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Derribando mitos sobre el sistema eléctrico

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Por Cándida Cotto

Publicado: martes, 29 de mayo de 2018

A juicio del profesor Alfredo González Martínez, la forma en que el gobierno de Puerto Rico, trata de desprenderse de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), disminuyendo su valor, para venderla como “pescao abombao”, levanta cuestionamientos respecto a cuál es el propósito ulterior de su privatización. 

El planteamiento fue expuesto en el foro: Ruta Energética: Derribando Mitos y apoderando a la ciudadanía, auspiciado por las organizaciones Cumbre Social y Cambio PR, celebrado en días recientes en la cede del Colegio de Ingenieros. El cuestionamiento parte de un extenso estudio –comisionado a su vez por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER)– realizado junto a su colega economista José I. Alameda Lozada, del proyecto PS 860 dirigido a la privatización de la AEE. La Legislatura nombra el proyecto como La Transformación del Sistema Eléctrico de Puerto Rico. La medida, que ya fue aprobada en la Cámara, se encuentra pendiente de aprobación en el Senado. 

González Martínez indicó que la tendencia internacional es considerar la energía eléctrica como un servicio público esencial que está reconocido como un derecho ciudadano por las Naciones Unidas (ONU). En el caso de Puerto Rico narró que ese derecho adquiere un sentido histórico ya que desde principios del siglo XX se vio como un insumo para el desarrollo económico y el servicio es un indicador de desarrollo económico. 

Un aspecto medular de toda la discusión sobre la producción de energía hasta ahora poco debatido que presentó es el carácter de industria de “monopolio natural” que posee la energía eléctrica versus lo que es un monopolio privado. Contrastó que la empresa privada suministra la electricidad procurando maximizar sus ingresos y desplazar los costos de la empresa hacia lo público, hacia el estado. No se consideran otros criterios de bienestar social que modifiquen las condiciones de los ciudadanos más vulnerables, el sentido de eficiencia de un monopolio privado es un sentido de beneficiencia privado y de corto plazo, no de beneficiencia social que cumpla con los propósitos de la comunidad. 

El proyecto que está ante la Legislatura –apuntan los economistas González Martínez y Alameda Lozada– ignora por completo el atributo del concepto de la energía eléctrica como un monopolio natural, una forma especial de monopolio. González Martínez describió que la condición de monopolio natural surge de la característica peculiar de la demanda y producción de ese producto. Un monopolio natural se describe como la de un servicio esencial a la comunidad cuya ausencia causa amplio daño, el beneficio social supera el beneficio privado, es un servicio que tiene unas ramificaciones que van mas allá de una sola persona, su demanda es una elástica, quiere decir que la cantidad que se compra varía más que el precio. 

En este contexto González Martínez, levantó bandera y señaló que hay una contradicción en pretender vender una empresa pública desacreditándola y dejando que se deteriore el activo. En esa dirección denunció que la venta de la AEE podría ser un ejemplo de una tendencia internacional de consolidación financiera para hacer que todas estas propiedades que tienen su valor en la capacidad de producir un flujo de efectivo continuo a corto plazo sirva para formar un conglomerado internacional del cual Puerto Rico pudiera ser la nueva carbonera del siglo 21. El fin sería desde aquí ser un enclave para producir energía como parte de un conglomerado internacional para servir a la región antillana. Afirmó que eso podría ser parte del esquema de que se trate de vender a la AEE al nivel más barato que se pueda. 

“La transformación del sistema que se propone es un proyecto que encausaría a una transformación perversa del sistema de energía eléctrica al conducirnos a una transferencia y una administración inapropiada de los activos sin salvaguardar el bienestar público, se enajena un poder público y se prevarica una obligación del estado”, declaró el veterano economista. Denunció, además, que el proyecto de la Legislatura no sólo ignora el atributo de la industria eléctrica como un monopolio natural, sino que tampoco consagra el servicio eléctrico como un derecho humano, y es considerado un servicio ordinario más. 

El extenso estudio de González Martínez y Alameda Lozada, desmiente la alegación del proyecto de que la privatización bajara las tarifas del servicio. El estudio afirma que pasar de un monopolio natural público o natural privado, aun con tres o cuatro empresas privadas no bajará las tarifas de la luz, por el contrario aumentarán ya que hay que ganar dinero para los accionistas y mantener alta la cuenta de ganancias retenidas para inversiones futuras. Tampoco habrá subsidios a municipios, residencias de personas de menores ingresos, etc. Además desmiente que el régimen privado garantice un mercado de libre competencia en el que se suministre un servicio en la cantidad y de la calidad socialmente óptima a la menor tarifa posible. 

En esa dirección el estudio destaca que la empresa privada necesita el mercado y la demanda y en el caso de Puerto Rico la demanda por la electricidad ha ido reduciéndose de manera rápida, a lo que advierte que la privatización posee el peligro de que ocurra un ajuste tarifario. Esto se confirma con el mismo Plan Fiscal de la AEE del 28 de abril de 2017. En este PF se mide el déficit tarifario de la operación de la AEE en la energía eléctrica desde el 2011 al 2016 y se reconoce que la AEE vendió la electricidad entre 5 a 6 centavos menos del costo necesario. Los economistas cuestionan entonces, si la empresa privada hubiese hecho eso. 

La respuesta de González Martínez y Alameda Lozada, es que podían colegir que la empresa privada en aras de cubrir sus costos operacionales, la tarifa tendría que ser mayor, por lo menos 5.5 centavos en kvk. Añaden que usando las mismas proyecciones del PF se podía concluir que el pago adicional de todos los sectores clientes de la AEE llegaría entre el 2019 al 2023 a $3,442 millones. Se repartiría en: residencial $1,281 millones: comercial $1,664 millones: e industrial casi $500 millones. 

En fin, entre sus conclusiones destacan que estudios previos confirman que en ningún país en el que se haya privatizado el sector eléctrico se ha tenido los beneficios esperados. Por el contrario se ha experimentado falta de inversión, incremento en tarifas y un servicio cada vez más deficiente. Mientras en Estados Unidos la tendencia a raíz de la des reglamentación de los mercados energéticos ha sido que las empresas poderosas se han consolidado en busca de las condiciones de economía de escala, que es la característica del monopolio natural privado. A lo que advierten que es muy probable a que sean estas empresas consolidadas las posibles compradoras y/o administradoras de la AEE. 

En conclusión se recalca que la privatización del sistema eléctrico de Puerto Rico, a base de las experiencias en otros lugares y la historia de la des reglamentación, convierten el intento general en uno de alto peligro para la economía del país y sus residentes. 

En el foro, Ruta Energética participaron además, Kathy Kundel, (vía scan), analista de energía del ‘Institute for Energy Economics and Financial Analysis’ (IEEFA); el presidente interino de la Comisión de Energía de Puerto Rico, ingeniero José H. Román Morales; el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, y el profesor Dr. Agustín Irizarry. A excepción de Román Morales, el resto de los deponentes, aun cuando reconocieron que la AEE tiene problemas internos y externos, ha recibido intervención político partidista que la han llevado a la situación actual, rechazaron la alternativa de la privatización. Mientras Román Morales, planteó que para la discusión sobre privatización o no, lo primero que había que definir era cuál era el propósito del cambio. 

 

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