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La energía es un derecho humano

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Por Luis Pedraza Leduc

Publicado: martes, 30 de enero de 2018

El tema de la energía en Puerto Rico, y en todo lugar, es mucho más complejo que dar un mensaje de minutos para anunciar la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, AEE, en un periodo de 18 meses.

El problema de la AEE es uno de administración, permeado por intereses privados y políticos que han convivido por décadas y se han lucrado del principal activo que posee el pueblo de Puerto Rico. Actualmente la privatización del sistema existe en plantas generadoras con carbón y gas, los parques eólicos y fincas de placas solares. Son privados los intereses que venden el combustible y también son privados los bonistas que condicionaron sus préstamos a tasas de intereses favorables a ellos. La más reciente muestra de privatización en la AEE fue la contratación de la Sra. Liza Donahue para que estableciera un plan de administración a un costo de sobre 100 millones de dólares. Sumemos los consultores, cabilderos y asesores legales por contrato y encontrará otra tajada de privatización. No olvidemos los siempre presentes subcontratistas que invaden las áreas de trabajo de personal unionado para así pagar las contribuciones políticas que éstos hacen durante el cuatrienio.

Si a esto le sumamos una administración politizada, dispuesta a incurrir en prácticas corruptas e ilegales ya que gozan de impunidad, encontramos que el problema de la AEE es la ausencia de voluntad para administrar bien la corporación porque el interés es sacar millaje político y económico para unos pocos. 

La propuesta del gobernador parte de la premisa incorrecta de que lo privado es superior a lo público. Precisamente, son los intereses privados que siempre han estado presentes en la AEE, los responsables de las decisiones adversas que afectan una operación eficiente de la corporación.

La diferencia esencial entre lo público y lo privado es que el primero produce para el bienestar común y el segundo produce para generar ganancias en detrimento del bienestar común. Por ello debemos cuestionar la privatización de la corporación. La AEE nos debe garantizar la energía como un derecho social y humano.

El proceso que se propone es contrario al escenario político establecido por la Ley PROMESA, el cual ocupa el campo legal fundamentado en el proceso de quiebra, la discusión de la deuda y los proyectos críticos y privados propuestos por la Junta de Control Fiscal. Auguramos pugnas de naturaleza política y de intereses económicos para adelantar agendas partidistas por encima del tema de la energía.

Este anuncio provoca una gran cortina de humo ante el problema fiscal y político entre el gobernador, la Junta de Control Fiscal y el Congreso por la concesión de un préstamo millonario anunciado, pero que no se hace realidad. Consideramos que el verdadero asunto que todos los puertorriqueños debemos discutir de manera seria y profunda es el futuro económico del país. Sobre todo cuando se propone al otro día del anuncio de la privatización de los activos de la AEE, un plan fiscal revisado a cinco años basado en proyecciones de préstamos federales, menos población, cierre de escuelas, despidos de empleados públicos y una cuota de rezos para que sea lo que Dios quiera. Tenemos un futuro incierto con un gobierno insensible que aprovecha la crisis de los huracanes Irma y María para adelantar su agenda neoliberal.

Es dentro de esta discusión seria, profunda y amplia que la energía expresa su dimensión social y humana. Es social porque de la energía depende toda propuesta de desarrollo en el país. Todo proyecto de inversión estudiará las condiciones que ofrece el sistema de energía, por lo tanto, esta infraestructura es la que debe crear empleos bien remunerados, contribuirá al fisco y propiciará el desarrollo económico deseado. 

En su fase humana afirmamos que el tema de la energía nos compete a todos. Es un asunto de derechos humanos, es un asunto de vida. Cada persona en su carácter individual necesita del sistema de energía para mantener la calidad de vida deseada y necesaria. Desde la conservación de alimentos, la transportación y poner en función las herramientas y equipos que nos simplifican la vida, hasta obtener un empleo, la energía está con nosotros. En nuestra vida adulta, en la vejez, nos exponemos a necesidades urgentes de salud que dependen de energía eléctrica. 

Por tanto, no puede ser algo tan sencillo como abrir al mercado la venta de activos. Todos y todas tenemos mucho que decir y hacer para garantizar que el derecho de la energía permanezca en nuestras manos, no en las manos y bolsillos de los privatizadores.

 

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