Opinión / Editorial

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El zarpazo perverso de la austeridad

Publicado: miércoles, 9 de agosto de 2017

El pasado viernes, la Junta de Control Fiscal (JCF) ejerció, con mano dura, el poder que le ha delegado el Congreso de Estados Unidos sobre las finanzas de Puerto Rico, imponiéndole el zarpazo perverso de la austeridad a dos de los grupos más numerosos y débiles del País: los empleados públicos activos y los pensionados.

Con la tranquilidad de quien realiza un frío cálculo matemático, la Junta de Control Fiscal (JCF) decretó un recorte de dos días al mes en la jornada laboral de cerca de 140,000 empleados del gobierno de Puerto Rico, comenzando el próximo 1 de septiembre. Igualmente, decretó una reducción de entre un 8 y un 25 por ciento en el monto de sus pensiones a tres cuartas partes de los más de 168,000 empleados públicos que disfrutan de dicho beneficio. Esta reducción entrará en vigor 90 días después de que la Jueza del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, quien dirime las controversias bajo el Título III de la Ley PROMESA, así lo apruebe. 

Según la directora ejecutiva de la JCF- la estadounidense y exministro de Finanzas de Ucrania- Natalie Jaresko, la administración de Ricardo Rosselló y el Partido Nuevo Progresista (PNP) no ha cumplido con las proyecciones de recortes de gastos en el tamaño y las operaciones del gobierno, según especificadas en el Plan Fiscal certificado por el organismo, lo que ha hecho necesaria la activación del recorte de jornada como medida de contingencia para garantizar que no habrá déficit gubernamental al final de este año fiscal.

En el caso de los pensionados del servicio público la situación es peor. El dinero para el pago de sus pensiones, que se les retuvo quincenalmente de sus salarios por décadas, sencillamente no está disponible, como tampoco está disponible el de los empleados activos que participan del plan llamado Sistema 2000 para construir por sí mismos su retiro, porque se usó para otros propósitos. Así lo explicó al principal diario del País el miembro de la JCF y experto en pensiones, Andrew Biggs, quien tuvo duras palabras para los gobiernos que se han turnado el poder en Puerto Rico. “En todos estos casos, el gobierno hizo promesas a la gente, no asignó fondos y ahora no puede mantener esas promesas. Es una situación terrible porque es una traición a la confianza”, afirmó. 

Lo que no reconocen Biggs ni Jaresko, ni nadie en la Junta ni en Wáshington, es la cuota de responsabilidad por el descalabro de Puerto Rico que comparte el gobierno de Estados Unidos- tanto el Ejecutivo como el Congreso- porque como potencia colonizadora por 119 años ha fallado malamente en su responsabilidad de garantizar el uso prudente de los haberes públicos en su colonia. 

Por eso, no tendrá efecto el arranque con aires de gran drama con que el gobernador Rosselló ha amenazado con desacatar el mandato de la JCF, comunicando por escrito sus intenciones al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y al “Speaker” de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. 

Primero, porque la JCF tiene la autoridad que le confieren la Ley PROMESA y el Congreso para imponer dichas medidas si el gobierno de aquí no actúa, y segundo porque al igual que sus antecesores, este gobierno de Puerto Rico no tiene un gran récord de haberes ni respeto ante el Congreso y el Presidente de Estados Unidos.

El hachazo de la JCF a la jornada laboral y a las pensiones de los retirados no sólo supone una rebaja, sustancial en los ingresos que reciben estos sectores, justo en el momento más álgido de la crisis del País, sino también menos dinero circulando en nuestra deprimida economía. En Puerto Rico, donde la brecha entre los salarios y el costo de vida es tan grande, dos días de salario o un 10% de reducción en una pensión podrían ser una diferencia importante en el presupuesto familiar para comida, medicinas, dinero para gasolina y peajes para miles de empleados públicos y pensionados que ya hacen malabares para afrontar los gastos crecientes con lo poco que reciben. 

Pero el drama de Rosselló ante la JCF tiene otra raíz. La experiencia de las últimas décadas en Puerto Rico y otros países nos ha demostrado que la austeridad, además de empobrecer a los asalariados y crear mayor precariedad en amplios segmentos de la población, es enemiga acérrima de los políticos tradicionales. A éstos no les gusta hablar de limitaciones presupuestarias sino que prometen lo que de antemano saben que no pueden cumplir, hacen cuentas en el aire de proyectos fastuosos y costosos, y hacen crecer sus números en las encuestas al venderle sueños a sus seguidores. ÉSsa ha sido la trayectoria en los partidos Popular y Nuevo Progresista en Puerto Rico, la cual ha sido una de las principales causas para el desastre actual. 

Por eso, cuando estaba en campaña para ser gobernador, Ricardo Rosselló no habló de austeridad ni de sacrificios. Por el contrario, insistió en que Puerto Rico tenía dinero en sus arcas para pagar la deuda, que la crisis era de eficiencia y de credibilidad y que tan pronto él fuera electo, su gobierno eficiente y organizado se encargaría de poner cada cosa en su lugar. Y dijo más. Dijo que la presencia de la JCF y de la Ley PROMESA se probarían innecesarias tan pronto él comenzara a implantar su nueva visión de gobierno.

Ocho meses han pasado y la historia es otra. El propio Gobernador pidió el Título III de PROMESA ( la quiebra) para la Isla, aprisionando firmemente a Puerto Rico en las duras manos de la JCF y de una jueza del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, en un proceso que se perfila como largo y tortuoso y con un pronóstico que no pinta bien para nuestro pueblo. Para el gobierno de Estados Unidos, la suerte de Puerto Rico y de su gente es lo de menos, y así se han encargado de dejárnoslo saber cada vez que tienen la oportunidad. De hecho, ninguno ha expresado preocupación alguna por las consecuencias de los recortes a empleados y pensionados en Puerto Rico, mientras sí están activos para garantizar que se les pague la deuda a los bonistas. La actitud callosa de la JCF hacia el dolor y las vicisitudes que sus acciones provocan en nuestra gente son el mejor ejemplo de la insensible conducta imperial hacia este pueblo que menosprecian. 

Sabemos que la retórica desafiante del Gobernador es “para las gradas” porque los recortes en jornada y en pensiones formaban parte del Plan Fiscal que él y sus representantes acordaron con la JCF. Es sólo una charada con propósitos electoreros. Como también es una charada la expresión de Ana Matosantos, miembro de la JCF, refiriéndose al recorte de jornada como algo que nuestro pueblo debe hacer para “compartir el sacrificio”. Parece que para Matosantos están en la misma balanza los empleados y pensionados de Puerto Rico, que los gestores de “hedge funds” u oficiales de los conglomerados financieros de Wall Street.

 El zarpazo perverso de la austeridad araña siempre a quienes menos tienen. Es vergonzoso y detestable comprobarlo una vez más, mientras nos estremece la rabia hacia “los mismos de siempre” que nos piden paciencia mientras siguen lucrándose de nuestra desgracia.

 

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