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Batallando contra las expropiaciones

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Por Cándida Cotto

Publicado: miércoles, 22 de agosto de 2018

Las experiencias por las expropiaciones en el barrio San Mateo en Santurce, la comunidad Vietnam, Los Filtros en Guaynabo, y otras en zonas fuera del área metropolitana llevó a representantes de 30 comunidades a organizarse en el Comité para la Reforma de la Ley de Expropiaciones (CRLP). Los cambios se hacen más urgentes ante el Plan de Acción de Vivienda (PAV), preparado por el Departamento de la Vivienda para poder acceder a los Fondos de Recuperación de Desastre para el Desarrollo Comunitario del Departamento de Vivienda de Estados Unidos. El dinero que recibiría el DV de Puerto Rico se estima en $1,500 millones. 

“Nos dimos cuenta de que hacía falta una oposición permanente para enfrentar el abuso de la expropiación forzosa. La tradición es esperar a que la expropiación se dé para, entonces, la comunidad organizarse. Cuando pasa eso, ya es tarde. Si la ley está mal escrita, uno está destinado a perder”, expresó a CLARIDAD Luis Gallardo, uno de los portavoces del Comité. En la asamblea comunitaria en la que se organizaron, hubo amplia participación de gente de la comunidad de Vietnam, las ocho comunidades del Caño de Martín Peña y de La Perla; en fin, lugares que históricamente han estado bajo amenaza de expropiación. 

Aunque no es hasta este momento que el Comité da a conocer su gestión, viene trabajando para lograr cambios a la ley desde el 2015. Ese año consiguieron que en la Cámara de Representantes se presentara un proyecto (PC 2312) que introducía cambios a la Ley de Expropiación; pero el proyecto fue rechazado ante la fuerte oposición de los alcaldes. 

En conferencia de prensa el pasado martes, el Comité anunció el inicio de una campaña ciudadana para lograr que haya cambios en la ley. Para esto cuenta con el apoyo del Instituto para la Justicia, una organización sin fines de lucro y firma legal de libertades civiles dedicada a erradicar el abuso de la expropiación, o el “dominio eminente”, como se conoce en Estados Unidos. 

El cabildeo apenas está iniciando, por lo que esperan, en esta próxima semana, comenzar a reunirse con los legisladores y presentar un borrador con las enmiendas, basadas en el PC 2321; pero atemperado al contexto actual, que es la amenaza que representa el PAV para comunidades por prácticamente alrededor de toda la isla. 

El PAV fue a su vez preparado con los planes que presentaron los alcaldes. Gallardo, quien es representante de su comunidad en el Barrio Mulas de Aguas Buenas, confirmó que el alcalde no consultó a las comunidades para preparar su plan; que no hubo ninguna participación ciudadana ni en Aguas Buenas ni en ningún otro pueblo. Agregó que cuando el Departamento de Vivienda estuvo recibiendo las propuestas de los municipios, hubo una ola de peticiones de parte de grupos sin fines de lucro y organizaciones de base comunitaria solicitando tiempo para participar en las vistas y no se les permitió. Denunció que las propuestas presentadas por los alcaldes, aunque algunas no tienen que ver con el desplazamiento, tampoco son específicas. Hablan de reubicación; pero no dicen dónde van a colocar a la gente desplazada. 

El líder comunitario reconoció que, de momento, no se conoce que haya alguna amenaza de expropiación o desahucio: “Estamos como en un momento de tranquilidad”. No obstante, comentó que ha recibido llamadas de personas de comunidades en Aibonito y Arecibo, denunciando que han visto oficiales mirando y midiendo terrenos en sus vecindarios. 

Otra de las portavoces del Comité, Mary Ann Hopgood, quien pasó por la dura experiencia de expropiación de su comunidad San Mateo de Cangrejos (Santurce), expresó que estarán vigilantes y harán todos los trabajos necesarios para lograr que se enmiende la Ley de Expropiación: “Estoy comprometida con que la pérdida de un barrio tan hermoso, como era el mío, no se repita”.

Las denuncias contra el PVA están evidenciadas en el examen que realizó la organización Ayuda Legal, de cada uno de los planes municipales. Es notable que en muchos de estos, se utiliza la palabra desplazamiento por expropiación y/o relocalización. Se señala el desplazamiento de comunidades en la zona rural, como en el caso de Aguas Buenas, y el desplazamiento de comunidades sin título, como en Barranquitas. En ambos casos no se identifican las comunidades. 

En otras, sí se identifican las que serán desplazadas, como Arroyo, Aguada, Arecibo, Carolina, Cayey y Guánica. En fin, para la gran mayoría de los pueblos se habla de desplazamiento de comunidades. Por ejemplo, en el municipio de Ceiba identifican el desplazamiento de la comunidad Las Lomas, del barrio Los Machos, para construir un complejo turístico. En Yabucoa, se habla de desplazar a la comunidad de pescadores El Negro. En el plan de Vieques se habla de relocalizar las comunidades de Villa Borinquen, Monte Santo, Monte Carmelo y el sector aledaño al Barrio Esperanza. 

Algunos de los planes que parecen ser la excepción, según el examen de Ayuda Legal, son: Lares, Caguas, Las Marías, Moca y Morovis. 

La Sociedad Puertorriqueña de Planificación fue una de las primeras en denunciar las deficiencias del Plan de Acción de Vivienda, que fueron recogidas por este semanario en entrevista a su presidente, el planificador David Carrasquillo Medrano, en la edición del 21 al 27 de junio de 2018.

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