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COFINA Un acuerdo que perjudica al pueblo

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Por Cándida Cotto

Publicado: martes, 12 de febrero de 2019

Una salida fácil, un acuerdo que perjudica al pueblo , condenándolo a pagar una deuda de más de 40 años, y unos números que no cuadran son parte de las denuncias de sectores de la sociedad civil, ante la aprobación por la juez Laura Taylor Swain del acuerdo de COFINA. La decisión de la juez, emitida el cuatro de febrero en horas de la tarde, sorprendió a los grupos opositores, más que por su aprobación, por la ligereza de su fallo y por los asuntos que dejó sin resolver.

Entre los primeros en reaccionar estuvieron los grupos del Frente Ciudadano de la Auditoría de la Deuda (FCAD), Dignidad, Vamos, la Comisión Ciudadana para la Auditoria de la Deuda (CCAD), el Centro de Democracia Popular (CDP) y los Hedge Cilppers, entre otras. La portavoz del FCAD licenciada Eva Prados denunció que la Jueza Swain no contestó los importantes cuestionamientos sobre la legalidad de toda la deuda, para irse por la salida fácil, de no más litigios, que solo beneficia a los bonistas, y a costa de un futuro doloroso para un pueblo en reconstrucción.

Reiteró la denuncia de que el acuerdo se basa en la ilegalidad, ya que la deuda no fue auditada y, para colmo, no hay evidencia alguna de que el acuerdo se pueda cumplir. “Esta decisión lo único que nos confirma es que ni la Ley PROMESA ni la Junta de Control Fiscal son las herramientas para garantizar al Pueblo de Puerto Rico una reestructuración justa de la deuda”.

Por su parte, el portavoz del CDP Julio López Varona reparó en que la reestructuración del 24% de la deuda aprobada significa pagos garantizados a los bonistas, sin ningún beneficio para la gente de Puerto Rico. Al contrario, los puertorriqueños tendrán que pagar la cuenta en forma de impuestos (IVU) más altos durante los próximos 40 años y con más formas de austeridad.

“La juez Swain juzgó mal el impacto de aprobar el acuerdo de COFINA al no evaluar la legitimidad de los bonos en cuestión. Esta decisión es la perpetuación del estatus colonial de Puerto Rico y el mayor desprecio por las vidas de los puertorriqueños por parte del Congreso de los Estados Unidos y los Tribunales de los Estados Unidos,” agregó María J. Torres-López, Organizadora de Diáspora en Resistencia (ODR).

Otra organización que arremetió contra la decisión de la juez fue la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR). Su presidenta Martínez Padilla censuró el que la jueza Laura Taylor Swain malgastara la oportunidad de hacer justicia: “Decidió favorecer a los enemigos de nuestro pueblo, no a los que nos levantamos a trabajar todos los días ni a los jubilados que dieron sus mejores esfuerzos al país. No permitió desfilar prueba importante sobre los efectos de este acuerdo en la gente”. 

 

Los números no cuadran

Mientras, la organización Espacios Abiertos, que encomendó un análisis sobre el plan de COFINA al economista Martín Guzmán, experto en deuda internacional, también reiteró sus denuncias respecto al plan de COFINA y sus consecuencias en el plan fiscal del gobierno: “¿Cómo es posible que el mismo plan fiscal sirva para un cálculo y no para otro? Nos dicen que COFINA representa ahorro; pero al mismo tiempo anuncian recortes”.

Espacios Abiertos trajo a la atención el que, hace tan solo tres semanas atrás, la JCF y el Gobierno utilizaban su plan fiscal para justificar y defender en el Tribunal un acuerdo generoso para los bonistas en detrimento, por los próximos 40 años, de la salud fiscal de Puerto Rico; que desde antes de que el plan de ajuste fuera ratificado por la juez se comenzaron a sentir sus primeras consecuencias.

EA precisó que el 30 de enero la Junta comunicó al Gobierno que la proyección de recaudos del Fondo General para el año fiscal 2020 será de $8,028 millones. Esto significará un recorte en el gasto público de aproximadamente un 8%, es decir, $702 millones, en comparación con el presupuesto de $8,730 millones del 2019.

Ante este escenario —destacó EA— algo parece no tener mucha lógica. Si hace unos días el Gobierno tanto defendía con la Junta el acuerdo como el plan de ajuste de COFINA y celebraba que tendría $456 millones anuales adicionales, ¿cómo es que ahora el dinero no es suficiente y se exige un recorte anual de $702 millones al presupuesto? Frente a estos números la organización insistió en su cuestionamiento: “¿Qué hace posible que el plan fiscal certificado el pasado octubre ya esté obsoleto para el nuevo presupuesto, lo que requiere amplios recortes para el pueblo, y en cambio siga vigente cuando se trata del pago a los bonistas de una deuda insostenible?”

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