Opinión / Editorial

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El mensaje del Gobernador

Publicado: martes, 30 de enero de 2018

Al cierre de esta edición de CLARIDAD, el gobernador Ricardo Rosselló anunció en un breve mensaje al País, su respuesta y la de su gobierno a la crisis de restauración del sistema eléctrico tras el paso del huracán María: la privatización de nuestro sistema eléctrico a favor de nuevos modelos no explicados en su comparecencia. No nos sorprende este anuncio. Es evidente que su gobierno se está resquebrajando, tras los azotes recibidos desde afuera y desde adentro, y él echa mano de lo más fácil para un gobierno asediado: poner en manos privadas uno de los pocos haberes que le quedan al pueblo de Puerto Rico, la generación y distribución de la producción eléctrica. No hay que ser demasiado sagaz para ver los signos en la pared que anuncian la incursión con fuerza de empresas privadas que se repartirán como un botín los distintos componentes del sistema eléctrico, sin garantías de energía limpia ni de tarifas justas para nuestro pueblo, lo cual podría convertirse en un monumental impedimento para el desarrollo económico futuro de nuestro país. 

El interés en los recursos energéticos de Puerto Rico es la base de la irónicamente llamada Ley PROMESA y de las gestiones de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Esta ley, que se concibió y se creó en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y su autor fue Bill Cooper, el entonces ayudante principal del presidente del Comité, Rob Bishop, y ahora flamante socio de la oficina del Bufete McConnel & Valdés en Washington. Bill Cooper es una reconocida figura en la industria energética habiendo presidido el gremio que agrupa a la industria del gas natural en Estados Unidos. Anteriormente, había sido socio de un importante bufete con ramificaciones internacionales, que cuenta entre sus clientes a principalísimos conglomerados energéticos del mundo. Por otro lado, la conexión del bufete McConnel & Valdés con el ex gobernador de Puerto Rico y ahora gran cabildero energético, Luis Fortuño, es harto conocida. Ante este cuadro de antecedentes y conexiones, queda claro que el anuncio del Gobernador obedece a una fuerza mayor que ha identificado su nicho para controlar el mercado de la energía en Puerto Rico. El paso de un huracán categoría 5 que desvelaría la pobreza y decrepitud en que está Puerto Rico y su infraestructura, tras 119 años de dominio del gobierno de Estados Unidos les ha facilitado el paso a estos mercaderes consumados de la industria de desastres.

Insistiendo en que nuestro sistema eléctrico no fue diseñado para el Puerto Rico actual, el Gobernador cita en su mensaje la supuesta incapacidad de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para satisfacer las necesidades energéticas del País, principalmente tras el azote del huracán María y el enorme nivel de destrucción provocada por el fenómeno en las líneas de transmisión y distribución eléctricas. Echándole la culpa a las “deficiencias administrativas históricas” en la AEE, el Gobernador describió a la corporación pública como “uno de los grandes impedimentos” que ha detenido nuestras oportunidades de desarrollo económico. 

“La AEE se ha convertido en una carga pesada para nuestro Pueblo, que es hoy rehén de su deficiente servicio y de su alto costo. Lo que hoy conocemos como la AEE no funciona y no puede continuar operando así”, sentenció el Primer Ejecutivo. 

Lo incomprensible de este mensaje es que se trata del mismo Gobernador que hasta la semana pasada le echaba la culpa del paso lento de la restauración eléctrica al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés), dependencia ultra burocrática y lenta que él mismo solicitó que se encargara de dirigir dicho proceso. Por eso, este cambio súbito luce un tanto sospechoso.

Es obvio que las fuerzas interesadas en privatizar nuestra red eléctrica movieron sus fichas en el Congreso, invocando la activación de la ley PROMESA, y de la Junta de Control Fiscal (JCF) para imponerse sobre cualquier posible resistencia del gobierno y del pueblo de Puerto Rico. El punto de inflexión para estas fuerzas fue descubrir que el gobierno de Puerto Rico no tiene capacidad para pagar la enorme deuda pública que los grandes conglomerados financieros de allá le prestó, los cuales son, precisamente, un sector de mucho poder y cercanía al Congreso de Estados Unidos porque con sus “bolsillos profundos” financian también las campañas de políticos allá, tanto Republicanos como Demócratas. Así las cosas, el mensaje del Gobernador que mucha gente anticipó que sería de rendición de cuentas no sólo por la lentitud de la restauración eléctrica sino por todo el descalabro en su gestión administrativa y de gobernanza, se convirtió en un “flash” noticioso para, sin contestar preguntas, atragantarnos la inminente privatización de la AEE. 

Entre las fuerzas afines al actual gobierno de Estados Unidos, hay un interés marcado en que Puerto Rico pague la deuda de $70 mil millones. Por eso, no se tragan las alegaciones de insolvencia del gobierno de Puerto Rico, sobre todo cuando se escuda tras el Título 3 de la ley PROMESA, similar a una quiebra, y no paga la deuda, mientras dice contar con miles de millones en dinero líquido en 800 cuentas bancarias que no se sabía que existían; o cuando gritan “auxilio” y piden miles de millones en ayuda de emergencia al Congreso por un lado, y por el otro surgen situaciones como el contrato de Whitefish para la restauración eléctrica, que hasta el día de hoy no se sabe de dónde salió ni quién lo procuró. 

No es de dudar, entonces, que se haya desarrollado una campaña insidiosa frente a la administración Trump y el Congreso, por parte de cierta gente con poder para obligar al gobierno de Puerto Rico a someterse al dominio de la JCF, y así poder poner en marcha a todo vapor los cuestionables proyectos energéticos que tienen en el tintero, en beneficio de poderosos intereses de Estados Unidos. Por eso, el gobierno de Trump condicionó el desembolso del préstamo de $4 mil millones para la recuperación de Puerto Rico, a una certificación de la JCF.

Ya nuestro pueblo conoce el resultado de pasadas privatizaciones de haberes públicos. La Telefónica, por ejemplo, se vendió para inyectarle fondos a los planes de retiro de los empleados del gobierno, y a la larga nos quedamos sin compañía telefónica y sin plan de retiro. Lo mismo pasó con la Autoridad de Acueductos, privatizada parte de su operación a favor de una empresa española que, al cabo de unos años, fracasó. 

El problema energético de Puerto Rico no son la AEE ni sus trabajadores, que han demostrado su calidad y compromiso durante esta emergencia interminable. El Gobernador definió muy bien quiénes han sido los responsables del descalabro de dicha corporación pública. Como sugirió el Gobernador en su mensaje, es cierto que a la AEE hay que rescatarla. Pero no para entregarla por pedazos a manos de privatizadores, de los cuales desconocemos todo, a riesgo de que sus servicios sean peores que los actuales, sus tarifas más altas y sus proyectos dañinos a nuestro ambiente y a nuestra gente. 

 

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