Opinión / Editorial

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El vampiro de Moca

Publicado: martes, 10 de abril de 2018

Luego del informe de investigación que la Oficina de Administración del Tribunales (OAT) hizo público sobre la conducta del todavía juez superior Rafael Ramos Sáenz, y las reacciones del gobernador Ricardo Rosselló enfatizando que sólo el juez quedó señalado, puede concluirse que sólo el investigado por la OAT terminará respondiendo por el esquema de corrupción pública que quedó manifiesta al divulgarse el contenido del llamado “chat de Moca”. Todo indica que ninguno de los otros integrantes del chat, que suman más de cincuenta, enfrentará la justicia ni responderá por su conducta antiética. Casi todos están cómodamente ubicados en jugosos puestos de confianza del mandatario y no existe voluntad alguna para procesarlos.

Según el informe de 72 páginas elaborado por la división legal de la OAT, producto de una investigación muy rigurosa a juzgar por su contenido, lo que ha venido a conocerse como el “chat de Moca” fue un intercambio continuo de mensajes de textos entre un grupo grande de personas encargadas de elaborar el programa electoral del actual Gobernador. Ubicados en distintos lugares del país, mayormente en el área metropolitana de San Juan, los integrantes comentan entre sí sus acciones, se congratulan y anuncian futuras actividades. De allí surge un claro intento para afectar el resultado de las elecciones, manipulando a las personas que votarían desde sus hogares por razones de salud. 

En la última elección general el número de personas “encamadas” creció desproporcionalmente a insistencias, precisamente, del Partido Nuevo Progresista y ahora sabemos que, al menos en el municipio de Moca, al momento de estas personas votar a su lado había seis o siete militantes del PNP en calidad de “observadores”. Los demás partidos políticos se habían opuesto a esa presencia de extraños a la votación, pero una orden del juez Ramos zanjó la controversia a favor del PNP. Ahora sabemos que esa decisión del magistrado fue previamente discutida y acordada con el liderato del partido y que el mismo adjudicador era un activo participante en la campaña partidaria. 

La conducta antiética y probablemente criminal del juez Ramos está abundantemente documentada en la prueba que reseña el informe, por lo que resultaría inaudito que el Departamento de Justicia y posteriormente el Tribunal Supremo, le busquen alguna salida airosa. Pero esa misma claridad facilita que el magistrado termine siendo el único procesado, convirtiéndose en una suerte de chivo expiatorio que certifique la impunidad del resto de los conspiradores. Por eso Rosselló se apresuró a destacar la situación del juez que fue singularizado en el informe de la OAT porque ése era el objetivo del estudio. 

A fin de cuentas todo podría quedarse en una sanción contra Ramos por conducta antiética, destituyéndolo como juez y por algún tiempo también como abogado, mientras el resto de los complotados sigue gozando del inflado salario que se “ganaron” con su trabajo electoral para el PNP. 

La investigación que realiza el Departamento de Justicia, solicitada por Rosselló con gran fanfarria, hasta ahora sólo ha servido para que los altos funcionarios implicados la utilicen como escudo para evitar tener que comparecer ante otros foros menos amistosos, como el Senado y la CEE. Aunque todavía no se conoce lo que producirá esa investigación, se espera que concluya que del chat no surge delito. Al final de todo, sólo Ramos pagará. 

El informe de la OAT se centró en el juez Ramos porque ése era el único objetivo de la investigación ya que la entidad no tiene jurisdicción para actuar contra los otros implicados. Pero, al investigar al magistrado, del informe surge con mucha nitidez una conspiración para pervertir el resultado de unas elecciones, algo muy grave en un sistema que se considera “democrático”. 

Esa conspiración no se detuvo la noche de las elecciones, todo lo contrario, se intensificó. Luego de que el grupo de conspiradores se ubicó en el poder procedieron a ascender al juez, de Municipal a Superior (“te lo ganaste, Rafa”, proclaman en el chat; “gracias a todos ustedes”, respondió) y dos meses después lo colocaron al frente de la misma Comisión Estatal de Elecciones, para que desde allí repitiera a nivel isla lo que antes hizo en el municipio de Moca.

Ésa fue la consumación del golpe porque todos ellos, incluyendo a Rosselló, sabían que estaban poniendo al frente de la CEE a un militante del corazón del rollo dispuesto a ir por encima de la ética para ayudar a su partido. Precisamente por eso lo nombraron. Mientras todo eso ocurría y ocurre, el Gobierno proclama que “los valores cuentan” y le otorga un contrato por $17 millones a una firma estadounidense para que les enseñe ética a los estudiantes. 

Moca adquirió fama en la pasada década del ’70 tras una campaña sensacionalista de El Vocero que ponía a unos falsos vampiros rondando en el pueblo. Parece que estamos ante una nueva camada de aquellos peligrosos sujetos. Uno pasó a dirigir la CEE y los otros rondan por Fortaleza. 

 

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