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Los proyectos en la mirilla de la Junta

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Por Cándida Cotto

Publicado: martes, 30 de enero de 2018

Conforme al Título V de la ley “Promesa”, la Junta de Control Fiscal (JCF) está violando el procedimiento que establece su propia ley para la consideración de los llamados “proyectos críticos”. El 7 de enero la pretendida, infalible Junta de Control, anunció que a partir de ese mismo día se concedía un término de 30 días para que los interesados presentaran sus comentarios públicos para cuatro proyectos considerados como “proyectos críticos”. Los interesados deberían enviar sus comentarios vía correo electrónico al sitio web de proyectos críticos de la JCF. 

La ley Promesa dispone que antes de que la JCF anuncie los proyectos críticos y el periodo para que los ciudadanos presenten sus comentarios, al Coordinador de Revitalización (CR), en este caso Noel Zamot, debe haber recibido: una solicitud de consideración del proyecto por parte del proponente; un informe crítico del proyecto; información sobre detalles de financiamiento del proyecto; una recomendación del gobernador, e incluso de la comisionada residente; una determinación de la Junta de Planificación (JP), y hasta una recomendación de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR). Todos estos documentos deben estar disponibles al público una vez se abra el proceso de comentarios. 

Los cuatro “proyectos críticos” bajo “consideración”; son la planta incineradora Energy Answer; el Parque Eólico del Norte de la empresa New Eolic, LLC; un proyecto de optimización de energía de la firma NORELCO, para los complejos correccionales de Ponce y Bayamón; y un proyecto de almacenamiento de energía de combustible alterno y reservas para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de las firmas, ARG Precision Corp, PW Power Systems, Inc y Bostonia Partners, LLC. 

Según informó la Junta los proyectos todos relacionados con asuntos energéticos representan una inversión de cerca de “$1,500 millones, casi en su totalidad de capital privado”. 

No obstante a dos semanas de darse a conocer los proyectos, a solicitud de CLARIDAD la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), confirmó que no habían recibido las propuestas de los proyectos por lo que sus asesores legales le estaban solicitando a la Junta que les haga llegar las propuestas porque bajo la ley Promesa la Comisión tiene injerencia en la evaluación de todo proyecto relacionado al sistema energético. 

 “La información que tiene la Junta en su página es una incompleta”, denunció a CLARIDAD, Ela Cruz, vice presidenta de la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña (SOPI). 

Cruz insistió en que los proyectos críticos tienen que cumplir con los procedimientos antes mencionados pero que ninguno de esos documentos están disponibles, “más aun cuando uno va a la página de la Junta lo que hay es una información descargada de un formulario, no hay documentos de apoyo de nada que se puedan examinar para poder emitir comentarios”.

Esta organización junto a la Coalición de Organizaciones contra la Incineración (COCI), han combatido desde un principio el proyecto de la incineradora de EA, en Arecibo. A raíz del anunció la semana pasada ambas organizaciones llevaron a cabo una manifestación frente a las oficinas de la JCF la cual contó con la participación del congresista demócrata, el boricua Luís Gutiérrez. Las organizaciones además levantaron una voz de alarma al hecho de que en la página de la Junta, se dice que la inversión de EA será con dinero privado, cuando tan reciente como a finales del 2017 la división de Desarrollo de Servicio Rural (RUD, siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de EE UU, se negó a financiar el proyecto. 

La Clínica de Derecho Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, también le envió una carta a la Junta en la que plantea los incumplimientos por parte de ese ente al proceso establecido en la ley Promesa para los llamados proyectos críticos. 

El planificador ambiental, José Rivera Santana, integrante de la Coalición Contra la JCF, igual denunció la falta de información en la página de la JCF. “Lo que la Junta publica es una descripción mediante la cual no se puede hacer ninguna evaluación. “Es una falta de respeto convocar a comentarios públicos sobre unos proyectos que ellos que son los que están convocando tienen la responsabilidad de presentar”. Trajo a la atención que en el caso particular del proyecto de la incineradora que la Junta está asumiendo información que EA ha sometido a muchas agencias y que ya está caducada. 

Otra conocedora y crítica del proyecto EA consultada por CLARIDAD, la ingeniera Ingrid Vilá, censuró el proceso de “fast-track” de la CR.

“Los procesos fast-track, restan participación y derechos, no adelantan los propósitos democráticos de nuestro país y resultan infructuosos para proyectos que simplemente no son viables. Ya el proyecto de Energy Answers tuvo la oportunidad del mismo proceso fast-track bajo la administración de Luis Fortuño en el 2010; han pasado ocho años desde entonces y el proyecto no ha comenzado construcción. ¿Por qué? Porque además de las consideraciones de impacto negativo a la salud y el medio ambiente, el proyecto no es viable. Resulta demasiado costoso para que los Municipios dispongan su basura allí y para producir una cantidad nominal de energía”. 

Vilá recordó además que luego del huracán se pudo presenciar la inundación producto de la crecida del Río Grande de Arecibo en el predio donde proponen ubicar el incinerador y la devastación que causó en las comunidades aledañas. “Si uno de los asuntos que ha quedado claro luego del huracán es la necesidad de reubicar infraestructura crítica que se encuentra cercana a ríos y costas, ¿cómo se puede estar considerando todavía nueva infraestructura en el cauce mayor del Río Grande de Arecibo?, cuestionó.

La ingeniero exhortó a que en vez de continuar impulsando un proyecto que tanto divide, el gobierno, quien también tiene facultad para presentar proyectos críticos ante la JCF debería trabajar con la industria privada y organizaciones no gubernamentales para impulsar un abarcador programa de infraestructura de reciclaje. “Si se trabaja bien, con participación y buena planificación se hará evidente que no es necesario un proceso fast-track para adelantarlo”.

 

Los proyectos de la Junta

CLARIDAD consultó al profesor Agustín Irizarry, ingeniero eléctrico y uno de los exrepresentantes de los consumidores en la Junta de Directores de la AEE, su parecer sobre los proyectos. De entrada se inhibió de comentar sobre el proyecto New Era Eolic, debido a que dijo fue consultor del proponente en el diseño e instalación de la torre de medición de viento y luego en el análisis de los datos de viento. Aunque no ha tenido más relación con el proyecto, ni con su proponente, expresó que le parece suficiente relación comercial para no comentar. 

En cuanto a los otros proyectos, apuntó categórico que está en contra de la incineradora debido a que la quema de basura no es una solución energética y en Puerto Rico no hace falta generación. “A mi juicio el gobierno de Fortuño y éste lo ven como una “solución” al problema de basura no de energía. creo que se equivocan en ambos casos”. 

En tanto sobre el proyecto de energía para los complejos correccionales reconoció que mejorar la eficiencia de la energía y el consumo de agua en las cárceles - casi todos los proyectos que disminuyen el consumo son muy buenos, estén o no en la cárcel. Pese a que dijo que luce caro por $25 millones a su vez hizo la salvedad de que casi todo lo que se usa en una cárcel es más caro, es como el uso militar o marino, donde hay situaciones que no son las comunes por lo que se le hace difícil juzgar bien el precio.

Sobre el cuarto proyecto, el de almacenamiento de energía de combustible alterno y reservas para la AEE de la producción de 4. 540 MW de unidades pico y de emergencia, señaló que le parece que “esto es un reconocimiento de que las unidades de emergencia de la AEE, ubicadas por toda la isla, están en mala condición. Con el aumento de actividad ciclónica que de seguro enfrentaremos quizás son necesarias”. 

Sin embargo, aclaró que no le convence mucho el uso de atender los picos de demanda pues los picos de demanda del pasado ya no existen (por la baja actividad industrial) y la entrada de la producción de energía renovables, lo que debe reducirlos más aún. “Lo que nos hace falta son unidades que permitan absorber los cambios en las renovables (que provean regulación y balance) y nos ayuden a sumar más renovables, $538 millones por 540 MW es caro”.

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