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El Gobierno, la Junta: ¿Quién actúa mejor?

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Por Cándida Cotto

Publicado: miércoles, 9 de agosto de 2017

¿Está o no está en el Plan Fiscal preparado por el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF), el pasado mes de marzo la reducción de la jornada laboral? La situación parece ser una competencia entre quiénes dicen verdad o mentira y actúan mejor ante el pueblo. Mientras la Junta dice que sí, el gobierno dice que no, pero hasta ahora el gobierno se ha negado incluso ante el Tribunal a hacer público el documento de presupuesto. La Junta por su parte tampoco ha dado señales de querer mostrarlo. 

La reducción de la jornada laboral, la reducción de las pensiones en un 10%, la imposición de un comité sobre la Junta de Directores de la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y hasta la imposición de un “gerente de emergencia” para el Departamento de Hacienda (DH), fueron los asuntos abordados por la JCF en su novena reunión llevada a cabo el viernes 4 de agosto. La imposición de una reducción de la jornada laboral ha provocado un aparente fuerte enfrentamiento entre el gobierno de Rosselló Nevares y la JCF. 

Según la JCF estas medidas fueron incluidas como enmiendas al plan fiscal (PF) aprobado. Luego de la reunión pública de la JCF en conferencia de prensa el presidente José Carrión III, a preguntas de la Prensa dijo que “las proyecciones de la reducción de la jornada laboral ya están contempladas en los números del Plan Fiscal así que una reducción de casi un 10% que es extremadamente doloroso no se implementa con ningún tipo de gusto y el concepto de reducir el tamaño del gobierno es un principio que nosotros entendemos que no es suficientemente rápido si no va a cumplir con el tema trazado”. 

Los miembros de la JCF presentes en la conferencia de prensa además de Carrión fueron Ana Matosantos, Andrews Bigs y la directora ejecutiva, Natalie Jaresko. El miembro de la JCF, Carlos García estuvo presente en la reunión pública pero no asistió a la conferencia de prensa. El grupo insistió una y otra vez en la necesidad de la reducción de jornada, la cual sería supuestamente desde este 1 de septiembre hasta septiembre de 2018. Carrión dijo que entendían- la Junta- “que esto iba o acabar en un proceso de litigio a raíz de la posición asumida por el Gobernador, consultaremos con los abogados si me gustaría manifestar a parte del costo si no empezamos con esto en septiembre primero y el litigio tarda tiempo tendremos que incrementar los días”. La reducción de jornada alega la JCF es para recuperar la cantidad de $218 millones que el gobierno no ha podido lograr en los recortes gubernamentales. Carrión reconoció que Junta no tiene otra forma de imponer el recorte de jornada que no sea acudir al tribunal. 

Ni el presidente de la JCF, ni ningún otro de los miembros presentes contestó el cuestionamiento hecho por varios periodistas, incluyendo a Claridad y de diversas maneras, de si la Junta había hecho un cálculo o estimado de cuál sería el impacto en la economía del recorte de la jornada laboral. A preguntas de la Prensa se dijo que los únicos excluidos de la reducción de jornada será la Policía y los trabajadores de la JCF. 

Sobre la imposición al DH de un “gerente de emergencia”, Matosantos dijo que era para tener “información clara y verídica en el momento adecuado y que se entienda se ha trabajado desde el principio sobre el flujo de caja de manera recurrente, es para mejorar los controles de información verídica”. Por su parte Jaresko dijo que la mejora del gobierno en cuanto a estadísticas, transparencia, información precisa es inmaterial. 

En tanto sobre la reducción del gobierno la procónsul Matosantos, a pregunta de CLARIDAD dijo que lo que dice el PF es que hay que bajar los gastos del gobierno en un 30%. Según la JCF el PF certificado “tiene como objetivo” en otras palabras, ordena, un ahorro de $880 millones en el año fiscal 2018. Hasta el momento dice la Junta que el gobierno ha logrado medidas de ajuste por $662 millones. Por lo tanto -requiere la Junta- que el gobierno recorte otros $218 millones, lo que representa una reducción de jornada de dos días al mes. 

De acuerdo a la JCF la vigencia de la reducción de la jornada laboral está condicionada a que se cumpla con los criterios de: el ahorro de los $218 millones o se pueda esperar “razonablemente” que se lograran a base del desempeño fiscal (quiere decir en recaudos); o que la Junta considere que el gobierno ha ejecutado los cambios requeridos para adecuar el tamaño del gobierno. 

 

“No va a haber reducción de jornada”

Por su parte el representante del Gobernador ante la JCF, Christian Sobrino y el director de AAFAC, Geraldo Portela, en conferencia de prensa celebrada después de la de la JCF, afirmaron una y otra vez que no habrá reducción de jornada. En tono enfático Sobrino mostró que el “único documento donde se habla de la reducción de jornada laboral es en éste que es la resolución de la Junta”. Con documento en mano se refería a la resolución aprobada por la JCF en la reunión de ese día. El día antes de la reunión de la JCF ambos funcionarios participaron en una conferencia de prensa junto a Rosselló Nevares, en la cual reiteraban que no se aplicaría una reducción de la jornada. 

“Lo que se ha dicho siempre es que no estamos de acuerdo con esa medida. Lo que estamos planteando y llevamos planteando ya desde hace tiempo es que la ley Promesa específicamente reconoce que la política pública de Puerto Rico la establece el gobierno”, declaró Sobrino. Añadió que incluso en el ‘record’ legislativo de la ley Promesa incluía un lenguaje mucho mas fuerte el cual fue removido para preservar los poderes locales ejecutivo y legislativo. 

Sobrino dijo estar en total desacuerdo con el señalamiento de Jaresko de que el PF no alcanza los recortes solicitados por la JCF y reclamó que en el plan, el gobierno está comprometido a lograr liquidez y que el PF no descarta que se está en una crisis fiscal pero que ahora se está en una posición que no es la que se visualizaba en marzo. “Estamos en una posición donde podemos enfrentar esos retos y por eso es que una reducción de jornada no es necesaria ni tampoco sería prudente porque cuando uno toma en consideración que los recortes presupuestarios no incluyen recorte de jornada laboral no está en ningún lado del presupuesto excepto en un párrafo que ellos añadieron pero en los números no está”, repitió Sobrino. El gobierno le dijo a la Junta que un recorte en la jornada laboral representa una reducción en la economía del país de unos $600 millones al año. 

“Me tomó de sorpresa al igual que a ustedes”, alegó Sobrino, con relación a la decisión de la JCF de imponerle un “gerente de emergencia” al DH y agregó que eso no estaba en la agenda de la reunión. Comentó que dado a la amplitud con que se planteo a este ente tiene sus dudas sobre su legalidad. 

En tanto en relación a la imposición de un comité que estaría por encima de la Junta de Directores de COSSEC, Portela y Sobrino explicaron que aunque las cooperativas están “sólidas” el 65% de su cartera está en inversiones de bonos de Puerto Rico por lo que también enfrentan riesgos, y está el riesgo de que sus clientes saquen sus depósitos. Aunque COSSEC y el sector cooperativo está sólido en capital, ambos funcionarios alegaron que es necesario tener una visión más global de cómo el mundo de las cooperativas pudiera afectar otras partes en referencia a otros sectores económicos de la isla. De hecho en la presentación ante la JCF sobre la situación de las cooperativas se incluyó la posibilidad de fusionar cooperativas y vender sus haberes al sector bancario. 

Contrario a otras reuniones la novena reunión de la JCF tuvo muy poca asistencia de representantes y/o público identificado con algún sector. A excepción de un miembro de Bonistas del patio, Jorge Irrizary. Había más agentes de seguridad en el salón que público. 

Mientras a la entrada del Hotel el Conquistador en Fajardo fueron más los efectivos de la Policía apostados que el público en la reunión.

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