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Desastroso el 2018 para la UPR

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Por Giancarlo Vázquez López

Publicado: miércoles, 19 de diciembre de 2018

CLARIDAD

 

Voto de Huelga: HEEND

El 2018 terminó para la Universidad de Puerto Rico (UPR) el viernes 7 de diciembre con un voto de huelga aprobado por la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND). 

Los portavoces de la organización advirtieron que, de la administración universitaria continuar con su intención de eliminar el sindicato que representa tanto a trabajadores y trabajadoras de la UPR como de la Universidad Central de Bayamón, la huelga podría activarse en cualquier momento. 

Jannelle Santana, presidenta de la HEEND, aseguró que el convenio colectivo que se está negociando no conlleva aumentos salariales. Por su parte, José Torres, vicepresidente del sindicato, dijo que la ficha de tranque del convenio colectivo es la cláusula sobre las exenciones de matrícula, que siguen vigentes en el convenio, pero que la Junta de Gobierno de la UPR (JG-UPR) eliminó unilateralmente.

El cuerpo sindical alega que la dirección universitaria solo está dilatando el proceso para aprobar el acuerdo entre ambas entidades, por lo que exige que dichas exenciones permanezcan hasta diciembre de 2018 y que luego se negocien los términos adicionales. 

 

Recorte a las exenciones de matrícula y aumento en el costo de los créditos

A finales del pasado mes de julio, la administración universitaria hizo un recorte de 50% a las exenciones de los atletas, a miembros de grupos de bellas artes y a hijos de empleados, entre otras categorías. En cambio, el “tijerazo” no aplicó a exenciones por aprovechamiento académico, a ayudantes de cátedra e investigación ni a representantes estudiantiles de la Junta Universitaria y de la Junta de Gobierno.

En un comunicado de prensa, la JG-UPR defendió que con esa medida lograba un balance justo que resultaba en beneficio para la institución y para la comunidad universitaria, que aseguraba la estabilidad de las finanzas de la universidad y un costo de matrícula razonable para sus estudiantes. 

Ese costo “razonable”, según lo determinó la Junta de Control Fiscal (JCF) en el plan fiscal para la UPR, entró en vigor a partir de agosto de 2018 con un aumento de $56 a $115 en cada crédito subgraduado, de $143 a $175 por crédito de maestría y de $285 de doctorado. 

Según este plan, en el 2023 los estudiantes de nivel subgraduado pagarían a $157 el crédito (si no aumenta nuevamente de aquí allá). Por otra parte, el documento no detalla los costos por crédito para estudios de maestría y de doctorado en los próximos cinco años.

 

Plan Fiscal UPR

El viernes 13 de abril, la JCF aprobó el plan fiscal para la UPR que, entre otras medidas, incluye un aumento en la matrícula del nivel subgraduado y graduado, recortes en las exenciones, reducción de personal, eliminación de programas académicos, consolidación de recintos, reducción de empleados de confianza y cambios drásticos al sistema de retiro.

Con estos y otros cambios, la JCF proyecta que para el 2023 la UPR “genere” $308 millones.

 

Sistema de retiro

Ocho meses después de que se aprobara el plan fiscal UPR —el 30 de noviembre—, la JG-UPR aprobó la Certificación Número 47 (2018-19). Según escribió en un medio el presidente de la Junta de Directores de Retiro UPR Eduardo Berríos Torres, esta certificación elimina toda facultad de la Junta de Retiro, excluye su participación en el manejo y la administración del Fideicomiso de Retiro de la UPR e inhabilita su capacidad representativa con los fideicomisarios (trabajadores universitarios activos y pensionados).

Los cambios al sistema de retiro reducen los años de servicio de los miembros de la Junta de Retiro; les elimina responsabilidades, tales como aprobar las premisas actuariales necesarias para establecer la aportación patronal de la UPR al Fideicomiso de Retiro UPR y la determinación de beneficios, aprobar un reglamento interno, cualificar y recomendar a los candidatos a dirigir el Fideicomiso –de los cuales la Junta de Gobierno tendría que escoger uno–, y aprobar las solicitudes de acreditación de años de servicio.

En el escrito, Berrios Torres, describe las nuevas reformas que  la  JG-UPR introduce al Reglamento del Fideicomiso UPR, como la incorporación de un proceso para imponer acciones disciplinarias a los representantes de la Junta de Retiro,  en el cual otorga tal poder al director ejecutivo del Retiro UPR. También, la prohibición a los miembros de la Junta de Retiro (fideicomisarios) de contravenir u obstaculizar cualquier directriz que imparta la Junta de Gobierno sobre el manejo o la administración del Fideicomiso de Retiro UPR, so pena de sanciones.

 

Diálogo: reducción del presupuesto

Los ajustes en el plan fiscal aprobado por la JCF en abril también afectaron a Diálogo UPR, con una reducción de 60% en su presupuesto a partir de agosto (2018-1019). La cantidad asignada ($282,248) a ese periódico cubriría solamente la nómina de las dos plazas con las que cuenta el proyecto, dejando fuera los empleados por contrato que conforman la plantilla.

Periodistas, editores, fotógrafos y estudiantes que formaban parte del equipo de trabajo de esa publicación universitaria rechazaron estas propuestas y las intenciones de la administración de la UPR de promover un modelo que reproduzca el proyecto en los recintos y unidades con programas de comunicación. Finalmente, se dio el cambio de modelo y las periodistas Eva Llorens y Nora Soto quedaron a cargo del medio. 

 

Nombramiento de Jorge Haddock 

El pasado 3 de julio, Jorge Haddock Acevedo fue confirmado como nuevo presidente de la UPR. Acto seguido, se informó que su salario anual sería de $240 mil, lo que fue cuestionado debido a la situación de la UPR. 

El sector estudiantil puntualizó en que era una inconsistencia aspirar a otorgar un sueldo de esa magnitud ante los recortes que se estaban haciendo debido a la situación fiscal de la universidad y que, por ende, se debía mantener el mismo sueldo de $105 mil tal y como se había mantenido con los demás presidentes.

Aunque Haddock reconoció que se trataba de una cantidad alta teniendo en cuenta los “estándares de la Isla”, agradeció a la comunidad universitaria y al pueblo puertorriqueño el que se le asignara ese salario. 

A pesar de los señalamientos, el martes, 4 de septiembre, Haddock asumió en propiedad la presidencia de la UPR.

 

Contrato de Alomar

Durante el pasado mes de octubre la firma DBPR Legal LLC –cuyo director es Walter Alomar– obtuvo un contrato con la Junta de Planificación (JP), por la cantidad de $5 millones. Anteriormente –2 de julio–, la compañía legal también firmó un contrato de $35,000 con la Compañía de Turismo para brindar servicios de juez administrativo/oficial examinador. 

Este último contrato, en particular, levantó cuestionamientos entre la comunidad universitaria porque Alomar es el presidente de la JG-UPR y ahora puede intervenir en casos relacionados con el Reglamento de Juegos de Azar, por el cual la UPR recibe una porción de los recaudos generados, que se tramitan a través de Turismo.

Aunque lo anterior no representa conflictos legales por parte de presidente de la JG-UPR, Alejandro Torres Rivera, abogado y profesor de derecho laboral, describió la situación como “un ejercicio de mala administración pública y un flaco servicio al país”. 

Aunque la Ley de Ética Gubernamental no prohíbe que los funcionarios tengan contratos en su carácter personal, el artículo 4.3 aclara que no debe hacerlo si tiene el efecto de “menoscabar su independencia de criterio en el desempeño de sus funciones oficiales”, dijo Gabriel Negrón, presidente del Consejo de Estudiantes de la UPR.

 

Acreditación 

El viernes 7 de septiembre, la HEEND emplazó a la Junta de Gobierno de la UPR y a Jorge Haddock a que no acataran las nuevas exigencias de la JCF porque con ello provocarían la desacreditación de la Middle States. Esto, luego de que días antes la JCF emitiera una carta al gobernador Ricardo Rosselló exponiendo que el plan fiscal revisado y reaprobado en junio 30 (posterior a que en abril fuera aprobada la versión inicial del plan) “requiere ciertas revisiones antes de que la Junta pueda certificar que cumple con los requisitos de la ley PROMESA”.

En la carta, la JCF sostenía que el plan aprobado durante el verano no “se compromete con un aumento suficiente en la matrícula de los estudios graduados” como se establecía, y promete entregar solo $52.4 millones entre los años fiscales 2019-2023, en comparación con los $93.9 millones delineados inicialmente.

La Junta dispone que el plan propuesto debe adecuar aún más los niveles de matrícula de los graduados para reflejar mejor el costo de programas comparables en universidades privadas en la Isla y el territorio continental de EEUU. Siguiendo esa lógica, una universidad no acreditada sería más fácil de privatizar. A eso se le suman los aumentos en la matrícula y las reducciones al presupuesto.

En mayo del 2019 se cumplen los 2 años en probatoria, límite que da la Middle States. Si la probatoria no se remueve en ese periodo, la UPR perderá la acreditación.

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