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La eliminación de la ley 80 no generará mas empleos

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Por Cándida Cotto

Publicado: martes, 29 de mayo de 2018

Más allá de negociar la derogación de la Ley 80 a cambio de un sustancioso presupuesto para su Oficina de la Fortaleza, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, cedió a aspectos que conllevan mayores repercusiones. 

Como ya se conoce fue la Directora Ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, quien en una entrevista con el periodista Rafael Lenin López, reveló la negociación sobre el presupuesto. El presupuesto de la Oficina de la Fortaleza que era uno de los puntos en el Presupuesto en disputa entre la Junta y el Gobierno aumentó de $15.5 millones a $43.8 millones. 

Pero como se dijo antes, además de la eliminación de la Ley 80, el Gobernador también cedió a las exigencias de los acreedores para la descomposición del aparato público y los sistemas de retiro. Ese es el análisis que hizo en entrevista con CLARIDAD el economista y abogado Heriberto Martínez Otero. La eliminación de la Ley 80 –denunció– está vinculada única y exclusivamente a valores ideológicos. 

Explicó que en las teorías económicas ortodoxas o tradicionales se plantea que el mercado es más eficiente que el estado. Desde esta teoría la Ley 80 representa una regulación del estado que distorsiona e interfiere con el buen funcionamiento del mercado. El argumento es que si se elimina la Ley bajan las contribuciones, se eliminan las reglamentaciones estatales del mercado y el mercado va a empezar a crecer, va empezar a trabajar de manera más eficiente y va a terminar generando más empleos, lo que en el largo plazo va a beneficiar a todos los trabajadores. Al disminuir el desempleo el valor del salario real va a ir aumentando porque los patronos, si quieren conseguir empleados diestros, van a tener que pagar por ellos. 

Martínez Otero destacó que una cosa es la teoría y otra es la realidad, desmintió además la impresión de que en los estados haya una libre disposición del empleado. “Cuando se va a la práctica, esta teoría no ha sido probada en ningún país, ni en ninguna jurisdicción de Estados Unidos, incluso en los estados que dicen que no hay nada como la Ley 80, existe una cosa que se llama ‘hostile work enviroment’ (ambiente de trabajo hostil) lo que significa que hay unas causales de despidos y renuncias que si el empleado siente que fue gracias a un ambiente hostil provocado por el patrono o por el propio ambiente laboral, sin que el patrono hiciera nada, el empleado perjudicado puede demandar al estado, éso es lo que no se está discutiendo aquí, aquí se está hablando Ley 80 sí o no porque en los estados no existe”. 

El profesor de Economía trajo a la atención declaraciones del Gobernador de que la negociación de Ley 80 no era para balancear el presupuesto, sino que era para tener una mejor posición en la negociación con los acreedores y en la reestructuración de la deuda. 

Para Martínez Otero estas declaraciones significan que los que están dictando la política pública en Puerto Rico, tanto al gobierno como a la JCF son los acreedores. Su conjetura es que los acreedores le han dicho a la Junta y al Gobierno que si quieren una “buena negociación” tienen que demostrar que están dispuestos a ceder algo y ese algo ha sido la Ley 80, la descomposición del aparato público y los sistemas de retiro. 

Según expuso la relación entre las pensiones y la deuda pública responde a que la deuda pública de Puerto Rico al igual que la de muchos países y jurisdicciones es deuda de largo plazo. Esto significa una emisión de bonos de 30 años durante los cuales se está pagando el interés y al final hay que pagar la totalidad del bono. La única otra obligación, que es paralela a esa deuda pública, son los sistemas de retiro, por eso en los sistemas de retiro se habla de balances actuariales. Los sistemas de retiro son unas deudas que tiene el gobierno de Puerto Rico con respecto a los retirados por los próximos 30 años o el tiempo que dure el retirado vivo, esto significa que en la medida en que la gente se siga retirando y las obligaciones con retiro vayan aumentando podría ir en detrimento de las obligaciones de la deuda. 

De acuerdo a Martínez Otero, miembro de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política (APEP) los acreedores le están diciendo al Gobierno que si le van a recortar a ellos entre un 15% a un 20% del principal de la deuda, a los retirados también hay que recortarles algo. Frente a esta situación coincidió con la apreciación de que el país es un rehén de los bonistas y agregó que en el neoliberalismo el sector financiero ha desplazado al sector industrial y es el que está decidiendo dónde se va invertir el dinero y cuáles son los países a los que se les va a dar mas liquidez para el desarrollo. 

En este contexto Martínez Otero atribuyó que ya el gobernador Rosselló Nevares entendió lo mismo que el exgobernador Alejandro García Padilla, de que si no tiene la voluntad política para hacer los cambios que se tienen que hacer con respecto a nuestro modelo productivo, como lo son el apoyo al cooperativismo, a las pequeñas empresas, el proteger a la clase media en Puerto Rico, lo que va hacer el gobernador es ser flexible con todas las peticiones que tienen los acreedores con respecto al país, y lo que le queda es la inviabilidad de su proyecto político. Denunció que el ceder ante los intereses de los acreedores va a llevar al ejecutivo a que cuando termine su término le acepten en alguna firma de negocios, cabilderos, abogados etc. 

“El gobernador Rosselló parece que entendió eso perfectamente y no va ser un líder defensor de las clases medias en Puerto Rico y lo que está buscando es cómo posicionarse con estos sectores para acceder a puestos administrativos con estas empresas”, afirmó. 

Para sustentar su denuncia recalcó que todas las ideas que estaba presentado el gobernador Rosselló Nevares le han colapsado y ahora en adelante lo que hará será coger las propuestas de la JCF y atemperarlas a su discurso, excusas para no aumentar el salario mínimo, el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la privatización de la AEE, aun cuando el gobierno sabe que no se puede ya que está bajo el Título III de la Ley Promesa. 

En esa dirección observó que el presupuesto es una herramienta para definir la identidad ideológica y las prioridades de un gobierno, al dividirse en tres áreas fundamentales; el gasto público, la inversión social y el servicio a la deuda. 

Ante este escenario de ineptitud y cobardía el entrevistado exhortó a que es momento de que los diversos sectores de la sociedad, rompan con la idea de que va a surgir algún líder mesiánico que va a encausar todas nuestras demandas insatisfechas, por el contrario lo que tiene que ocurrir es que todos los grupos que se están organizando en contra de las políticas neoliberales deben empezar a establecer lazos comunicantes entre ellos. 

En conclusión sobre la Ley 80 reiteró, como otros economistas, que su eliminación no va a generar más empleos, no va aumentar la productividad y por el contrario lo que provocará será un aumento en la emigración de trabajadores calificados y no calificados a mercados de jurisdicciones como la Florida, Texas, y Nueva York. 

 

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