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Este desastre es responsabilidad del gobierno

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Por Cándida Cotto

Publicado: martes, 30 de enero de 2018

Si usted es de los que como yo se mantiene pagando la factura de luz atrasada, porque simplemente lo alto de la factura, y sus ingresos no le permiten ponerse al día, sepa que se le acabó el truco con la privatización. Nada de lo que se privatiza resulta más económico, ni mucho menos mejor. El fin público de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) desparecerá por completo con la privatización. 

El anuncio del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, apoyado por los presidentes de los cuerpos legislativos de que se va a privatizar a la AEE no debe tomar por sorpresa, hace tiempo que intereses privados rondan por la citada corporación pública. Lo que sí debe dar y provocar el anuncio de privatización es indignación. La privatización de la AEE es uno de los propósitos expresos de la Junta de Control Fiscal desde su principio. Así que nada “hay nuevo bajo el sol”. En entrevista con El Nuevo Día, a dos días del anuncio de privatización (21 de enero 2018), la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, dijo en entrevista con la colega Joanisbel González, que la privatización de la AEE es una de las “encomiendas que la JCF espera completar durante su término de tres años... y que la Junta y el gobierno de Rosselló llevan “meses de conversaciones”.

Esos meses se pueden remontar al pasado año cuando en junio Rosselló Nevares, deshizo la composición de la Junta de Gobierno con lo que botó a los dos representantes de los consumidores de ese momento: los abogados Carlos Gallisá y Luis Ricardo Santini Gaudier y estableció una nueva junta, en la cual redujo de tres a uno la representación de los consumidores. Medio año después- al día de hoy- el gobierno no ha facilitado el proceso para la selección del representante de los consumidores. 

Sin embargo, a mediados de noviembre 2017 la JG integró a la dirección de la AEE a dos personas que provienen del sector privado de la producción de energía eléctrica. El primer nombramiento un Consejo Asesor de Transformación, y como su coordinador un ex vicepresidente del Edison Electric Institute (EEI), David Owens. Eso fue el mismo día en que “renunció” el cuestionado director ejecutivo Ricardo Ramos. Y el 24 de noviembre el gobernador creó el puesto de coordinador para el proceso de rehabilitación de la AEE, nombrando al ingeniero Carlos Torres, quien trabajaba para el EEI. Toda la JG de la AEE de facto responde al interés privado. La junta está integradas por el director ejecutivo de cada una de las siguientes agencias; la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF); el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el de las Alianzas Público Privadas (APP). Y detrás de todos estos el coordinador de la JCF, Noel Zamot. 

En entrevista el exrepresentante de los consumidores el licenciado Luis Ricardo Santini Gaudier, puntualizó que es un gran error pensar en la privatización de la citada corporación pública por ser ésta el motor económico de Puerto Rico. Continuó que hay que traer a la atención una serie de elementos para analizar en profundidad los efectos de la privatización. Lo primero que hay que cuestionarse es que de haber ocurrido el desastre del huracán Maria y la AEE ser una corporación privada FEMA no podría prestar ayuda dado a que esta agencia (siglas en inglés de la Administración Federal Ayuda para Desastre) solo da ayuda a las corporaciones públicas o privadas sin fines de lucro. 

En ese aspecto planteó cuál compañía privada hubiera tenido la solvencia económica para correr con los gastos de re reestauración del sistema. De no tenerlos de seguro la empresa tendría que tomar prestado para pagar la reestauración el cual terminarían pagando los consumidores. Trajo el ejemplo de que en la Florida las compañías privadas han impuesto una derrama de cuatro dólares mensuales a los abonados para pagar los gastos de reparación luego de los dos recientes huracanas. 

Prosiguió que hay que considerar los efectos que tendría la reforma contributiva que acaba de aprobar el gobierno de Trump en una corporación privada de energía eléctrica ante lo que cuestionó cuánto tendría que pagar esa corporación y quién pagaría esas contribuciones. Es evidente que el privatizador pasaría esos costos a los abonados. Otro aspecto que levantó es el qué sucedería con la contribución que -al presente- en lugar de impuestos que se le otorga a los municipios- debido a que la Ley POMESA le quitó ya $300 millones perderían cerca de $300 millones mas anuales por concepto de contribución en lugar de impuestos.

A la falacia de que la privatización redundara en un mejor servicio y de menor costo recordó que todo el proceso de privatización está sujeto a lo que decida la juez Laura Taylor. 

“El gobernador no puede hacer absolutamente nada quien representa al gobierno en el procedimiento de quiebra es la Junta de Control Fiscal es la que tendría que hacer una propuesta al tribunal”, acotó y recordó que en este proceso los bonistas también van a reclamar su parte por lo que el proceso puede tomar años y no 18 meses como dijo el gobernador. En relación a la venta también dijo que es un engaño del gobernador decir que el dinero de la venta será destinado al sistema de pensiones de los trabajadores. Precisó que la deuda de la AEE es de $9 billones y su valor en los libros es de $4.5 billones, eso significa que no habrá sobrante alguno. 

Por su parte otro de los exrepresentantes de los consumidores en la JG de la AEE, Juan Rosario, recordó que desde el 2015 había advertido que la Autoridad requiere una transformación radical pero no es la privatización. 

“Lo hemos dicho cientos de veces la AEE que tenemos hoy tiene que ser transformada de manera radical. Esa transformación debió comenzar hace décadas. Pero fue detenida por los mismos políticos. Ahora tienen otros planes. Porque no debemos tener dudas de que los que pretenden no es transformarla sino destruirla para repartirle el mercado de energía al sector energético privado, transnacional cuyo único norte es el lucro”. 

Por separado los dos exrepresentantes de los consumidores en la JG de la AEE coincidieron en enunciar los ejemplos fracasados de privatización de bienes públicos, como los servicios de salud, Carreteras y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el aeropuerto. Todas estas privatizaciones han representado menos ingresos para el gobierno. 

Rosario destacó el que la privatización de la AEE es parte de una nueva etapa en el proceso de lo que llamó una recolonización de Puerto Rico. “Poco a poco están creando un nuevo estado. Uno en donde el capital sustituye de manera descarada al gobierno y gobierna directamente. El aparato se queda ahí como una fachada pero es igual de inoficioso que en USA. Allí la gente se dio cuenta, y frente al cinismo que causa la impotencia, más de la mitad de la gente ni siquiera vota. Saben que no tiene ningún sentido”.

 

Más voces contra la privatización

En tanto la organización el Puente Enlace Latino de Acción Climática (El Puente), la cual ha trabajado el tema del cambio climático en el país y que lleva años luchando por la transformación de la AEE hacia un sistema más limpio, participativo y democrático que responda al interés público, también denunció: “¿Si vendemos la AEE, que quedará de nosotros? ¿A quién le va a tocar pagar la deuda tan grande de la AEE?, a los abonados? Por ende, ¿quién terminará pagando los errores en que sigue incurriendo nuestro gobierno?.” declaró David Ortiz, director de El Puente en Puerto Rico. 

A las denuncias de la organización se unió el director de finanzas del el Instituto para Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA por sus siglas en inglés) Tom Sanzillo, quien lleva años abogando por la transformación de la AEE. “El gobernador no tiene un plan de energía, no tiene análisis financiero. Si él cree que le va a vender la AEE al sector privado para que ellos lleguen a invertir, esto será una receta para que los intereses privados hagan lo que quieran con Puerto Rico”. El experto en temas de generación de energía aseguro que la venta propuesta de la AEE redundaría en un aumento aun mayor de corrupción y un mínimo de electricidad. 

Por su parte la ingeniera Ingrid M. Vila Biaggi, exsecretaria de la gobernación y presidenta de CAMBIO, entidad que trabaja temas de sustentabilidad y que aboga por una revolución energética hacia energía renovable limpia reaccionó al anuncio: “Estamos ante funcionarios incapaces de liderar con visión las transformaciones que necesita el país y optan por el camino fácil de vender al mejor postor un activo social y económico que nos pertenece a todos y todas. Es a través de estos esquemas que se repagan favores políticos. Que nadie se engañe con la retórica hueca que trata de echar culpas a fantasmas en la AEE. Los únicos responsables de que hoy casi la mitad del país continúe a oscuras y que tengamos un sistema eléctrico obsoleto son los gobernantes.” manifestó Vila Biaggi. 

Ortiz atribuyó que la privatización de la AEE va de la mano con la propuesta de desmantelar la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) y acusó a que “alguna negociación detrás de puertas cerradas se tuvo que llevar a cabo para que esto se dé. Me parece bien sospechoso que la Junta de Control Fiscal dejó que el plan fiscal de la Autoridad se atrasara dos veces y que se presente este miércoles”, finalizó. 

 

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