha hecho el representante Rivera Ortega es simplemente recoger y traducir en ocasiones de manera muy imprecisa elementos de legislación federal o incorporar algunas cosas de la legislación vigente, de una forma brusca, muy deficiente en su estructura”. 

Para comenzar apuntó que no se provee ninguna transición y la ley comenzaría a aplicar después de su aprobación a pesar de que para ponerla en marcha requeriría importantes ajustes en el DE. Entre los derechos -que indicó- se eliminan está la participación de los padres y maestros en la preparación del programa educativo individualizado (PEI). Ahora en la preparación del PEI los especialistas que atienden al estudiante son los que llevan la voz cantante. La nueva ley establecería que si hay que hacer evaluaciones adicionales las hará el personal del DE y se llevará a votación. “Vas a llevar a votación si un estudiante necesita evaluación adicional cuando el Departamento de Educación es el que se niega a dar el servicio”, cuestionó en tono indignado. 

Por otro lado -continuo- en términos fiscales el proyecto pospone la fecha en que tiene que estar listo el PEI. En el presente la ley dice que el PEI tiene que estar listo cinco días antes de que acabe el semestre. La razón para este plazo es que el año fiscal termina el 30 de junio y se supone que el DE reciba todos los PEI para preparar el presupuesto. Santiago levantó el que “si ahora es y es difícil, se podrán imaginar que todo ese proceso se traslade a agosto, va a llegar diciembre, febrero y los niños no van a recibir ningún servicio”.

Más aún el proyecto tampoco habla nada de presupuesto, por lo que tienen la preocupación de que ahora con la Ley 85- no se sabe cómo es qué se va a distribuir el presupuesto del DE con la reforma educativa, tampoco se conoce qué es lo que va a pasar con los fondos del PEE. Levantaron que si se sigue con el principio del DE de que cada estudiante tiene un precio (se habla de alrededor de seis mil dólares por estudiante) los estudiantes del PEE estarán en desventaja porque necesitan más recursos.

Santiago también alertó a que la medida pretende establecer que los servicios se prestarán por encima de lo que diga cualquier otra ley, o convenio colectivo, según lo disponga la secretaría. A su juicio esto significa un “flexitime”, además según el legislador y proyecto se le concede a la secretaría una “autonomía docente”. Para Santiago lo mas preocupante del PC 1484, es que lo que persigue es cerrar el pleito de clase y acabar con la intervención judicial. 

En tanto Jinnette Morales, recalcó las denuncias de sus compañeros de que la Ley no atiende los problemas reales que tiene la niñez de EE. “La Ley no parte de los problemas reales que tiene nuestra niñez, los problemas reales están en el incumplimiento, en la falta de voluntad por cumplir, en las malas ubicaciones que tienen nuestros niños en el Departamento, en unos servicios relacionados, de unos contratos que le exige el Departamento que no rehabilitan a nadie. No hay nada en la ley que tenga que ver con los problemas que tiene nuestra niñez”.

 

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