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Opinión / Editorial

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La UPR ante la re acreditación

Publicado: miércoles, 23 de enero de 2019

Si en algo están de acuerdo la Junta de Control Fiscal (JCF) y la administración de Ricardo Rosselló y el PNP es en su agenda de asedio y control de la Universidad de Puerto Rico (UPR). De ahí que el plan fiscal aprobado por la JCF para la institución en octubre pasado, esté basado en pronósticos demográficos y financieros altamente negativos. Para imprimirle urgencia a sus pronósticos desalentadores –y convertir en realidad su narrativa sobre la UPR– la JCF y el Gobierno han intentado crear y consolidar en el pueblo puertorriqueño una opinión negativa y cínica que eche sombras sobre la viabilidad y la existencia misma de la institución. 

Según esa narrativa oficial, y los medios de prensa que la alimentan, en la UPR se ha instalado un “mango bajito” que hace insostenible su operación presente y futura, a menos que la institución se someta a la receta del plan fiscal: drásticos recortes presupuestarios y de beneficios para su personal, cancelación de becas y exenciones para los estudiantes, y aumentos en costos por matrícula y otros servicios. Por supuesto, que en dicha narrativa, la JCF y el Gobierno apuntan su dedo acusador por la situación de la UPR hacia los estudiantes, profesores y empleados no docentes. Precisamente contra los sectores mayormente afectados por el plan fiscal. Estos son los mismos sectores que arrinconan y difaman si protestan, denuncian y resisten; sectores que no tienen los fondos ni el poder para enfrentarse a la poderosa maquinaria de comunicación, abogados, asesores, relacionistas y cabilderos con que cuentan la JCF y el Gobierno.

La brecha de poder entre unos y otros, y la disonancia del ruido mediático, pueden ofuscar la mirada para que no se advierta una gran contradicción. Por un lado, querer convencer al País de que no hay los recursos para sostener su universidad, mientras se le obliga a pagar y sostener al gobierno, la JCF, y a toda su comparsa de consultores y demás parásitos. 

También puede ofuscarse la mirada y no ver dónde está la verdadera “grasa” y la burocracia más enquistada en la UPR; dónde se concentra el “batatal” politiquero más asfixiante. Precisamente, está en su enorme e ineficiente estructura administrativa y de gobernanza. No son los estudiantes, ni los profesores, ni los empleados el problema, sino una Junta de Gobierno, una Presidencia y una Administración Central, cuyos principales funcionarios han sido nombrados y responden por su lealtad al partido que gobierne en cada momento– sea el PNP o el Popular Democrático. 

Por eso, durante todo este debate en torno a la reacreditación, saltan a la vista estas preguntas que aún faltan por dilucidarse en los grandes medios de prensa: ¿Cómo es posible que, a la altura del 2019, la UPR –con todos sus expertos en finanzas y contabilidad– no haya podido entregar sus estados financieros completos y auditados, y así garantizar la re acreditación de sus recintos por la Middle States Association for Higher Education (MSAHE)? ¿Cómo es posible que– tal y como el presidente de la UPR reconoció recientemente en la prensa– en 2018 la institución ni tan siquiera había contratado una firma de auditores externos a esos fines? ¿Cómo es posible que en esta era de alta velocidad en la información y de datos instantáneos, la comunicación entre la administración central y los recintos falle al punto de detener un proceso tan importante como la re acreditación de la institución? ¿Cómo es posible que durante todos estos pasados años la falta de controles financieros y administrativos haya permitido casos como el de Crece 21, donde fueron acusados de fraude varios rectores y altos oficiales de la UPR? ¿O el de los informes de tiempo y esfuerzo truqueados de ciertos investigadores en altas posiciones, por los cuáles hubo que pagar una multa millonaria al gobierno federal? 

Dos artículos publicados en esta edición de CLARIDAD arrojan luz sobre las causas de las caóticas condiciones en las finanzas y administración de la Universidad que están poniendo en jaque la re acreditación de la institución. En ellos se explica cómo y por qué se ha dilatado el proceso de entrega de la información que la MSAHE ha solicitado una y otra vez. También se explica cómo dicho atraso obedece a subterfugios para tratar de esconder que los recortes y demás medidas de austeridad impuestas por la JCF son la verdadera amenaza a la sostenibilidad y estabilidad financiera de la UPR de cara al futuro. 

A través de sus declaraciones a CLARIDAD, destacados académicos y representantes de los profesores y empleados de la UPR, explican cómo, tras la tardanza de la administración universitaria en entregar la información completa que requiere MSAHE para la reacreditación, se oculta el daño irreversible que ocasionarán a la UPR el recorte presupuestario y las medidas de austeridad decretadas por la JCF.

La UPR provee un servicio esencial a nuestro pueblo. Ninguna otra institución de educación superior del País es tan importante, influyente, abarcadora y de tan alta calidad académica. Ninguna puede demostrar un récord de graduados tan prominentes y bien preparados que son ávidamente perseguidos para reclutamiento laboral en Estados Unidos y otros países. Ninguna puede presentar una hoja tan impresionante de contribuciones al desarrollo de una sociedad puertorriqueña productiva en conocimiento y acción. La trayectoria de 115 años de la UPR en beneficio de Puerto Rico está a la vista de todo nuestro pueblo. 

Por eso, nos toca a todos defenderla. Impedir que, mediante desinformación y ocultamiento, se destruya su oportunidad de obtener la re acreditación en esta coyuntura crítica. Derrotar con datos los pronósticos negativos de la JCF y el gobierno de Rosselló, y resaltar sus posibilidades extraordinarias para la reconstrucción y futuro de nuestro país es lo que corresponde hacer para impedir que prevalezcan sus enemigos.

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