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Impugnan derogación de las Reservas Naturales

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Por Cándida Cotto

Publicado: martes, 7 de agosto de 2018

Tres organizaciones defensoras del ambiente y los recursos naturales impugnaron en el tribunal la derogación por la Junta de Planificación (JP) de siete reservas naturales y una reserva agrícola. La semana pasada el país fue sorprendido con el anuncio de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares por recomendación de la JP había dejado sin efecto la protección de siete reservas naturales y la Reserva Agrícola Costa Norte. 

La acción llevada por el licenciado Pedro Saadé Lloréns en representación de Toabajeños en Defensa del Ambiente (TDA), a través de su portavoz Juan Camacho, el Comité Socio Cultural Comunitario Arizona, San Felipe de Arroyo (CSCCASFA) portavoz, Alberto Rubio Rodríguez y el Sierra Club de Puerto Rico, solicita al Tribunal que ordene a la JP a revocar las resoluciones que dejaron sin efecto las reservas naturales y la reserva agrícola. 

Las organizaciones plantean que la JP no siguió el debido proceso de ley para derogar las resoluciones, entre ellas dar conocimiento al público, ya fuese mediante avisos públicos en distintos formatos y medios, lo que no permitió la participación ciudadana, tampoco hubo vistas públicas. 

“La Junta se limitó a dejar sin efecto las resoluciones mediante las cuales originalmente se adoptaron estos planes, y solicitó al Gobernador que derogara las correspondientes órdenes ejecutivas que los aprobaron, todo esto en directa violación a la Sección 2.1 de la Ley 38-2017, 3 LPRA. Sec 9611”, se plantea en la demanda.

Las reservas naturales son: RN Río Camuy; RN Cabullones en Ponce; RN Finca Nolla en Camuy; RN Punta Petrona, Camuy; RN Punta Guilarte, Arroyo; RN Playa Lucía, Yabucoa; RN Mar Chiquita, Manatí. La Reserva Agrícola del Norte abarca los pueblos de Camuy, Hatillo, Quebradilla y Arecibo. 

Las organizaciones plantean que además de una violación al debido proceso de ley, la derogación de las ocho reservas protegidas “sienta una mala pauta en el derecho administrativo. Este tipo de derogación “de escritorio” de tantas reservas a la vez, sin dar paso a la participación pública, y sin proponer planes alternativos, no debe ser permitida por este Tribunal, sobre todo cuando lo que quedan derogados son todos los instrumentos de planificación dirigidos a proteger recursos ambientales y agrícolas esenciales, así como terrenos costeros que están sujetos a inundación”. 

Además indican que el Gobernador fue inducido a “error” pues entre otras cosas los memoriales explicativos que le remitió la JP no hacen alusión a la valía natural y social de las reservas cuyas protecciones revocadas, ni las consecuencias.

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