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¿El fin de una época?

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Por Félix Córdova Iturregui

Publicado: lunes, 15 de septiembre de 2014

En junio de 1993, el gobernador Pedro Rosselló anunció la venta de la Autoridad de Navieras. Pocos meses después, el 22 de octubre, firmó una Orden Ejecutiva con el propósito de recomendar legislación sobre la sindicación de los empleados públicos. Ninguna de estas dos medidas debió ser una sorpresa. Desde antes de haber sido electo gobernador, Pedro Rosselló le había comunicado a importantes sectores del movimiento obrero organizado que su política uniría estos dos aspectos que podrían considerarse contradictorios desde el punto de vista laboral, así como desde el punto de vista de la empresa privada: 1) la privatización como un medio para reducir el tamaño del gobierno; 2) la concesión del derecho a la sindicación a los empleados públicos.

Las dos medidas tuvieron un desarrollo coordinado que con la distancia de los años adquiere nuevas resonancias. En el mensaje a la Legislatura del 24 de enero de 1995, Pedro Rosselló anunció que presentaría un proyecto de ley para conceder el mencionado derecho a la sindicación. Ese mismo año terminó la venta de las Navieras. En la culminación de este importante proceso de privatización sobresale la participación de Félix Negrón, entonces presidente de la Unión Independiente de los Empleados Telefónicos (UIET). El gobierno de Pedro Rosselló había nombrado a Negrón miembro de la Junta de Gobierno de las Navieras. El destacado dirigente sindical participó activamente en un proceso de privatización llevado a cabo con la mayor secretividad. Sin pudor alguno, Félix Negrón apareció en una primera plana de El Nuevo Día cuando terminó la venta. En la discusión surgida durante el tortuoso proceso de venta de las Navieras, Negrón debió comprender que las privatizaciones de las corporaciones públicas continuarían. Importantes representantes del mundo financiero insistieron en una idea clave: comenzar la venta con las corporaciones más lucrativas. Uno de los banqueros de inversión de Estados Unidos mencionó específicamente la Telefónica. Las dos organizaciones sindicales de la Telefónica, la UIET y la HIETEL, mantuvieron silencio ante la escandalosa actuación de Félix Negrón. Ambas formaban parte de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT).

Más sorprendente todavía resulta otro aspecto del complicado panorama. El gobierno de Pedro Rosselló se había propuesto privatizar la administración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Exigió que la compañía privatizadora llegara a un acuerdo con la unión más importante de la corporación pública (UIAAA). Héctor René Lugo, presidente de la unión, (hoy encarcelado por varios cargos de corrupción), señaló que a su organización le había tocado establecer un precedente e “inventar una nueva alternativa de negociación”. Estos procesos señalados estaban íntimamente eslabonados, incluyendo otros que no tenemos espacio para abordar. Pedro Rosselló sabía lo que hacía. Comprendía el viraje histórico de su política de gobierno, recogida en su nuevo modelo económico. Destacó que la venta de las Navieras marcaba el fin de una época.

Sus palabras no deben ser tomadas con liviandad. Podrían tener un rigor sorprendente. Sin considerar también otras medidas adoptadas o propiciadas por su gobierno –la privatización del sistema de salud, facilitar la eliminación de la Sección 936, el desmantelamiento de importante legislación laboral, entre otras-, sería muy difícil entender el carácter específico de la crisis económica actual. Es decir, el comienzo de la nueva época, o nueva era, como dijeron otros, con el énfasis en el mercado y la empresa privada desembocó en la catástrofe actual. Un proceso que debe ser documentado con mucha rigurosidad en el futuro. Sobre todo porque fue el momento histórico en que maduró una característica clave: la corrupción. El escenario gubernamental se convirtió aceleradamente en un espacio minado por la falta de escrúpulos, los procedimientos inmorales y el asalto multilateral a los bienes públicos. Todo esto movido y protagonizado por las grandes empresas privadas. La UIET, ya fuera del panorama Félix Negrón, destacó que los proyectos radicados en la Legislatura para privatizar la Telefónica respondían a la iniciativa de las compañías privadas. En realidad, la situación fue mucho peor: la propuesta, hecha a toda velocidad, para vender la Telefónica, se movía sobre las aguas podridas de la corrupción. La corporación pública se había convertido en un verdadero nido de trampas. Allí surgieron los famosos “empresarios por Rosselló”. Venderla era evitar el estallido eventual de la podredumbre.

Hay aspectos de este proceso que no deben ser olvidados. Uno de los personajes que ayudó a sacar a flote la corrupción en la Telefónica fue el representante del PPD, Aníbal Acevedo Vilá. Diligente e incisivo como legislador, Acevedo Vilá denunció la venta de una subsidiaria de la Telefónica, con la intervención de Marcos Morell y Max Pérez Preston, a Andrés Romero Dest, hijo de Carlos Romero Barceló, y al doctor Iván Ramos Cubano. Al comenzar este siglo, Ramos Cubano, acusado de corrupción por el gobierno federal, se convirtió en testigo de la fiscalía en el caso contra el ex-presidente de la Cámara de Representantes, Edison Misla Aldarondo.

Pero el caso más escandaloso de la Telefónica tuvo que ver con Eladio López Reyes. Sus planillas revelaban un ingreso personal de $25,000 anuales entre 1988 y 1994. Sin embargo, poseía una residencia de $887,000 en Santa María, Río Piedras, y un yate de 55 pies de eslora valorado en un millón de dólares. López Reyes era dueño de varias empresas que superaban el 23% de los contratos con la Telefónica. Sus empresas no pagaban contribuciones. El caso se desenmarañó de una forma grotesca. Fue un buen ejemplo neoliberal. Cuando se descubrió que All Systems, de López Reyes, no pagaba contribuciones y se le cancelaron contratos, otorgándoselos a Bell Communications, el estallido fue decisivo. Resultó que Bell Communications era también una compañía de López Reyes. Entre 1990 y 1996, las dos compañías de este audaz empresario llegaron a un total de $103, 580,650 en contratos. A esta cifra hay que añadirle los ingresos de Tele-Ivette Corp., también suya, que recibió $18, 705, 142 durante esos mismos años. La privatización evitó la investigación de escándalos de esta índole.

El mundo, sin embargo, se transforma. La seriedad fiscalizadora de Acevedo Vilá sufrió serias transformaciones en su trayectoria política posterior. El 30 de julio de 2009, la senadora Norma Burgos y el senador Thomas Rivera Schatz presentaron la medida R S0554 para investigar los detalles del acuerdo de transacción entre el gobierno de Acevedo Vilá y Eladio López Reyes formalizado el 31 de diciembre de 2008. El acuerdo reducía una deuda contributiva de $30 millones a $4.7 millones. Norma Burgos y Rivera Schatz pensaron seguramente que se trataba de un favor a algún empresario del PPD. La investigación del sospechoso acuerdo no culminó. No tardarían en descubrir que Eladio López Reyes era un distinguido miembro de Empresarios con Rosselló. Sobre el curso histórico de Acevedo Vilá hace falta un amplio espacio para observar cómo el incisivo representante del pasado se transformó en un cínico empresario vinculado a grandes empresas que ahora quiere refundar el ELA sobre la miseria y el empobrecimiento social. Ya ha dejado huellas imborrables.

* El autor es profesor de Estudios Hispánicos del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

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