Opinión / Siete días

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El otro costo de la estadidad

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Por Manuel de J. González

Publicado: miércoles, 9 de abril de 2014

Gracias al reciente informe de la Oficina de Contraloría del Congreso de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) los miembros de ese cuerpo legislativo ya conocen el "costo" actual de la hipotética conversión de Puerto Rico en otro estado de esa nación, al menos según lo estiman los técnicos del GAO. También lo conocen muchos puertorriqueños, particularmente aquellos que se verían obligados a pagar contribuciones al tesoro federal una vez se produzca la anexión formal. Ese costo se expresa únicamente en dólares, algo común en Estados Unidos, y en ambos casos –tanto en cuanto a ellos como para nosotros- son sumas billonarias.

Hay otro costo que no aparece en el estudio del GAO porque es algo que escapa del marco de atención de los técnicos que trabajan en esa oficina y, por tanto, no formó parte de la propuesta de estudio. Me refiero al costo social y político, a corto o a largo plazo, que supone la incorporación como estado de una nacionalidad muy diferenciada desde el punto de vista étnico, cultural y lingüístico. Igual que con el costo económico, éste otro se da en las dos direcciones porque sería sufrido tanto allá como acá.

Cuando Estados Unidos comenzó a formarse como país en 1783, al terminar su guerra de independencia, tenía trece estados con marcadas diferencias en cuanto a economía (sobre todo entre el norte y el sur) pero con similar expresión cultural y de lengua. Por eso no les resultó muy difícil lograr la unidad. Durante los próximos dos siglos creció hasta tener 50 estados, pero las diferencias macroculturales, en lugar de ampliarse se redujeron. Contradictoriamente, mientras ampliaba su tamaño físico se solidificaba como un solo país, como una "nación". El crecientemente poderoso gobierno central y la fortaleza de las instituciones que en él se desarrollaron –Congreso, sistema judicial, Fuerzas Armadas, etc.– jugó un papel fundamental en el fortalecimiento de ese único "estado nacional". Todo se facilitó por el hecho de que la población de los nuevos estados creció debido al desplazamiento de la de los ya incorporados. Hasta en el lejano Hawai, antiguo reino diferenciado, ocurrió el mismo proceso.

Aunque Estados Unidos no es una sociedad perfectamente homogénea –no conozco una que lo sea– luego de la guerra civil (que se produjo por las razones que todos conocemos) las diferencias culturales y regionales nunca han llegado a un nivel conflictivo. Durante los últimos cien años la tendencia evidente ha sido hacia una creciente centralización que, a su vez, ha producido un nacionalismo exacerbado, donde los símbolos nacionales –bandera, himno, etc.– son cada vez más importantes. Ahora mismo difícilmente existe un país más nacionalista que Estados Unidos, donde hasta los juegos de béisbol se interrumpen en la séptima entrada para cantar "God bless America". Se trata, por tanto, de una sola nación, que valora mucho su unidad de cara al futuro, en la que los estados han pasado a ser provincias o regiones.

Puerto Rico –una nacionalidad caribeña que tras 116 años de "relación" con Estados Unidos sigue hablando español- sería, sin duda, una excepción dentro de la norma que ahora es la realidad política estadounidense. No se trata en este caso de la excepción que confirma la regla, sino de una que, al menos, levanta grandes cuestionamientos y aprehensiones en una sociedad crecientemente unificada como aquella.

Esa realidad, más que los cuestionamientos económicos, es la que está detrás de los congresistas y funcionarios estadounidenses que de vez en cuando levantan bandera de cautela ante la eventual incorporación de un nuevo estado que habla otro idioma y vive otra cultura. La posibilidad de que el nuevo miembro altere la unidad nacional estadounidense fraguada a lo largo de dos siglos, es un riesgo que muchos evitarían correr. Sería un costo que no se mide en dólares, pero que podría ser más grande que el que estimaron los técnicos del GAO.

En lo que a los puertorriqueños respecta ese otro costo siempre ha estado presente en nuestros análisis. Unos lo ven como un riesgo de asimilación forzada y otros como un permanente choque cultural a manifestarse con mayor crudeza tras la anexión. Son esas preocupaciones las que explican que tras más de un siglo de interacción con Estados Unidos, la estadidad como alternativa de estatus nunca haya sido apoyada por la mayoría del pueblo. A pesar del atractivo que evidentemente irradia el poderío económico de Estados Unidos, y a pesar también de la enorme ofensiva mediática a favor de la integración, esa mayoría sigue siendo escurridiza.

A raíz del informe del GAO dirigentes y comentaristas anexionistas han insistido en señalar que la desventaja económica que plantea el estudio puede ser superada y que el costo de los nuevos impuestos se compensaría con las transferencias adicionales que llegarían en forma de ayudas. Ésos y otros argumentos podrían servir para contrarrestar el costo que surge del informe, pero el otro costo, el que nace de nuestra realidad nacional y se ha manifestado a lo largo del siglo de "relación", no puede borrarse con malabarismos aritméticos. Ése es el que realmente impide que los estadounidenses quieran "darnos" la estadidad y que los puertorriqueños se interesen en pedirla.

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