Opinión / Editorial

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Un crimen sin autor

Publicado: miércoles, 26 de septiembre de 2018

Cuando se comete un delito se supone que siempre exista alguna víctima y al menos un autor, pero el caso de la enorme deuda pública acumulada en Puerto Rico tal parece que siempre conoceremos a sus víctimas, pero nunca se podrá saber quiénes fueron los perpetradores. Por siempre será un crimen sin autor porque, precisamente, buscando encubrir a los autores, quienes tienen la responsabilidad de investigar optaron por encubrir. 

Sobre la existencia del delito, no puede haber duda. La acumulación a largo del tiempo, pero particularmente durante la última década, de un volumen de deuda pública que desde hace años se sabe que no se puede pagar, es a todas luces un acto criminal. Las víctimas de esa actividad delictiva se reparten por todo el pueblo que sufre los rigores de una brutal austeridad pública impuesta por los que han querido enfrentar el problema cargando contra los servicios básicos que todo gobierno debiera ofrecer. Los empleados públicos despedidos, los pensionados, los receptores de la educación pública recortada y los que se han visto obligados en enfilar hacia el exilio para sobrevivir, sobresalen como los principales victimados. Conocemos, por tanto, a los perjudicados, pero no a los autores. 

En Puerto Rico los delitos se cometen por intención o por negligencia criminal y cuando se identifica una acción delictiva que ha producido víctimas se supone que se conduzca una investigación que intente llegar hasta el victimario. No siempre se llega, lo sabemos, pero al menos debiera existir la voluntad de investigar. En el caso de la deuda pública nadie ha investigado y tal parece que nadie investigará. 

Bajo la administración de gobierno anterior hubo alguna voluntad de investigar y la Legislatura aprobó la designación de una comisión ciudadana a cargo de la tarea. Los recursos asignados no eran muchos, pero al menos daban para comenzar. Tan pronto cambió el gobierno en enero de 2017, Ricardo Rosselló, quien hizo campaña diciendo que la deuda se pagaría completa, procedió a destituir los miembros de la comisión y posteriormente derogó por completo la ley que ordenaba la investigación. Aquella fue la primera acción dirigida a que el crimen se quedara sin autor. 

Cuando se le dio la estocada a la comisión ciudadana, se dijo que la Junta de Control Fiscal investigaría. El organismo había sido impuesto por el Congreso para que, como tarea principal, decretara la austeridad necesaria que permitiera el pago de la deuda, pero para tranquilizar las muchas voces que exigían que se auditara la deuda, se anunció que la Junta también investigaría. Cuando en el proceso judicial sobre la quiebra el comité de acreedores no asegurados exigió que se le reconociera el derecho a investigar, la jueza a cargo del caso – que desde Nueva York manda y ordena – dispuso que eso sería tarea exclusiva de la JCF. 

Hace algunas semanas se produjo la tan esperada “investigación” que la Junta le asignó a una firma llamada Kobre & Kim. En esta y anteriores ediciones de CLARIDAD se ha comentado el informe por el que el pueblo de Puerto Rico pagó. Lo que más ha sorprendido a los entrevistados este semanario es la enorme chapucería que representa el documento producido. Como sucede de ordinario con estas investigaciones chapuceras, para justificar la facturación se acumulan 600 páginas, mayormente de apéndices. A lo largo de ellas, salvo en un solo (y muy interesante) caso, no se señalan responsables ni se identifican las verdaderas causas del problema. 

La base de la “investigación” son alrededor de cien entrevistas a personas supuestamente conocedoras que hablaron de forma “voluntaria”, sin juramentación y, en muchos casos, tras acuerdos de confidencialidad. Esos que buscaron protección pudieran tener alguna información importante, pero los investigadores de inmediato les dieron amparo. Además de las entrevistas, la supuesta investigación no auditó ninguna de las múltiples transacciones ejecutadas a lo largo de décadas ni identificó a los que se beneficiaron con cada una de ellas. 

En las 600 páginas no hay un solo funcionario público identificado, tal vez porque en la propia JCF se sientan dos de los anteriores presidentes del Banco Gubernamental de Fomento, entidad responsable de hacer las emisiones de deuda. Tampoco se señala a las instituciones financieras, casi todas ubicadas en la poderosa Wall Street, que sabían de los problemas con la deuda, pero de todas modas formas participaron en las emisiones buscando lucrarse. Curiosamente, la única entidad identificada y señalada es la puertorriqueña Popular Securities que en la última emisión de deuda pública, la ocurrida en 2014, primero advirtió que no debería emitirse y luego se lucró emitiéndola. Como esta hay otras que el informe esconde y protege. 

Lo que Puerto Rico tiene ante sí es una gran conspiración dirigida a proteger a los culpables de un crimen que ha producido y seguirá produciendo mucho sufrimiento. En este esfuerzo coordinado por encubrir participó en primera instancia el gobierno de Puerto Rico, que liquidó la comisión ciudadana nombrada para auditar la deuda pública. Luego tomó la batuta la Junta de Control Fiscal buscando proteger a las empresas de Wall Street y a dos de sus miembros. Como parte del coro ha estado el tribunal a cargo de administrar la quiebra, que en todo momento ha amparado los esfuerzos encubridores de la JCF.

 

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