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Un futuro sin pensión

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Por Cándida Cotto

Publicado: miércoles, 9 de agosto de 2017

En lugar de ser una medida para asegurar el pago de las pensiones a los empleados públicos el proyecto enviado por el Gobernador a la Legislatura (el ahora PC 1163, PS 0603) y que fue aprobado por la Legislatura este pasado viernes, sin vistas públicas, lo que pretende es allegar dinero de manera inmediata al Fondo General de Hacienda (FG) para pagar a los bonistas. 

El proyecto de la llamada “reforma de pensiones” responde a una exigencia de la Junta de Control Fiscal (JCF). Así se establece en el preámbulo de la medida: “de acuerdo a la realidad económica y fiscal de Puerto Rico y a las disposiciones del Plan Fiscal para Puerto Rico, certificado conforme a las disposiciones de la Ley Pública Núm. 114-187 conocida com ‘Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico o “PROMESA” se establece que el FG a través de un sistema “pay as you go” asuma los pagos que los tres sistemas de retiro no puedan realizar. 

Con la aprobación ahora el gobierno se propone la venta de todos los activos (propiedades) de los tres sistemas lo cual generaría $390 millones los cuales deberán ser consignados al FG en el próximo año fiscal para el pago de pensiones de los tres sistemas. Según denunció el Frente Amplio en Defensa de la Escuela Pública (FADEP) que integran la Federación de Maestros, Únete y Educamos, las últimas valoraciones actuariales de junio de 2015 de los activos no líquidos de los tres sistemas de retiro ascendían a 4,210 millones de dólares (Sistema de Retiro de Maestros $1,367 millones, Sistema de Retiro Central $2,780 millones y el de la Judicatura $63 millones). 

“Es decir, que a cambio de $390 millones por un año, el gobierno de Rosselló descapitalizaría los sistemas y se quedaría con más de $2,000 millones de dólares que usará para financiar el presupuesto del próximo año fiscal. Esta acción es una irresponsabilidad porque a largo plazo, y tomando en consideración la quiebra del Gobierno, colocará en peligro inminente las pensiones de maestros y empleados (activos y jubilados) a partir de julio de 2018”, denunciaron las organizaciones magisteriales. 

Mientras el magisterio ha sido el único grupo de trabajadores públicos que con más ahínco y datos ha denunciado la privatización de los sistemas de retiro. Aunque el Frente cabildeó la semana pasada en la Cámara de Representantes para introducir cambios en la legislación; “Los logros obtenidos a través de las enmiendas, sin embargo, fueron lanzados al zafacón por la Junta de Control Fiscal federal que determinó quitarle a todos los maestros las pensiones con beneficio definidos”, denunció el Frente Amplio en conferencia de prensa el viernes. Esto ante el hecho de que la JCF anunció en su reunión ese mismo viernes ordenar una reducción de 10% en el desembolso de todas las pensiones. 

 

Las consecuencias directas para el magisterio con el cambio de modelo son

Todos los maestros pasarán a un sistema híbrido de aportaciones definidas. Nadie, a partir de 90 días que entra en vigor el mandato de la JCF, va a tener retiro con beneficios definidos. 

Los maestros que cotizaban para una pensión de beneficios definidos recibirán al retirarse el 1.8% del salario multiplicado por sus años de servicio al entrar en vigor el plan de la Junta. 

Mantiene a los educadores contratados posterior al 1 de agosto de 2014, bajo el sistema de aportaciones definidas (tipo 401k) sin derecho a pensión vitalicia. 

Vende todos los activos del Sistema de Retiro de Maestros (excepto el edificio central), descapitalizando el Sistema y no inyecta capital nuevo al mismo para el pago de las pensiones de los maestros.

Elimina el servicio de préstamos al magisterio, que genera sobre $40 millones anuales en ganancias al SRM. Traspasa a la banca privada los préstamos existentes.

Elimina el pago de la aportación patronal al delegar la responsabilidad del pago de las pensiones al Fondo General. Las pensiones de los maestros estarán sujetas a la discusión anual del presupuesto y los caprichos abusivos de la Junta de Control Fiscal Federal.

La presidenta de la Federación de Maestros (FM) Mercedes Padilla, dio a conocer que la Federación y su capítulo de Jubilados elaboraron un proyecto de ley para imponer un 2% de una contribución especial a las grandes empresas foráneas lo que allegaría capital nuevo a razón de $700 millones anuales. “Mientras nos arrinconan y despojan, a las empresas multimillonarias no las tocan ni con una vara larga”, denunció. Además de acusar a la Asociación de Maestros de no luchar para defender el SRM por ser “una empresa dedicada a defender las cuotas que recibe, y no a los maestros”.

 

Trabajadores jubilados se quedarán sin pensión 

Por su parte consultada por CLARIDAD respecto a la medida la economista Martha Quiñones Domínguez, en primera instancia puso en duda el que el gobierno pueda vender los activos y venderlos bien y no a precio de liquidación para luego ponerlos en el FG ya que ese dinero no “dura mucho tiempo”. 

Aun cuando señaló que el sistema de retiro del gobierno central está insolvente expuso que el hecho de que el gobierno se quede con los $2 mil millones que es lo que suman las carteras de los tres sistemas todavía si se da una jubilación anticipada habrá mas gente cogiendo pensión pero menos gente aportando. “El problema es que ahora lo que le está ofreciendo Ricardo Rosselló es que el gobierno no va a aportar y el empleado solamente va a aportar un 5% de su salario a una cuenta de ahorro, lo que no es de por vida, lo más probable es que si la persona dura 90 años antes de los 75 no tendrá pensión”. 

La Vice Presidenta de la Asociación de Economistas (AEPR) censuró que otra vez el gobierno toma una medida sin pensar considerando sólo al capital. A su juicio el gobierno pudo haber hecho un análisis más profundo y buscar alternativas para allegar dinero al fondo de retiro y darle sostenibilidad al menos por 20 años. “Pero el gobierno no toma esa alternativa porque eso requiere que se haga un análisis de todo lo que hay en el país y busque de dónde se puede sacar para llenar las arcas del retiro”. Recordó que cuando se vendió la Telefónica se supone que parte del dinero era para llenar las arcas de retiro pero el dinero nunca llegó. 

Quiñones Dominguez expuso que aunque los $4,210 millones que hay entre los tres sistemas puede sonar a mucho dinero, el sistema del gobierno central está insolvente pese a las enmiendas que hizo el gobierno pasado de bajar de 70% a 45% lo que el empleado iba a recibir y aumentaron la cantidad que el empleado tiene que aportar y la edad de retiro. Sobre qué otra u otras alternativas pudo haber adoptado el gobierno, explicó que se pudo haber unido el sistema de los maestros con el sistema de tribunales debido a que ambos todavía tienen margen y tienen capital pero que el de los empleados del gobierno central es “un desastre y había que reformarlo hace mucho tiempo y no se hizo”. 

No obstante ante la situación de los tres sistemas indicó que una medida justa para todos es buscar un modelo según nuestra situación. “En realidad hay que honrarle a cada uno de los que están retirados parte de su dinero sea el 75%, 60% y hay que buscar en otras partidas donde se puede dar dinero para que se vaya llenando y se fortalezca el sistema, eso requiere que en vez de estar creando los impuestos para pagar la deuda debes de ir creando los impuestos indirectos para llenar las arcas de retiro. Es un proyecto que había que hacerlo a largo plazo pero que ahora es urgente”.

Una medida que se puede establecer es un sistema universal donde todos los trabajadores del sector público y privado paguen retiro y con lo que se está aportando ahora se puedan ir llenando las arcas y buscando alternativas para que se sostenga a largo plazo y que las inversiones que se hagan le den sostenibilidad. Advirtió que el problema es que hay muchos especuladores detrás de ese dinero y no puede ser un asunto de especulación, sino un fondo con la capacidad de generar ingresos dirigidos hacia una política social. Es decir como una especie de seguro social pero con una base bien establecida que tenga ya definido lo que se va a recibir pero que no sea tampoco muy oneroso y que a la vez se haga una cartera de inversiones que genere crecimiento económico. 

Quiñones Domínguez reconoció que a este tipo de medida se le acusa de “socialista. pero eso es justicia social y equidad para que todo el mundo reciba en su vejez un ingreso”. Censuró que ahora el enfoque es que la gente trabaje hasta los 70 años creyendo que todo el mundo es igual “ hay una gente que dura más y dura bien, otras que duran menos. El problema es o pensamos en la gente o pensamos en el capital y aquí todo el mundo piensa en el capital”.

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