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El chantaje de la Ley 80

Publicado: martes, 29 de mayo de 2018

Ni un solo economista serio de Puerto Rico ni de ningún lugar le ha dado la razón a la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, cuando ésta afirma que la derogación de la Ley 80 de 1976 tendría el efecto de mejorar la productividad de nuestros trabajadores y trabajadoras, y por ende, servir de estímulo para el desarrollo económico de Puerto Rico. De hecho, el consenso entre los que se han expresado sobre el asunto es que no existe evidencia empírica que sostenga dicha aseveración.

La afirmación de Jaresko se produjo en la entrevista que le hizo un colega periodista de un medio televisivo quien le insistió a la ejecutiva que explicara por qué la Junta considera tan crucial la derogación del estatuto que protege a nuestros trabajadores del despido injustificado. A falta de una respuesta lógica, seria y contundente, Jaresko solo dijo que se trataba de un asunto de productividad.

La derogación de la ley 80 ha sido la ficha de chantaje para el acuerdo negociado entre la JCF y el gobernador Ricardo Rosselló sobre el nuevo presupuesto de Puerto Rico. El Gobernador negoció la eliminación de la ley 80 a cambio de que la JCF se haga de la vista larga sobre los aumentos que el presupuesto contiene para su oficina, la oficina de la Comisionada Residente y la Administración de Asuntos Federales en Washington (AAFAF) y, de paso, mantener como está el presupuesto de la Legislatura. Hasta la controvertida Comisión Estatal de Elecciones sale ganando con un jugoso aumento de presupuesto, aunque sean conocidos el despilfarro y los traqueteos que ahí ocurren.

 Nadie ignora lo que estos aumentos significan: dinero para gastar en la próxima campaña eleccionaria de 2020 y en la agenda anexionista que el gobierno de Rosselló persigue sin éxito en Washington. Por eso, la aseveración de Jaresko de que la eliminación de la Ley 80 es un estímulo a la productividad en Puerto Rico es un insulto a quienes laboran a diario en empresas diversas, muchas veces por un salario inferior al que reciben quienes realizan labores similares en Estados Unidos. 

Esta falta de seriedad del Gobernador y de la JCF debe ser motivo de indignación para todas las personas inteligentes, conscientes y sensibles en nuestro país. Sobre todo, porque es una falsedad que los trabajadores puertorriqueños sean improductivos y que la ley 80 fomente su improductividad, como sugirió Jaresko en su despectiva respuesta al periodista. 

De hecho, nuestros trabajadores y trabajadoras son tan productivos que las empresas estadounidenses que operan en Puerto Rico cada año repatrían ganancias astronómicas de cerca de $40 mil millones. Lo que el capital estadounidense se lleva de Puerto Rico supera en proporción de 3 a 1 las supuestas “ayudas” que envía el Gobierno Federal. Si no obtuvieran esas ganancias fuera de liga, hace rato que las empresas estadounidenses se habrían retirado. Están aquí porque sus operaciones son muy productivas y lucrativas, y no porque quieran hacerle favor alguno a nuestro pueblo. Y obtienen esas ganancias fuera de liga gracias al esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. 

Es posible que haya en Puerto Rico quien espere una actuación distinta de la JCF. Por ejemplo, habrá quien piense que la JCF debería estar realizando la supuesta tarea que le encomendó la Ley PROMESA: velar por el buen manejo de las finanzas públicas en Puerto Rico y desarrollar un plan de reavivamiento económico para el País. 

Esos seguidores deben estar frustrados de que, hasta este momento, la JCF haya fracasado en su gestión. Están demostrando sus verdaderos colores; que poco les importa lo que Rosselló haga con el presupuesto si les cede el premio que les interesa, el cual no tiene nada que ver con rehabilitación fiscal ni desarrollo económico, sino con codicia pura y dura. Los miembros de la JCF no creen en Puerto Rico ni en el trabajo y potencial de su gente. También comparten la ideología y modos de operar del gran capital apátrida en Estados Unidos, una ideología donde privan la supervivencia del más fuerte y el mollero del que más capital genere. 

Las cadenas y conglomerados estadounidenses que operan aquí, y muchos empresarios del patio acostumbrados a la beneficencia gubernamental, pretenden recibir en bandeja de plata la Ley 80, cortesía del Gobierno de Puerto Rico y la JCF. Sería un negocio redondo para ellos, y también para el Gobernador que sólo piensa en su reelección. También para la JCF que cumpliría con sus jefes en el Congreso de Estados Unidos, abriéndole otra puerta a los conglomerados y empresas que aspiran a repartirse los recursos de Puerto Rico como si fueran un bizcocho.

Su lógica es la misma de los acreedores que forman parte del entramado del capital que sostiene las carreras políticas de los senadores y representantes en el Congreso Federal. Por eso es la obsesión de la JCF con la Ley 80, o con cualquier otra disposición o práctica que pueda servir de cortapisa al “banquete total” que los acreedores, los empresarios y el Congreso se tienen dispuesto.

En manos de las Cámaras Legislativas de Puerto Rico –y específicamente del Senado– queda entonces la responsabilidad de hacer frente a las pretensiones del Gobernador y la JCF, negándose a derogar la Ley 80. El pasado 1ero. de mayo, el Presidente del Senado reiteró su apoyo a los reclamos de un grupo de líderes sindicales que visitó su oficina tras realizar una protesta frente al Capitolio contra la llamada Reforma Laboral y la eliminación de la Ley 80. 

Mientras desde La Fortaleza tuercen brazos a diestra y siniestra para obtener los votos necesarios para lograr su objetivo, el Presidente del Senado está en récord diciendo que no va a darle paso a la derogación del estatuto. Ante sí tiene la oportunidad histórica de crecerse y no ceder ante este burdo chantaje.

 

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