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Pejes blancos, azules, gordos

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Por Rafah Acevedo

Publicado: jueves, 2 de noviembre de 2017

 

 

Sé que hay gente que defiende contratos onerosos porque le toca algún peso. Eso son los que suenan con una arrogancia tan caricaturesca que uno sospecha que se piensan impunes porque se mueven como rémoras entre los tiburones del poder.  Eso, a pesar de que en Puerto Rico todos los “poderosos” no son otra cosa que achichincles, subalternos de la metrópoli. 

 

También sé, y eso es más vergonzoso, que hay gente que los defiende por razones más íntimas. Se sienten seguros creyendo que su "partido" o su "ideología", o "los americanos" (eso es ideología) son buenos y los van a ayudar. Lo triste es que, si es indigno asumir el desastre como empresa y robar fondos de emergencia, defender esos esquemas porque uno ama la bandera de las franjas y las estrellas no responde ni a la más mínima mala fe, sino a la idiotez.

 

Entonces, qué ha pasado en ese último mes. Aparentemente, un grupete de funcionarios que parecen sacados del más reciente anuncio de Bacardí elabora esquemas de contratos onerosos en situaciones de emergencia. Mienten como chamacos que quieren robarse el carro de los papás para dar una vuelta por el Condado.  Hacen política pública por twitter. Tienen claro que los contratados subcontratarán de modo que el por ciento sea suficiente para un yate.  Una suerte de diezmo.

 

El posible delito de algunos muchachos no es la subcontratación. Eso es algo que se hace cuando su compañía no tiene suficientes recursos (humanos o tecnológicos) para cumplir una tarea o producir aquello para lo que se contrata. No. No. Lo que pasa es que usted no es un funcionario público. Los delitos se cometen cuando ocurren [una, varias o todas estas] cosas: fraude, soborno, peculado, venta de influencias o conflictos de intereses. Cuando funcionarios contratan servicios privados, podrían cometer esos delitos. No digo que siempre ocurra, pero algunos negocios huelen a peje blanco, a cobra arrastrándose, y así sucesivamente. Sin embargo, cuando se trata de una situación en la que un país está sufriendo y hay gente muriendo hay un delito moral y una asquerosa deshumanización a la vista que es vergonzoso defender. Por supuesto, esos crímenes habría que probarlos en corte. Y la sospecha no es una prueba.

 

¿Por qué sospechamos que hay delito? Un ejemplo. Hace poco más de una semana, Peter Friedman, del bufete O’Melveny & Myers, defendió el contrato de Whitefish en una audiencia de los casos de Título III. Aseguró que cumplía con los reglamentos de FEMA. Los portavoces de la agencia federal para el manejo de emergencias negaron que el contrato hubiera sido revisado antes de su firma. Además, al hacerlo, después de la presión de los periódicos nacionales e internacionales, concluyeron que había serios problemas en el mismo. No cumplía con los reglamentos. 

 

Friedman, par de días después, le escribió a la jueza Laura Taylor Swain para retractarse de lo que dijo en corte, es decir, de la defensa del contrato. Es que él tampoco sabía. Aunque suponemos que leyó el contrato para defenderlo, él no sabía. La misiva termina alegando que ο?τος μ?ν ο?ετα? τι ε?δ?ναι ο?κ ε?δ?ς, ?γ? δ?, ?σπερ ο?ν ο?κ ο?δα, ο?δ? ο?μαι. O sea, que todo estaba en griego, y que "este hombre", el representante de la empresa, "por una parte, cree que sabe algo, pero que realmente no sabe nada". Además que, "yo",es decir, Friedman, "que igualmente no sé nada, tampoco creo saber algo". Sócrates tiembla en su tumba. Cantinflas ríe en la suya.

 

Cuando uno creía que la comedia de errores se disiparía, el Secretado de Estado (del Territorio), Luis Rivera Marín, escribe un documento en el que se certifica que Whitefish puede hacer negocios en Puerto Rico, dos días después que el contrato de 300 millones fuera “cancelado” por el gobernador de Puerto Rico. 

Me parece que debemos hacer énfasis en que este tipo de esquema ocurre en medio de una crisis humanitaria. Probablemente ninguno de los funcionarios gubernamentales lo ha vivido en carne propia.

 

Sin embargo, hasta la ONU ha publicado comunicados de prensa destacando la gravedad del asunto. Y no escapa a ese análisis el dato de que la crisis es anterior a María. Así lo expresó el experto independiente sobre deuda y derechos humanos de la ONU, Juan Pablo Bohoslavsky: “Incluso antes del impacto del Huracán María, la situación de derechos humanos estaba siendo gravemente afectada por la crisis financiera y económica y las consiguientes medidas de austeridad, con impactos negativos en los derechos a la salud, alimentación, educación, vivienda y seguridad social”. Desde enero de 2017, Bohoslavsky ha solicitad permiso para viajar a Puerto Rico con una comisión investigadora. No creemos que lo reciba ahora, después del desastre.

 

Por otro lado,la Relatora Especial sobre el derecho a la vivienda, Leilani Farha, indicó que “No podemos dejar de notar la urgencia y prioridad diferente que se ha dado a los servicios de emergencia para Puerto Rico, en comparación con la respuesta en estados de los Estados Unidos que han sufrido el impacto de huracanes en los meses recientes”.

 

“Después de un desastre natural, con más de 90 mil viviendas completamente destruidas, las personas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Todos los niveles del gobierno están obligados a actuar para protegerlas, y para asegurar que sus vidas pueden volver a una cierta normalidad rápidamente. Las personas necesitan vivienda segura y adecuada – en el corto y largo plazo- con electricidad, agua potable y saneamiento”, subrayó la Relatora.

 

La Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, agregó: “El Huracán María arrasó la mayor parte de los sembrados. Bananas y café (productos principales de exportación) fueron los más afectados. La población se enfrenta a escasez de alimentos y también a consecuencias a largo plazo debido a la destrucción de toda la infraestructura agrícola”.

 

¿Qué implican estas aseveraciones de relatores de la ONU? Que, entre otras cosas, hay que tener ojo avizor con la presencia de funcionarios gubernamentales en asuntos de “reconstrucción” del país que metan las manos en lo relacionado a alimentación y vivienda. Con respecto a lo relacionado a la energía, específicamente la gasolina y el diésel ¿no es cierto que hay un ex funcionario enriqueciéndose con la crisis y con las ventajas de sus influencias en los círculos de poder? ¿No es terrible que en esta situación, precisamente por su gravedad, haya una clase política que parece más ocupada en ir al casino del capitalismo del desastre que en ejercer funciones que permitan la recuperación? Parecen pejes gordos, pejes azules, rémoras de algún onírico Peje Blanco.

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