Opinión / Editorial

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Digamos NO al presupuesto de la venganza

Publicado: martes, 3 de julio de 2018

Solo porque pueden. Solo porque la Ley Promesa supuestamente les otorga dicha facultad. Solo porque están furiosos porque alguien- en este caso la Legislatura de Puerto Rico- se atrevió a negarles el capricho de derogar la Ley 80 de 1976, y así dejar a los trabajadores de la empresa privada sin derecho a defenderse de un despido injustificado, la Junta de Control Fiscal Imperial (JCFI) ha dictaminado que desde ayer hasta el 30 de junio de 2019 el pueblo de Puerto Rico será regido por el “Presupuesto de la Venganza”. El látigo de la Junta impone más austeridad. Cero partida para el fondo de becas para estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Cero partida de $50 millones para los municipios. No habrá dinero para el bono de Navidad de los empleados públicos. Y así sucesivamente, serán muchos y más amplios los recortes y racionamientos a los programas y servicios que actualmente recibe la población. 

En palabras del gobernador Ricardo Rosselló, el presupuesto aprobado por la JCFI, no solo tendrá el efecto de afectar aún más “los bolsillos de las familias trabajadoras”, sino que también arriesgaría las negociaciones sobre las pensiones y el pago de la deuda, y aumentaría la probabilidad de pleitos en los tribunales. 

Por supuesto que eso a los miembros de la Junta no les importa. Primero, porque ninguno de ellos va a afectarse por las medidas de austeridad. En la dimensión que ellos viven no hay recortes ni austeridades. Algunos no son de aquí, otros no se sienten de aquí y, a juzgar por su frialdad, tampoco les importa nuestro país, ni siquiera a los que, probablemente muy a su pesar, nacieron en él. Segundo, ellos están aquí con una agenda trazada e impuesta por sus jefes del Comité de Recursos Naturales del Congreso, capitaneados por un Republicano de Utah llamado Rob Bishop. Este señor Bishop no ha escondido su disgusto con el gobierno de Puerto Rico y con los miembros de la JCFI quienes, a su juicio, no han sido lo suficientemente diligentes en su trato y acomodo a los acreedores de Puerto Rico, llamados bonistas. Incluso ha indicado que de haber controversias legales, podría acudir al tribunal a favor de dicho grupo. Queda clarísimo a quién obedece PROMESA y los que a PROMESA sirven. 

El presupuesto de la venganza tiene otra particularidad. Demuestra inequívocamente la descarnada condición colonial de nuestro país. Ya la prepotencia del Congreso y de la JCFI no es solo de palabra. Ahora hay un pueblo entero que, sin haber sido tomado en cuenta, quedaría permanentemente afectado por sus acciones. Y no es cierto, como alegan ellos, que el sacrificio será compartido. Está claro que quienes saldrán peor con los recortes serán los que más necesitan. Aquellos que menos culpa tienen del descalabro económico y social que las políticas de Estados Unidos y la ineptitud y corrupción de los partidos criollos han provocado en nuestro país. 

Ante este escenario, huelgan las palabras huecas y las poses dramáticas. Los campos están deslindados, y aunque crucial, este momento presenta una oportunidad para que todas las ramas del Gobierno de Puerto Rico se afirmen en defensa de los intereses de nuestro pueblo, como juraron sus funcionarios al advenir a los cargos que ocupan. 

Se ha tratado de restar legitimidad a la controversia sobre la derogación de la Ley 80. Ésta, en su fondo es muy legítima porque se trata de un reflejo del país que somos y una proyección del que podemos ser. Aún dentro de los recortadísimos poderes de la colonia, el pueblo puertorriqueño ha podido construir instituciones fuertes, ha conquistado derechos importantes, ha levantado la zapata de una sociedad donde se han articulado y acordado entendidos que nos benefician a todos y todas. Nuestras raíces, cultura e identidad son distintas a las de Estados Unidos. Nos sentimos apegados y pertenecientes a este pedazo de tierra en el que nos tocó nacer y desenvolvernos. Para nosotros, Puerto Rico no es un mero enclave comercial, ni una playa, ni un lote de “real estate”, ni una base militar. Somos un país y un pueblo con gente de carne y hueso que vive, trabaja y aporta en la medida de cada cual, a la vida común que compartimos. 

Nada de eso es respetado por el Congreso, la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal. En su lógica perversa, nuestro país es solo una deuda enorme que debe ser saldada, no importa el sacrificio por el que tenga que atravesar nuestro pueblo. Y esta realidad debe ser entendida por nuestros funcionarios electos. Les invitamos a reflexionar y a preguntarse y contestarse a sí mismos las siguientes preguntas con honestidad: ¿hasta dónde es posible doblegarse sin ser indignos? ¿Hasta dónde es posible ceder sin ser serviles? ¿Hasta dónde es posible ignorar los desplantes sin ser humillados? 

Está claro que Puerto Rico no puede ni debe esperar de Estados Unidos un trato distinto al que recibieron- y aún reciben- los indígenas nativos de ese país, hoy presos en reservaciones; ni al de la minoría afro estadounidense, a la que aún se le trata como eso- una minoría- a pesar de haber electo a un presidente negro. La ilusión de creer que- porque nos impusieron su ciudadanía porque les convenía a sus intereses en ese momento- nos aceptan como sus iguales es sólo eso: una ilusión. 

Llegó la hora crucial. Ya la JCFI ha mostrado sus cartas; una mano cargada abiertamente contra los mejores intereses de nuestro pueblo. Nuestros funcionarios electos están obligados a contestarles con igual maña, por ese mismo pueblo al que dicen representar. Les llegó la hora de actuar para impedir más abusos y venganzas contra los que menos pueden. 

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claritienda Lidio Cruz