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No todo lo que se construye es necesario

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Por Cándida Cotto

Publicado: martes, 29 de agosto de 2017

Como un proceso peligroso, irresponsable y hasta irreal, así describieron varios expertos consultados por CLARIDAD, la manera en que la Junta de Control Fiscal (JCF) y su coordinador de revitalización (CR), Noel Zamot, van a manejar las propuestas de “proyectos críticos de infraestructura”, bajo el Título V de la ley PROMESA. 

En una presentación en la sede del Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CIA), ante un público conformado por empresarios, constructores etc, Zamot, anunció que los “proyectos críticos”, están enfocados en infraestructura de energía eléctrica, transportación, manejo de agua y desperdicios sólidos. Según Zamot y la JCF, “Puerto Rico necesita cerca de $1,600 millones en nueva inversión de infraestructura para cumplir con los objetivos de crecimiento económico contenidos en el Plan Fiscal de Puerto Rico”. 

A preguntas del público quedó demostrado que la preocupación principal de los interesados (constructores inversionistas etc.) es que consideran que los procesos de permisos son extremadamente largos, incluyendo los procesos en la esfera federal. La contestación de Zamot a esta preocupación fue que el flujo de la permisología en la esfera federal es mucho más predecible y que ellos –la CR– están más enfocados en la permisología estatal. Más adelante comentó que se esperaba que las agencias estatales se tomaran 20 días en los procesos de permisología. El funcionario confirmó que ya se han sometido siete proyectos todos relacionados con la producción de energía. 

 

No todo lo que se puede construir es necesari

Mientras tres planificadores entrevistados por CLARIDAD coincidieron en denunciar que los llamados “proyectos críticos” a los que se refiere la JC son la extensión de la PR 22 y la construcción de la incineradora de Arecibo.

A juicio del planificador Félix Aponte, el país tiene otras prioridades que no son las identificadas por la JCF. 

Aponte, quien fue miembro de la Junta de Planificación (JP) y en la actualidad es miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) como representante de los consumidores, reveló que el proyecto de la incineradora se encuentra entre los considerados por la JCF como uno “crítico” y es por mucho uno de los más costosos. De hecho EA no consiguió que la agencia de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de EE UU financiara el proyecto. 

El planificador trajo a la atención el que todavía se habla del proyecto del incinerador como se pensó en el 2008, pero que más allá de todas las controversias ambientales, que implica el proyecto, aun si se ubicara en un lugar donde no represente obstáculos ambientales todavía el proyecto tiene un problema fundamental desde el punto de vista de planificación. Explicó que en las referencias de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) de 2003 y luego en el 2008, el proyecto se hizo bajo la estimación de que Puerto Rico iba a tener cuatro millones de habitantes en el 2010. Es evidente que ésa no es la realidad hoy. 

A esto se suma el que frente a la recesión actual y la situación de los municipios que casi no les permite ahora mismo pagar por la disposición de los desperdicios a los vertederos privados mucho menos podrán pagar lo que EA pueda cobrar. Aponte indicó que hace 10 años el costo por tonelada para tirar la basura en el incinerador para los municipios era $36 dólares la tonelada, ahora podría llegar a ser más de $45. Puso como ejemplo que una empresa en EEUU que el proyectista de EA ha usado como modelo cobra $72 dólares la tonelada de basura. “Aquí no hay municipio que pueda pagar ese costo, además, el viaje desde el oeste y el precio por el transporte es bien costoso así que los municipios tendrían que incurrir en costos por llevar los desperdicios a Arecibo”. 

En referencia a proyectos de transportación atribuyó que detrás de esa propuesta lo que está es la extensión de la autopista PR 22 hasta Mayagüez. Este proyecto en los planes del gobierno tiene el nombre de “Campo traviesa”. Una vez más cuestionó la pertinencia de este proyecto. 

“La pregunta es mover a quién para hacer qué. Si la gente para ir al oeste tiene la opción de ir por el sur y los que van por el norte ese tramo lo completan por la dos no hay actividad económica ni siquiera en el aeropuerto de Aguadilla para en este momento justificar esa construcción”. 

Denunció que ésta es una inversión multimillonaria y su propósito y negocio es cobrar por peaje. Una vez más advirtió que la viabilidad de ese proyecto tendría que ponerse al día con la realidad demográfica dado a que hoy hay medio millón de personas menos en el país y muy posible habrá medio millón menos en los próximos cinco años. 

El experimentado planificador quien ha sido consultor para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) fue enfático al cuestionar la necesidad de más infraestructura vial cuando en este momento no hay capacidad para darle mantenimiento a la infraestructura existente. Aponte destacó que en lugar de nueva construcción es necesario hacer mejoras estructurales al pavimento, los drenajes, “la estructura existente tiene que recibir mantenimiento preventivo, seguir añadiendo kilómetros es añadir deuda, sería una locura, no muestra sensatez ni racionalidad, ni entendimiento de la realidad objetiva de hoy”.

En cuanto al tiempo para evaluar los proyectos y las diferencias entre las agencias de Puerto Rico y las agencias de EE UU, Aponte desmintió de plano el que las agencias de EEUU fuesen más previsibles. Aponte trajo el hecho de que el Cuerpo de Ingenieros (CI), tiene injerencia en todo proyecto que implique el recurso agua y que además en el caso de las otras agencias de EEUU todas, cada una tiene, que registrar la gestión de cada proyecto y dar 30 días mínimo para comentarios públicos. 

“Eso es una falacia, no guarda relación con la realidad objetiva, el Cuerpo de Ingenieros es lento aquí y en Estados Unidos”, reiteró. 

 

Extremadamente peligroso

El también planificador ambiental, José Rivera Santana, calificó de extremadamente peligroso emitir permisos expeditos bajo la declaración de emergencia que estableció el gobernador Ricardo Rosselló con la Orden Ejecutiva Núm. 3 de este año, y la cual además hace referencia a la aprobada por Luis Fortuño. “La consecuencia es que todos los procesos de permisos se atropellan y se pone en riesgo los impactos a los recursos naturales, a la gente y las comunidades”. 

En cuanto a que los proyectos se contemplan mediante las llamadas alianzas público privadas (APPs) argumentó a que con algunas excepciones en Puerto Rico éstas son un mito debido a que lo que ha ocurrido es la privatización, debido a que la norma ha sido que el estado asume las pérdidas y el privado asume las ganancias como ha sido el caso del aeropuerto Luis Muñoz Marín, de Carolina. 

 

Las agencias no cuentan con los recursos humanos ni económicos

Por su parte Luis Jorge Rivera Herrera, planificador ambiental, apuntó en que hay una distinción entre lo que es un proceso expedito de aprobación y un proceso expedito de evaluación, por lo que si la JCF se está refiriendo al proceso de aprobación, cualquier análisis que se pueda hacer de un proyecto denominado como “crítico”, resulta académico. 

“Ése es el gran problema fundamental de este proceso que varias administraciones de gobierno han tratado de promover y han desembocado en una irresponsabilidad con la crisis fiscal y los problemas de desarrollo que enfrenta el país”, manifestó. Añadió que las agencias de Puerto Rico no cuentan con los recursos humanos y fiscales para llevar a cabo los procesos de evaluación de una manera responsable debido a la pérdida de trabajadores(as) en particular de la memoria institucional e información que sería vital para una evaluación correcta de cualquier proyecto.

Al igual que los otros entrevistados Rivera Herrera señaló los mismos defectos de concepción de los proyectos de la extensión de la PR 22 y de la planta de incineración, los cuales no tenían, ni tienen viabilidad social, económica, ni ambiental. 

 

No nos engañan

Mientras por su parte la activista Myna Conty, portavoz de la Coalición contra el Incinerador (CCI) expresó a CLARIDAD que el gobierno lo que está usando es un juego de palabras con la intención de engañarles. “Sabemos que están detrás de EA que es el proyecto más adelantado, no lo llaman por su nombre. La Coalición estará pendiente, estamos aquí día a día, no vamos a permitir que se construya nada este proyecto fue fastrack ya con Fortuño en el 2010 llevamos siete años y no han podido construir, tengo noticias para ellos, este proyecto no va, porque la salud del pueblo es primero que cualquier parte de la economía que haya que arreglar, porque sin salud no hay nada, hago un llamado al gobierno a que ponga sus cosas en orden”.

 

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