Opinión / Editorial

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El espejismo de la privatización

Publicado: martes, 30 de enero de 2018

En esta edición, CLARIDAD examina varios ángulos de la propuesta para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), esbozada por el gobernador Ricardo Rosselló en su breve mensaje de la semana pasada. Dicha propuesta es la culminación de un libreto oficial y oficioso  que lleva años madurándose, para convencer al País de que la privatización es la única solución posible ante la tortuosa situación financiera y la debacle administrativa que confronta la corporación pública que otrora fuera uno de los pilares en el desarrollo del Puerto Rico moderno.

El azote del huracán María, con el consecuente colapso de nuestro sistema eléctrico, es el telón de fondo que necesitaban el Gobierno, la Junta de Control Fiscal y el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, autor de la Ley PROMESA,  para impulsar la agenda privatizadora que todos comparten. De hecho, la ley PROMESA está predicada sobre la privatización del sistema y recursos energéticos de Puerto Rico, área de interés creciente en los mercados de capital. 

Enajenar bienes de los pueblos para colocarlos en manos privadas ha sido una herramienta vital en el despegue y control del neoliberalismo, esa etapa salvaje del desarrollo del capitalismo que anda haciendo estragos por el mundo entero.  De hecho, la privatización de  servicios públicos ha sido parte principal de la agenda de los dos partidos que se han turnado en el gobierno de Puerto Rico –el Nuevo Progresista (PNP) y el Popular Democrático (PPD)- cuando éstos han querido enmascarar el fracaso de su gestión como administradores y custodios de los haberes públicos.  En Estados Unidos, principal potencia del mundo capitalista, bajo cuyo control absoluto está nuestro país, la ideología neoliberal ha calado hondo, y permea en diferentes grados la agenda política y económica de los partidos allí, tanto Republicano como Demócrata. 

En Puerto Rico se enarboló la bandera de la privatización desde hace varias décadas. Primero, para poner en manos privadas a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), cuya infraestructura estaba deteriorada por la falta de mantenimiento y las malas decisiones gerenciales, y ya la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) había ordenado el pago de elevadas multas y el arresto de plantas de tratamiento por violaciones a las leyes y reglamentos federales. Con la oposición de los trabajadores de la AAA y de buena parte del País, la gerencia de dicha corporación pública optó por la privatización- entregándole el mantenimiento, la administración y operación de AAA a dos compañías extranjeras sucesivamente. El resultado fue nefasto y predecible. Los privatizadores obtuvieron ganancias,  pero la AAA  perdió, sobre todo porque terminó endeudada, con un déficit operacional de $641 millones, y  su infraestructura tan maltrecha o peor que como estaba antes de ser privatizada. El gobierno de Puerto Rico terminó retomando el control de la corporación pública, ante el fracaso del experimento. 

 Luego se volvió a enarbolar la misma bandera para desmantelar el sistema público de salud e instaurar la Reforma y la Tarjeta de Salud, convirtiéndolo en un sistema híbrido donde el Gobierno paga, y las aseguradoras privadas ganan. Un sistema donde  un puñado de “amigos del alma” del entonces gobernante PNP compraron a precios de quemazón los centros de diagnóstico y tratamiento, y los hospitales del sistema público para también privatizarlos, y también ganar. En este modelo, el Gobierno asume el riesgo y los privatizadores se embolsican la ganancia del enorme presupuesto destinado a la salud y financiado con fondos de Puerto Rico y Estados Unidos.  El resultado aún lo estamos viviendo, con un sistema de salud de pesadilla, donde priva el lucro sobre los servicios a la población más necesitada, y que se ha convertido en un “barril sin fondo” que sigue excavando en el pozo profundo y seco de las arcas públicas, mientras se mina la salud del pueblo.

La venta de la Telefónica, otra instancia de privatización que hoy deberíamos lamentar, se realizó bajo circunstancias extenuantes, con una oposición masiva laboral y de pueblo, y una huelga combativa que costó lágrimas y sangre, al movilizarse todo el aparato represivo del Estado contra los trabajadores y sus uniones. La promesa de utilizar el dinero de la venta para financiar los sistemas de retiro de los empleados públicos fue una mentira, y su mayor lección la hemos tenido ahora, tras el azote de María, cuando las compañías de telefonía y comunicaciones privadas; las que supuestamente son superiores, dejaron a Puerto Rico entero incomunicado por días y semanas, demostrando su debilidad e incompetencia, sin responderle ni a la Junta Reglamentadora  de Comunicaciones ,ni al Gobierno, ni al pueblo por su colapso. 

En estos días, la compañía Metropistas, privatizador de las estaciones de peaje del Expreso Puerto Rico 22, ha sido objeto de severas críticas, incluso por parte del propio secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, quien tronó contra ella por la sobre facturación y multas falsas expedidas a los usuarios del sistema.

Reconocemos que nuestro pueblo está cansado y agobiado por la falta del servicio eléctrico. El desastre provocado por María y la lenta respuesta para la restauración han agotado la paciencia colectiva. Pero la impaciencia y el coraje no son buenos consejeros a la hora de tomar decisiones trascendentales. La venta de la AEE a intereses privados no es una decisión pensada para favorecer al pueblo de Puerto Rico. Es, más bien, una ilusión óptica; una distracción más para evitar que nuestro pueblo se levante de verdad y  le exija cuentas a los verdaderos responsables de esta crisis: el gobierno de Estados Unidos y los sucesivos gobiernos coloniales de Puerto Rico. Que no nos encandilen con otro espejismo.

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claritienda Daniel Santos