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EDITORIAL: Esperando por el Tribunal Supremo

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Por Dirección de CLARIDAD

Publicado: martes, 27 de enero de 2015

Tras el veredicto del jurado que entendió en el caso del juez Manuel Acevedo Hernández, la jueza presidenta del Tribunal Supremo (TSPR), Liana Fiol Matta, señaló que se había escrito "una página triste en la historia de la judicatura". De inmediato añadió que, aún después de la declaración del juez, continúa el proceso disciplinario ante una comisión del TSPR. Todo indica, por tanto, que eventualmente Acevedo Hernández será formalmente expulsado de su cargo, con las consecuencias económicas que el hecho implica, y desaforado como abogado.

Coincidimos con la jueza Fiol Matta en que se trata de una "página triste" y es reconfortante saber que el proceso disciplinario continuará su curso. Nos preocupa, sin embargo, saber que con ese procedimiento disciplinario contra el juez corrupto terminará la intervención del TSPR en la cadena de sórdidos incidentes que se han dado en torno al ya tristemente famoso Lutgardo Acevedo López. Las informaciones que se produjeron antes y durante el juicio que se condujo en el Tribunal Federal apuntan hacia la posible implicación de otros miembros de la judicatura y dejan en el ambiente serios cuestionamientos éticos de al menos dos de los abogados que defendieron a Acevedo López en los varios casos que se dilucidaron ante tribunales de la región de Aguadilla. Entendemos que es responsabilidad ineludible del TSPR investigar con seriedad esos acontecimientos y fijar las responsabilidades éticas que correspondan. Sólo si descarga esa responsabilidad con plenitud, podrá el Tribunal Supremo pretender recobrar la confianza del pueblo puertorriqueño.

El caso que se dilucidó ante el juez corrupto, relacionado con la muerte de un ciudadano, no fue el único en que estuvo envuelto el contable Acevedo López. Simultáneo con ése hubo otras imputaciones criminales relacionadas con un incidente ocurrido en un restaurante de Moca donde muchos testigos lo vieron esgrimir un arma de fuego y proferir amenazas verbales. A pesar de los testimonios de los testigos, dos juezas de la región aguadillana, Johann Torres e Iris Reyes, no encontraron la "scintila de evidencia" necesaria para encontrar causa probable. Otra jueza no actuó contra el contable, pero sí contra la víctima, el comerciante Orlando Soto, a quien le imputó desacato por hacer declaraciones a la prensa. Esa imputación fue gestionada por la abogada del contable, Mayra López Mulero. El resultado de esa cadena de eventos –bastante sórdidos, a juzgar por las informaciones de prensa- implicó que López Hernández no enfrentara juicio alguno por el incidente en el restaurante.

Según informaciones, el Departamento de Justicia investigó a dos de las juezas y no encontró evidencia para imputar delito. Obviamente se desconocen las particularidades de esa investigación, pero entendemos que el TSPR está obligado a profundizar en este asunto, no necesariamente indagando sobre la comisión de delitos, sino sobre la conducta ética de los funcionarios del tribunal – jueces, abogados y fiscales – que intervinieron en esos eventos.

Mención aparte merecen los abogados que intervinieron en el falso juicio que el juez Acevedo Hernández presidió, Mayra López Mulero y Harry Padilla. La prueba que se presentó en el Tribunal Federal, en la que hay testimonios, grabaciones y fotos, apuntan a que el juicio fue una farsa que duró varios días. Según la prueba, en esa farsa intervinieron de manera prominente dos abogados, además del juez y el acusado. ¿Cuál fue la participación de los primeros en el sainete? Suponiendo que no participaron directamente en la compra del juez, ¿tampoco se enteraron de lo que estaba ocurriendo? Un testigo dijo que él llevaba y traía mociones entre el juez y los abogados. Ese testigo le mereció credibilidad al jurado que condenó a Acevedo Hernández. ¿Acaso no le merece credibilidad al Tribunal Supremo?

Sobre estos hechos llamamos la atención del TSPR a lo que dice el Canon 8 de Ética Profesional: "El abogado no debe permitir que sus clientes… incurran en conducta que sería impropia del abogado si él la llevase a cabo personalmente. Esta norma tendrá particular aplicación en lo referente a las relaciones con los tribunales… Cuando el cliente persista en incurrir en tal conducta impropia, el abogado debe terminar con él sus relaciones profesionales."

A cualquier ciudadano "de a pie", le resultaría imposible creer que los abogados que intervinieron en el falso juicio contra el contable nunca se percataron de su falsedad ni de los traqueteos de su cliente. ¿Qué cree el Tribunal Supremo? Lo menos que ese ciudadano espera es que el alto foro judicial, cumpliendo con su función de reglamentar a los profesionales del Derecho, ordene una investigación a fondo de estos incidentes y adjudique las responsabilidades de cada cual.

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