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Con COFINA todavía estamos a mitad del juego

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Por Cándida Cotto

Publicado: martes, 12 de febrero de 2019

Aun cuando la juez Laura Taylor Swain dio su aprobación al plan de ajuste de deuda de COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante), eso no significa que el pleito queda cerrado, ya que los opositores formales que comparecieron ante el tribunal tienen derecho a apelar. Entre estos están los bonistas juniors, el representante Manuel Natal, y la organización PROSOL UTIER, junto a cerca de otras nueve organizaciones laborales, señaló a Claridad el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez.

CLARIDAD recogió las declaraciones de Emmanuelli respecto a la aprobación del plan por parte de la juez en entrevista del noticiero de Radio Universidad : “Aquí hay unas presiones muy grandes para la aprobación de estos planes. Por un lado están los acreedores y por otro están las expectativas que se tienen sobre la viabilidad de que la Ley Promesa funcione con Puerto Rico para que entonces se aplique a los estados que, igual que Puerto Rico, tienen problemas financieros’”.

Sobre esta decisión, el experto en casos de quiebra y representante de PROSOL UTIER explicó que también el esquema de la ley de quiebra tiene una inclinación a favor del deudor porque lo que se quiere es darle un nuevo comienzo. Los jueces de quiebra miran con buenos ojos las propuestas del deudor porque parten de la premisa de que eso es lo que el deudor entiende es lo mejor para él.

No obstante, lo que ocurre con la confirmación del plan de COFINA es que tiene muchos problemas jurídicos que, de hecho, la jueza no consideró. “Y si los consideró, los despachó muy livianamente. Eso deja mucha insatisfacción porque hay cuatro planes de ajustes de deuda que están pendientes, y uno de ellos que es fundamental es el de los bonos del gobierno de Puerto Rico”.

El licenciado Emmanuelli Jiménez advirtió y censuró el que la jueza vaya a atender desde la perspectiva de la prisa y del mollero los ajustes de planes de deuda pendientes y expuso que el trámite para la confirmación del plan de COFINA fue uno muy acelerado (de noviembre hasta el pasado cuatro de febrero), por lo que muy poca gente pudo oponerse y presentar argumentos desde diferentes perspectivas. “No me gustaría que esto sea un precedente para manejar los casos que quedan, con la misma prisa y con el poco rigor con que se aprobó este plan de ajuste de deuda”, expresó.

En posterior entrevista con CLARIDAD, Emmanuelli indicó que luego de la deuda de COFINA todavía están por discutirse ante la sala de la juez Taylor Swain la deuda de los bonos generales del gobierno de Puerto Rico (conocidos como los GBO), la deuda de la Autoridad de Carreteras (AC), la de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la del Sistema de Retiro de Empleados del ELA (SEELA). Comentó que aunque no se sabe en qué orden la JCF pueda someter los casos, hay gente que dice que la Junta quiere someterlos antes del verano, dado a que en ese tiempo se supone que acaben sus términos y hayan alcanzado los “objetivos de Promesa”. La ley PROMESA dice que los casos se tienen que ver con celeridad.

En cuanto a la decisión de la JCF de solicitarle a la juez que declare inconstitucional $6 mil millones de la deuda de los GBO, Emmanuelli advirtió de que esto podría ser una medida de presión de la Junta para llegar a un acuerdo de alguna reducción con estos acreedores, entre unos tres mil, cuatro hasta cinco mil millones, y someterlo al mismo trámite que se hizo con COFINA.

En cuanto a qué reflexión o resumen podría hacer sobre los pleitos planteados ante la juez a la luz de COFINA, Emmanuelli Jiménez, expresó que si se fuese a ver como un juego de béisbol de nueve entradas, “todavía estamos como a mitad del partido”. Explicó que si bien es cierto que ya empezaron los procesos de ajustes de deuda del plan con COFINA (la parte crítica del Título III) todavía hay reclamos de unos pleitos civiles que podrían dar al traste con la decisión de la juez. El primero es que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston podría bajar en cualquier momento declarando la ley PROMESA inconstitucional. Segundo, el plan de COFINA se podría apelar y el Circuito revocarlo. Tercero está el caso presentado por las uniones del Fondo Seguro del Estado (FSE) que, aunque está atrasado, también podría dar al traste con la ley PROMESA.“Y el otro punto es que los miembros de la Junta vencen su término en septiembre, así que todavía estamos en una etapa en que cualquier cosa puede ocurrir. Por eso digo que no se tiene claro cuál va a ser el resultado de todo esto”.

Finalmente, Emanuelli planteó que el ambiente de incertidumbre sobre si PROMESA funciona o no tiene un efecto en la economía, además de que las proyecciones económicas de la JCF dependen de la cantidad de fondos federales que lleguen y de la velocidad a que lleguen, lo cual no ha ocurrido como se esperaba. La Junta aún depende de esos fondos para pagar la deuda, los servicios esenciales aún no se han definido y en el plan de deuda de COFINA todavía hay aspectos dudosos.

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