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Políticas educativas relacionadas con género en Puerto Rico

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Por Loida Martínez Ramos

Publicado: lunes, 24 de noviembre de 2014

    El tema de equidad por género y de perspectiva de género en la educación ha sido uno de interesantes controversias en la discusión pública en el País. La muestra más contundente fue la que se generó alrededor de la Carta Circular Núm. 3 de 2008-2009 del Departamento de Educación, también conocida como Política de Equidad.En medio de la campaña eleccionaria del 2008, se escenificó un debate mediático en el que los grupos fundamentalistas religiosos se opusieron vehementemente a esta política e interpelaron al entonces candidato por el Partido Nuevo Progresista, Luis Fortuño, para que se pronunciara en su contra.  En esa Carta se instaba a la integración de la perspectiva de género en el currículo escolar y en los procesos educativos y administrativos.Vale recordar que el sistema educativo también tiene el adjetivo de ¨no sectario¨ de acuerdo con la Constitución de Puerto Rico.  Aún así, en declaraciones públicas, el entonces candidato a la gobernación indicó que dejaría sin efecto la mencionada Carta tan pronto se convirtiera en gobernador. Los grupos fundamentalistas alegaban que la Carta Circular Núm. 3 atentaba contra la familia tradicional y que pretendía enseñar homosexualismo en las escuelas públicas. En aquellos momentos, el resultado, no sólo para los grupos de mujeres y de las comunidades LGBTQI, fue desalentador, pues ya para el 14 de enero del siguiente año una de las primeras acciones del nuevo Secretario de Educación fue dejar sin efecto la Carta Circular. Es preciso señalar que la actual administración gubernamental se comprometió en su programa de gobierno a trabajar con el tema de equidad de género en la educación tan pronto asumiera las riendas de éste.

En este artículo se esbozan algunas políticas educativas relacionadas con mujeres y género en Puerto Rico tomando como punto de partida los esfuerzos de reforma educativa que se escenificaron en el País a partir de mediados de la década del 80 del pasado siglo.

Las políticas educativas en cuanto a mujeres y educación en Puerto Rico se inscriben en reclamos internacionales de las mujeres pero asumen su carácter particular en la Isla. Vale apuntar que no siempre las políticas desembocan en legislación. De hecho, a veces es innecesario y hasta contraproducente que así sea.  En el caso de Puerto Rico aplica la legislación del Congreso de Estados Unidos, conocida como el Título IX de las enmiendas a la Ley de Educación Federal, aprobada a inicios de la década del 70, esto es, unos ocho años después de la aprobación de la ley original, que explícitamente prohíbe el discrimen por sexo en las instituciones educativas que reciben fondos federales. Esta es la misma ley que en su revisión de 2001 fue denominada como No Child Left Behind. Es menester mencionar que en ese proceso de cambio se incluyen en la nueva legislación aspectos que han estado en controversia, entre otras cosas, por contravenir el Título IX del ‘r72 al dar espacio para las escuelas y salones de clases de un mismo sexo. Esta ley necesariamente sirve de talón de fondo para los trabajos realizados por Picó y otras en Puerto Rico por medio de la Comisión para el Mejoramiento de los Derechos de la Mujer (1977).  A pesar de que estos trabajos no se convirtieron en política educativa, dieron pie y concretizaron aspiraciones epocales que tendrían su resonancia en la década del 80. 

 

Reforma educativa en la década del 80 y Ley Orgánica de 1990

A mediados de los 80 se inicia un proceso abarcador de reforma educativa que desemboca en la aprobación de la Ley Orgánica del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley 68 de 1990). El proceso educativo abarcó pilares curriculares entre los que se encontraba el desarrollo del pensamiento y el desarrollo de valores, principalmente los de solidaridad y dignidad. Este inmenso esfuerzo, liderado por el doctor Ángel Villarini Jusino, produjo un sinnúmero de encuentros académicos/educativos que todavía se escenifican en el País y que se han ampliado a la cuenca del Caribe. Esto significó oportunidades, permisos de diálogo, diálogos sobre epistemología, ética y educación principalmente. 

Una tendencia en ese proceso fue tratar de vincular a las mujeres con los aspectos axiológicos de la ética lo que, desde mi perspectiva, resulta problemático. A fin de cuentas, una lectura podría llevar a la siguiente cadena semántica: ética - axiología - valores - emociones - mujeres. Esto es, la ética en este contexto, significaría axioloía o valores, lo que significaría emociones, lo que significaría mujeres. Así, se estaría equiparando a las mujeres con la emoción. Al fin y al cabo, quedamos en el mismo plano que los discursos sobre los cuales hacíamos una ferviente crítica desde el feminismo de la igualdad al estereotipar a las mujeres por su vínculo con las emociones. Más aún, resultó sumamente problemática la forma en que se recogió esa discusión en el estatuto finalmente aprobado (Ley 68 de 1990) cuando en su Declaración de Política Pública señala: 

Se proveerá una educación que libere al estudiante de todo tipo de prejuicios, ya sea por raza, sexo, religión, política o condición social. En la implantación de esta política se dará especial atención a la estereotipación sexista. En la educación a que aspiramos, desde la perspectiva de equidad entre los sexos, se proveerá a todo estudiante la orientación necesaria para que conozca, entienda y se familiarice con el desarrollo de su cuerpo de modo que pueda asumir responsablemente su sexualidad.

Es importante destacar que este segmento de la Declaración no la sacó el cuerpo legislativo de la nada. La ponencia presentada ante una de las primeras Comisiones de Reforma Educativa por parte de la Comisión para los Asuntos de la Mujer (1987) enfatizaba la díada sexualidad/responsabilidad. El problema con lo anterior es que los movimientos feministas han profundizado, desde sus orígenes, en la díada sexualidad/libertad. Esto, como un asunto fundamental y como reconocimiento de la agencia moral de las mujeres. Empero, los movimientos van en zig-zag y, últimamente, también hacemos zapping para mantenernos con las tecnologías emergentes. 

En cuanto a la década del 90 y la política educativa en torno a género, esto constituye una historia aparte, aunque ha seguido resonando a finales de la primera década del siglo XXI y, como indiqué en el inicio, también en esta nueva etapa. A finales de la década (1999) se deroga la Ley Orgánica Núm. 68 de 1990 y se sustituye por un nuevo estatuto, la Ley 149 de 1999.  Su resonancia en la actualidad radica en el hecho de que toda referencia a género, mujeres u otra forma de vivir la sexualidad, se aprobó en uno de los períodos de adormecimiento casi total del País, julio de 1999, el segundo mes del año con más días feriados. El debate público fue inexistente. 

 

Carta Circular Núm. 3 de julio de 2008 del Departamento de Educación 

La Carta Circular Núm. 3 de 2008 emitida por el Secretario de Educación fue producto del trabajo conjunto entre el Ejecutivo, representado por la Procuradora de las Mujeres, y grupos afiliados a las universidades.  El propósito era claro: establecer una política de envergadura que tuviera agarre en el sistema educativo público. Por más de tres años, la entonces Procuradora de las Mujeres,  la licenciada María Dolores Fernós, instó a las universidades que habían estado trabajando principalmente en las vertientes de transformación curricular y de estudios de las mujeres y del género, a colaborar en la integración de la perspectiva de género en el escenario escolar.  Una primera mirada a la convocatoria nos remitió a la urgencia de integrar dos de las vertientes hacia una consecución, en otro plano, de la vertiente de transformación curricular. Quienes estuvieron presentes en la primera reunión se refieren al Comité 02 como comité de punto de partida para establecer los cimientos o principios de una declaración de política educativa por parte del Departamento de Educación. Ese grupo, y las que nos integramos posteriormente, tuvo clara la necesidad de establecer principios y definiciones, salpicadas, por supuesto, por la experiencia y el desarrollo del debate habido en los estudios de las mujeres, los géneros, las identidades gay, lésbicas, bisexuales, transgénero, las masculinidades no hegemónicas y los estudios queer. 

Esa síntesis, supuso enfocar en la perspectiva de género como denominador común. Luego de reuniones esporádicas a lo largo de dos años, el grupo que, inicialmente tuvo representación de la Procuraduría de las Mujeres, de la Maestría en Estudios de las Mujeres y el Género de la Universidad Interamericana, del Proyecto de Estudios de las Mujeres y los Géneros de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, del Proyecto de Estudios de las Mujeres y los Géneros de la Universidad de Puerto Rico, en Cayey y de personas adscritas al Departamento de Estudios Graduados en Educación de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, acordó la política que sería parte de la Carta Circular. Por supuesto, del documento original al documento final hay ausencias y presencias. Sin embargo, se mantuvo el concepto de perspectiva de género, lo que ha sido parte del debate fundamentalista religioso. 

La Carta Circular Núm. 3 de 2008 tiene su origen en la Ley 108 de 2006 que enmendó la Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico de 1999 (Ley 149) y le añadió nuevas funciones al Secretario: 

 

Establecerá en coordinación con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres un currículo de enseñanza dirigido a promover la equidad por género y la prevención de la violencia doméstica. Además, tendrá la obligación de implantar este currículo a través de los ofrecimientos académicos regulares, o integrándolo a los programas académicos y otras modalidades educativas. (Artículo 6.03)

 

Esta Carta Circular, que el doctor Carlos Chardón, como Secretario de Educación puso en suspenso en enero de 2009 (Mercado Sierra, 2011), establecía que: 

 

El Departamento de Educación de Puerto Rico, ejerciendo su responsabilidad social de promover los derechos humanos, sostiene como principio fundamental la búsqueda de equidad entre los géneros... la [Carta Circular] es un esfuerzo dirigido a afianzar e institucionalizar la perspectiva de género en todas las disciplinas académicas, niveles, iniciativas y proyectos… El Departamento de Educación de Puerto Rico entiende por género el conjunto de los roles, las relaciones, las características de la persona, las actitudes, los comportamientos, los valores y el poder relativo socialmente construido que la sociedad asigna de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres... entiende como perspectiva de género el instrumento conceptual que ayuda a comprender que las diferencias entre los géneros no se deben exclusivamente a una determinación sexual o biológica, sino a la construcción social de identidades humanas. 

 

Unido a esta circular se estaba configurando un Plan Estratégico a tres años en el cual colaboró personal del Departamento, de la Procuradora interina, Marta Mercado Sierra, y de las universidades del País. Se proponía que se iniciara con talleres dirigidos a personal directivo del Departamento de Educación y desembocara en la formulación de una Orden Ejecutiva sometida por el Gobernador y en una legislación al respecto presentada como proyecto de administración. Con la suspensión de la Carta Circular, todo lo demás quedó en suspenso. 

Pero, ¿qué fue lo que creó y todavía sigue creando controversia? Un análisis somero de lo que se inició en el Departamento de Educación, cuyo contenido extendería mucho los límites de esta síntesis, pone en evidencia su pertinencia y potencial transformador.

 

¿Qué es lo próximo?

Ciertamente la nueva administración gubernamental tiene una gran oportunidad de dar continuidad a lo que es un reclamo de la humanidad y que se inscribe en los Derechos Humanos. Sin embargo, la sombra de los fundamentalismos sigue acechando. A través de amenazas quieren dejar oir  “sus verdades”, lo que impide dar cabida a la diversidad, a la equidad y a una nueva cultura política. Desde mi perspectiva, esa defensa de la integración de la equidad y la perspectiva de género debe entenderse como una en la que se dé cabida a familias de diverso tipo, en la que se propicie la participación ciudadana, en la que se trastoquen y amplíen los significados de la democracia. En el Manifiesto por una cultura educativa inclusiva (2009) que escribieron estudiantes y profesoras de la Universidad de Puerto Rico en Cayey se insiste en defender la “promesa emancipadora de la pluralidad y heterogeneidad como base para nuevas formas de conversación, solidaridad y cultura pública¨. Esto supone una superación de la cultura homofóbica, un vínculo con otras políticas educativas y una necesidad de teorizar con mayor seriedad el vínculo entre educación y violencia. Se trata de asegurarnos comprender en todas sus dimensiones lo que implica la educación como actividad humana que nos tiene que llevar constante y continuamente a revisar los dogmas y dar cabida a nuevas formas de vernos, vivirnos y pensarnos. Todos y todas sabemos que estamos en un escenario histórico que supone rupturas. Desde una postura emancipadora apostamos hacia rupturas que supongan un salto cualitativo hacia la democracia que tome como punto de partida la diversidad. 

 

La autora es Catedrática Profesora en el Departamento de Estudios Graduados en la Facultad de Educación, en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

 

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